En línea con la controversia que generó su imposición, el decreto de necesidad y urgencia que instaura un mecanismo para recuperar los bienes obtenidos a través de la corrupción u otros delitos como el narcotráfico ha sido rechazado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en un trámite que anticipa la posibilidad de que sufra el mismo destino cuando sea tratado por las dos cámaras del Congreso. Más allá del cúmulo de especulaciones políticas que rodean todo el procedimiento, inseparable del período preelectoral en curso, cabe insistir tanto en la conveniencia de una norma de las características de la propuesta como en la necesidad de que sea establecida por ley.
Formalmente, el principal argumento esgrimido por las diferentes expresiones opositoras representadas en la Comisión fue el mismo por el cual rechazaron otros dos decretos, sobre las frecuencias de comunicaciones y la transformación en agencia de la Secretaría de Deportes: se trata de cuestiones que deben pasar por el Congreso. En el caso de la extinción de dominio, además, el trámite legislativo está en plena vigencia, ya que un proyecto de ese tipo fue aprobado en Diputados, modificado por el Senado y el primer cuerpo debe decidir si acepta los cambios o insiste con la versión original.
Desde luego, este paso no es una mera formalidad, porque de él depende si la ley habrá de ser o no retroactiva. Es decir, si se acepta la versión del Senado, que es la que abrazó el kirchnerismo en esa cámara, pero en realidad nació de la inspiración de otras versiones del peronismo, el nuevo instrumento dejaría intactos los bienes adquiridos por lo robado durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, que son el objetivo central de la iniciativa oficial. Pero la posibilidad de no obtener una norma como la que quiere no puede por sí misma autorizar al Gobierno a buscar atajos por una vía que no es la apropiada, legal y constitucionalmente, para imponer sus deseos.
Aun cuando seguramente en el oficialismo muchos comprenden esta limitación, las ventajas que representa para ellos avanzar con el decreto son perceptibles aun en el caso, sumamente probable, de que termine por ser derrotado. La posición adoptada por la Bicameral, más aun si como se prevé es ratificada en ambas cámaras, le brinda la oportunidad a Cambiemos de acusar al peronismo en su conjunto de cerrar filas para proteger el botín obtenido durante sus gobiernos, un argumento poderoso en medio de una campaña electoral en la que está especialmente interesado en discutir cuestiones no relacionadas con la economía.
En ese marco, la parte de la oposición que no quiere hacerse merecedora de esa acusación no debería limitarse al rechazo del DNU, aun cuando desde el punto de vista institucional sea lo correcto, sino que debería hacer lo necesario para que la extinción de dominio sea impuesta por ley. Pero no, por supuesto, en la versión lavada del Senado, a riesgo de dar entidad al argumento de sus rivales. Aunque parezca una utopía, cabe instar a los representantes del pueblo, que al menos a partir de la media sanción de Diputados demostraron que creían en la necesidad de un mecanismo para recuperar el botín de la corrupción, a que incluso dentro del oportunismo propio de una campaña electoral sean capaces de alumbrar una ley justa y valiosa.
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Desde luego, este paso no es una mera formalidad, porque de él depende si la ley habrá de ser o no retroactiva. Es decir, si se acepta la versión del Senado, que es la que abrazó el kirchnerismo en esa cámara, pero en realidad nació de la inspiración de otras versiones del peronismo, el nuevo instrumento dejaría intactos los bienes adquiridos por lo robado durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, que son el objetivo central de la iniciativa oficial. Pero la posibilidad de no obtener una norma como la que quiere no puede por sí misma autorizar al Gobierno a buscar atajos por una vía que no es la apropiada, legal y constitucionalmente, para imponer sus deseos.
Aun cuando seguramente en el oficialismo muchos comprenden esta limitación, las ventajas que representa para ellos avanzar con el decreto son perceptibles aun en el caso, sumamente probable, de que termine por ser derrotado. La posición adoptada por la Bicameral, más aun si como se prevé es ratificada en ambas cámaras, le brinda la oportunidad a Cambiemos de acusar al peronismo en su conjunto de cerrar filas para proteger el botín obtenido durante sus gobiernos, un argumento poderoso en medio de una campaña electoral en la que está especialmente interesado en discutir cuestiones no relacionadas con la economía.
En ese marco, la parte de la oposición que no quiere hacerse merecedora de esa acusación no debería limitarse al rechazo del DNU, aun cuando desde el punto de vista institucional sea lo correcto, sino que debería hacer lo necesario para que la extinción de dominio sea impuesta por ley. Pero no, por supuesto, en la versión lavada del Senado, a riesgo de dar entidad al argumento de sus rivales. Aunque parezca una utopía, cabe instar a los representantes del pueblo, que al menos a partir de la media sanción de Diputados demostraron que creían en la necesidad de un mecanismo para recuperar el botín de la corrupción, a que incluso dentro del oportunismo propio de una campaña electoral sean capaces de alumbrar una ley justa y valiosa.