Las pensiones por invalidez, de nuevo en la mira
Si bien no faltan razones para promover cambios en el sistema de otorgamiento de pensiones por invalidez, particularmente cuando se observan ciertos casos en que las irregularidades saltan a la vista, es preciso que esta vez se actúe con una información más completa, una “cintura política” más afinada y, sobre todo, la dosis de sensibilidad que requiere cualquier intervención en un área tan delicada.
Casi dos años después de la baja masiva de pensiones por invalidez, que el Gobierno nacional se vio obligado a revertir debido al fuerte rechazo social que despertó la iniciativa y a los reveses judiciales que sufrió, ha vuelto a instalarse en agenda la intención de revisar un sistema que más allá de las modificaciones introducidas entonces continúa cuestionando por su uso extensivo y falta de transparencia. Si bien no faltan razones para promover cambios, particularmente cuando se observan ciertos casos en que las irregularidades saltan a la vista, es preciso que esta vez se actúe con una información más completa, una “cintura política” más afinada y, sobre todo, la dosis de sensibilidad que requiere cualquier intervención en un área tan delicada.
Desde luego, ninguna de esas condiciones fueron atendidas en 2017, cuando la decisión del Gobierno de dar de baja unas 71 mil pensiones por discapacidad alumbró un escándalo mayúsculo y dio lugar a la difusión de innumerables historias personales dramáticas acerca de personas y familias enteras sumidas en el desamparo de un momento para otro. El despropósito fue potenciado por la manera sorpresiva e inconsulta en que se aplicó la medida, de la cual los perjudicados tomaron conocimiento cuando fueron a cobrar y advirtieron que no se les había depositado el dinero.
Este cuadro hizo pasar a segundo plano algunos datos que, no obstante, podrían haber morigerado la impresión de indiferencia y arbitrariedad –hasta podría decirse de crueldad- generada por el Gobierno. Por ejemplo, el hecho de que las pensiones por invalidez se hubieran multiplica-do por siete durante el kirchnerismo, sin que hubieran cambia- do los requisitos legales para su otorgamiento ni, desde luego, se hubieran registrado en la Argentina una guerra o una epidemia capaces de dejar una legión de mutilados. La sospecha del uso clientelista del subsidio es obvia, además, porque mientras en las provincias del centro del país y en la Patagonia alcanza a menos del 2 por ciento de la población, en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero está en el orden de 7 u 8 por ciento, como si se tratara de países diferentes.
De todas formas, y más allá de la certeza de que muchos de los pensionados no son inválidos ni mucho menos, la polémica también puso en evidencia fallas del sistema que no están relacionadas con su malversación por parte de quienes lo manejaban. Por ejemplo, se ha advertido que tal como está diseñado las personas con discapacidad se ven desalentadas a obtener un empleo formal por temor a perder el subsidio, lo que termina por perjudicar sus posibilidades de integración social en lugar de facilitarla.
En este marco, cabe esperar que la decisión del Gobierno nacional de retomar el abordaje de la cuestión no reproduzca las torpezas de 2017: muy en especial, que si suprime algunas pensiones, actúe exclusivamente sobre aquellas obtenidas de manera probadamente fraudulenta, y nunca sin antes dar la oportunidad de defensa a los afectados. Pero además, cabría pensar en una reformulación integral del sistema que no sólo excluya la posibilidad de manipula- ciones generalizadas como las que tuvieron lugar hasta 2015, sino que asegure que los fondos que la sociedad destina a promover la equidad y la integración de las personas con discapacidad sean utilizados con los criterios de justicia y razonabilidad que hasta ahora tanto se extrañan.
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Desde luego, ninguna de esas condiciones fueron atendidas en 2017, cuando la decisión del Gobierno de dar de baja unas 71 mil pensiones por discapacidad alumbró un escándalo mayúsculo y dio lugar a la difusión de innumerables historias personales dramáticas acerca de personas y familias enteras sumidas en el desamparo de un momento para otro. El despropósito fue potenciado por la manera sorpresiva e inconsulta en que se aplicó la medida, de la cual los perjudicados tomaron conocimiento cuando fueron a cobrar y advirtieron que no se les había depositado el dinero.
Este cuadro hizo pasar a segundo plano algunos datos que, no obstante, podrían haber morigerado la impresión de indiferencia y arbitrariedad –hasta podría decirse de crueldad- generada por el Gobierno. Por ejemplo, el hecho de que las pensiones por invalidez se hubieran multiplica-do por siete durante el kirchnerismo, sin que hubieran cambia- do los requisitos legales para su otorgamiento ni, desde luego, se hubieran registrado en la Argentina una guerra o una epidemia capaces de dejar una legión de mutilados. La sospecha del uso clientelista del subsidio es obvia, además, porque mientras en las provincias del centro del país y en la Patagonia alcanza a menos del 2 por ciento de la población, en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero está en el orden de 7 u 8 por ciento, como si se tratara de países diferentes.
De todas formas, y más allá de la certeza de que muchos de los pensionados no son inválidos ni mucho menos, la polémica también puso en evidencia fallas del sistema que no están relacionadas con su malversación por parte de quienes lo manejaban. Por ejemplo, se ha advertido que tal como está diseñado las personas con discapacidad se ven desalentadas a obtener un empleo formal por temor a perder el subsidio, lo que termina por perjudicar sus posibilidades de integración social en lugar de facilitarla.
En este marco, cabe esperar que la decisión del Gobierno nacional de retomar el abordaje de la cuestión no reproduzca las torpezas de 2017: muy en especial, que si suprime algunas pensiones, actúe exclusivamente sobre aquellas obtenidas de manera probadamente fraudulenta, y nunca sin antes dar la oportunidad de defensa a los afectados. Pero además, cabría pensar en una reformulación integral del sistema que no sólo excluya la posibilidad de manipula- ciones generalizadas como las que tuvieron lugar hasta 2015, sino que asegure que los fondos que la sociedad destina a promover la equidad y la integración de las personas con discapacidad sean utilizados con los criterios de justicia y razonabilidad que hasta ahora tanto se extrañan.