Opinión | Editorial |

Tiempos inexplicablemente prolongados

La noticia de que el sacerdote Julio César Grassi irá a juicio por el desvío de donaciones a la Fundación Felices los Niños hacia la penitenciaría donde se alojaba, para obtener prebendas de sus carceleros, refleja que un escándalo que parecía olvidado podría finalmente no quedar impune. Sin embargo, la cronología del caso sigue dando cuenta, como con tanta frecuencia ocurre en la Argentina, de una morosidad que compromete el ejercicio de la función reparadora que corresponde a la Justicia.

Dos décadas después de que la imagen hasta entonces impoluta del sacerdote Julio César Grassi comenzara a revertirse por las denuncias de que había aprovechado su posición al frente de la Fundación Felices los Niños para cometer aberrantes actos de abuso sexual, su siempre mediática figura vuelve a exponerse ante la opinión pública con el anuncio de un nuevo juicio en su contra. Aunque la noticia refleja que un escándalo que parecía olvidado podría finalmente no quedar impune, la cronología del caso sigue dando cuenta, como con tanta frecuencia ocurre en la Argentina, de una morosidad que compromete el ejercicio de la función reparadora que corresponde a la Justicia.

Esa morosidad ha sido en relación con el caso Grassi particularmente excesiva, incluso para los generosos parámetros argentinos, si se considera que la primera denuncia data de 1991, la condena por abuso sexual se formalizó en 2009, y recién llevó a la cárcel al condenado en 2013. En el camino, el sacerdote cometió un fraude al utilizar fondos de la fundación para alquilar la quinta donde residía mientras estaba excarcelado, por lo cual recibió otros dos años de prisión.

El juicio que queda pendiente, y que acaba de confirmar la cámara en lo criminal con jurisdicción sobre el caso, concierne en cambio a un delito que Grassi está acusado de haber cometido ya mientras estaba preso. Según la denuncia de otros directivos de Felices los Niños, que en realidad fue reforzada por un programa periodístico que en su momento exhibió pruebas por demás contundentes por la pantalla televisiva, el sacerdote desvió donaciones dirigidas a la Fundación hacia la cárcel donde estaba alojado, con el propósito de obtener privilegios como una celda especialmente acondicionada, televisión, computadora y celular, entre otras comodidades.

Es preciso enfatizar que la emisión de ese programa, originalmente realizada en 2014, no exhibía sólo documentación o testimonios acusatorios de testigos, sino hasta filmaciones de camiones cargados de mercadería donada que ingresaban en la cárcel. Es decir, es muy difícil concebir un proceso penal en que el delito esté tan claramente probado desde el mismo momento de la denuncia, así como su autoría. Sin embargo, luego de frustrados anuncios de elevación a juicio en 2016 y 2017, parece que por fin podrá ingresar en su etapa decisiva cuatro años después de su muy publicitada puesta en marcha.

Acaso resulte gratuito, a esta altura, abundar en conceptos para caracterizar moralmente a un sujeto que luego de abusar de niños extremadamente vulnerables que estaban bajo su cuidado pasó a robarles lo que les pertenecía para obtener mezquinos beneficios personales. Pero es preciso insistir en remarcar las deficiencias, en primer término, de un sistema penitenciario que le permitió seguir lucrando inclusive desde puertas adentro. Y también en las de un sistema judicial que, incluso con todo a favor para actuar con celeridad y diligencia, se toma tanto tiempo en tratar de aplicarle la sanción que le corresponde.

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