Un discurso rutinario: mucha victimización, ninguna respuesta
Una vez más, la estrategia judicial de Cristina Kirchner de no contestar preguntas y referirse exclusivamente a los temas que elige abordar sigue dejando en evidencia la imposibilidad de brindar explicaciones sobre las imputaciones concretas que se le realizan y acerca de las cuales existen pruebas que no pueden ser producto de invenciones o supuestos “armados” propios de un guion de Hollywood.
De manera absolutamente previsible en vista de sus antecedentes en la materia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó la jornada en la que estaba citada a prestar ocho declaraciones indagatorias, en causas derivadas de la investigación conocida como “cuadernos de las coimas”, para descalificar a los funcionarios judiciales actuantes, presentarse como víctima de una persecución política y atribuir todos sus problemas con la Justicia al gobierno encabezado por Mauricio Macri. Una vez más, y aun cuando algunas de sus observaciones no aparezcan como del todo infundadas, la estrategia de referirse exclusivamente a los temas que elige abordar sigue dejando en evidencia la imposibilidad de brindar explicaciones sobre las imputaciones concretas que se le realizan y acerca de las cuales existen pruebas que no pueden ser producto de invenciones o supuestos “armados” propios de un guion de Hollywood.
En gran medida, se trata de un modus operandi al que los argentinos estuvieron ampliamente familiarizados a lo largo de su Presidencia, caracterizado por un manejo unilateral del discurso que le permitía eludir los cuestionamientos que no quería enfrentar. No responder preguntas era un modo de descalificar globalmente al periodismo, pero también evitar la incomodidad que surgiría, por dar un ejemplo cualquiera, si tuviera que responder si realmente creía que la pobreza llegó a ser del 4,5 por ciento durante su administración.
En este caso, las referencias a las sospechas sobre la conducta del fiscal Carlos Stornelli emanadas de una denuncia por extorsión, como al sufrimiento de la población por los aumentos de tarifas, pueden ser compartidas no sólo por quienes la siguen acríticamente sino por cualquier argentino comprometido con la realidad que se vive. Pero no pueden tomar el lugar de una aclaración sobre su comportamiento en referencia a las revelaciones de una causa que ya tiene mucho más que las “fotocopias de cuadernos” que la pusieron en marcha.
Las propiedades por setenta millones de dólares que el fallecido Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner durante años, compró en Estados Unidos son una operación de lavado de dinero gigantesco que no pueden haber armado Macri, Bonadio o Stornelli. No se advierte cómo podría la expresidenta convencer a alguien de que quien fue su estrecho colaborador durante décadas hizo algo semejante sin su conocimiento. Entonces no dice nada, o a lo sumo se limita a decir que nunca vio ningún “bolso” cargado de dinero.
Desde el punto de vista jurídico, no responder preguntas es un derecho que asiste a todo imputado, y aunque la renuencia a colaborar con la Justicia lo hará invariablemente parecer culpable ante los ojos de la sociedad, el juez tiene prohibido realizar una inferencia de ese tipo. Por lo tanto, la estrategia no tiene nada de reprochable legalmente, y de todas formas es muy probable que no disponga de otra más eficaz.
Desde el punto de vista político, en cambio, quien ocupó durante ocho años la posición más alta y honrosa a la que puede aspirar un ciudadano de este país no tiene derecho a negarles a los argentinos las explicaciones sobre cómo cumplió las obligaciones que asumió ante ellos, en particular sobre cómo administró los recursos que le confiaron. Aun cuando muchos no se las pidan y se conformen con el discurso negacionista unilateral que brinda ante la sociedad y la Justicia a falta de nada mejor.
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En gran medida, se trata de un modus operandi al que los argentinos estuvieron ampliamente familiarizados a lo largo de su Presidencia, caracterizado por un manejo unilateral del discurso que le permitía eludir los cuestionamientos que no quería enfrentar. No responder preguntas era un modo de descalificar globalmente al periodismo, pero también evitar la incomodidad que surgiría, por dar un ejemplo cualquiera, si tuviera que responder si realmente creía que la pobreza llegó a ser del 4,5 por ciento durante su administración.
En este caso, las referencias a las sospechas sobre la conducta del fiscal Carlos Stornelli emanadas de una denuncia por extorsión, como al sufrimiento de la población por los aumentos de tarifas, pueden ser compartidas no sólo por quienes la siguen acríticamente sino por cualquier argentino comprometido con la realidad que se vive. Pero no pueden tomar el lugar de una aclaración sobre su comportamiento en referencia a las revelaciones de una causa que ya tiene mucho más que las “fotocopias de cuadernos” que la pusieron en marcha.
Las propiedades por setenta millones de dólares que el fallecido Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner durante años, compró en Estados Unidos son una operación de lavado de dinero gigantesco que no pueden haber armado Macri, Bonadio o Stornelli. No se advierte cómo podría la expresidenta convencer a alguien de que quien fue su estrecho colaborador durante décadas hizo algo semejante sin su conocimiento. Entonces no dice nada, o a lo sumo se limita a decir que nunca vio ningún “bolso” cargado de dinero.
Desde el punto de vista jurídico, no responder preguntas es un derecho que asiste a todo imputado, y aunque la renuencia a colaborar con la Justicia lo hará invariablemente parecer culpable ante los ojos de la sociedad, el juez tiene prohibido realizar una inferencia de ese tipo. Por lo tanto, la estrategia no tiene nada de reprochable legalmente, y de todas formas es muy probable que no disponga de otra más eficaz.
Desde el punto de vista político, en cambio, quien ocupó durante ocho años la posición más alta y honrosa a la que puede aspirar un ciudadano de este país no tiene derecho a negarles a los argentinos las explicaciones sobre cómo cumplió las obligaciones que asumió ante ellos, en particular sobre cómo administró los recursos que le confiaron. Aun cuando muchos no se las pidan y se conformen con el discurso negacionista unilateral que brinda ante la sociedad y la Justicia a falta de nada mejor.