Denuncian a 366 padres por tomas de escuelas porteñas

La Ciudad de Buenos Aires confirmó que denunció penalmente a 366 padres de alumnos que tomaron escuelas en septiembre y que el monto del reclamo asciende a más de 50 millones de pesos, que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas.

"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero siempre entendiendo que hay otros derechos que deben respetarse y que todas las diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", expresó a ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

A fines de septiembre, alumnos de más de 15 colegios tomaron las instituciones educativas de la capital para exigir mejoras en la infraestructura escolar, así como en la calidad y cantidad de las viandas, y una readecuación de las pasantías obligatorias.

Desde que comenzaron a acrecentarse los reclamos y la mayoría de alumnado no pudo tener clases, las autoridades del Ministerio de Educación decidieron tomar medidas contra los padres de aquellos estudiantes que decidieran seguir con las tomas.

Por este motivo la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables y el monto equivale a $ 50.538.442,85.

En el momento más álgido del conflicto, Acuña responsabilizó al kirchnerismo por una "iniciativa político-partidaria que comenzó hace 100 días incitada por CTERA y legisladores del Frente de Todos, que entregaron manuales de cómo tomar escuelas".

"El Mariano Acosta, donde fue la primera toma por problemas de infraestructura, es un edificio centenario que tenía los baños vandalizados y fue refaccionado a nuevo durante la época de Esteban Bullrich. Vino la pandemia, los arreglamos otra vez y hoy están nuevamente destrozados por actos de vandalismo", graficó.

Doble moral

En otro orden, Acuña criticó ayer al Gobierno de Alberto Fernández por el recorte en el presupuesto educativo y acusó al Frente de Todos de tener una "doble moral".

"Es un tercio el que pretende restringir, pero además es la línea de política que ha tenido el Gobierno desde que asumió -dijo-. Recordemos que es el Gobierno que cerró durante dos años las escuelas, que se negó a abrir la discusión sobre las posibilidades de volver a la presencialidad cuando había evidencia absoluta de que se podía volver. Nos acusó a los que intentábamos devolver la escuela a los chicos que más la necesitaban".

En la misma línea, la funcionaria continuó: "Todas las áreas sociales son las más afectadas. La pregunta clave es la doble moral y los recortes, porque hay algunos que parecen insensibles, neoliberales, de derecha y otros que son justos".

"De parte de ellos, sólo volvieron a la presencialidad con motivos electorales y no hicieron una política efectiva para saber cuántos chicos se cayeron del sistema. Es la política que han tenido desde que asumieron", lanzó.

Para Acuña, el ajuste en las partidas presupuestarias "pone en riesgo a aquellas provincias que tienen los peores resultados de aprendizaje", y enfatizó en que "es el Estado el que debe garantizar que los niños tengan la misma oportunidad de aprender, eso es lo que está afectando hoy".