Tras casi dos años de investigación, el fiscal especial estadounidense Robert Mueller concluyó que ni el presidente Donald Trump ni sus colaboradores en la campaña electoral conspiraron con el gobierno de Rusia para influir sobre los resultados de los comicios presidenciales de 2016, informó ayer el secretario de Justicia, William Barr.
“La investigación del fiscal especial no encontró que la campaña de Trump ni ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraran o coordinaran con Rusia sus esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016”, afirmó Barr en una carta enviada a las comisiones de Justicia de las dos cámaras del Congreso norteamericano.
No obstante, Müller aclaró que “si bien este informe concluye que el Presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera”, subraya la carta de Barr.
De ese modo, el informe -que se aguardaba con gran expectativa- mantiene “sin resolver si las acciones y la intención del Presidente podrían verse como una obstrucción a la Justicia”, señaló Barr, aunque su propia opinión es que la evidencia reunida por Müller “no es suficiente para establecer” que Trump incurrió en ese delito.
Trump, exultante
Inmediatamente, Trump aseguró en su cuenta de Twitter que "no hubo obstrucción", para concluir que “América sigue siendo grande” (en mayúsculas).
Müller entregó su informe al Departamento de Justicia el viernes pasado, sin que nadie haya accedido antes a él ni a reseñas de su contenido, aseguró el vocero presidencial, Hogan Gidley.
Miembros del Congreso, incluso del Partido Republicano al que pertenece Trump, pidieron que el informe sea divulgado íntegramente.
Hay 34 imputados
En el contexto de la investigación de la supuesta conspiración entre el gobierno de Rusia y el equipo de campaña de Trump para perjudicar las posibilidades electorales de su adversaria demócrata, Hillary Clinton, hay imputadas 34 personas, incluidos seis exasesores del mandatario y 26 rusos que probablemente no serán juzgados porque no hay tratado de extradición entre Washington y Moscú.
Mueller, el exdirector del FBI con George W. Bush y Barack Obama que ha dirigido la investigación sobre el Rusiagate, fue ayer a misa con su mujer Anna, precisamente, la iglesia episcopaliana de San Juan, justo enfrente de la Casa Blanca.
Como siempre, Mueller no respondió preguntas, a pesar de que de su acción en estos últimos 22 meses pueden depender muchas cosas en el edificio que se alza al otro lado de la plaza de Lafayette.
Mueller ha procesado a 34 personas, de las que siete se han declarado culpables de mentir al Congreso y a los investigadores, y de cometer delitos económicos, aunque no de colaborar con Moscú.
De esas siete personas que han admitido su culpabilidad, cinco han sido asesores de Donald Trump, incluyendo su exjefe y vicejefe de campaña electoral, Paul Manafort y Robert Gates, y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Flynn. Aparte, hay 26 ciudadanos rusos y tres empresas de ese país imputados.
Lo que viene
Ahora, sin embargo, lo que se abre es una batalla legal con implicancias constitucionales. Porque el hecho de que Mueller no proponga acciones legales no quiere decir que la información que contiene su trabajo sea irrelevante para las investigaciones del Congreso contra Trump ni para la media docena de casos que el Presidente afronta en diversas instancias judiciales de por su actividad empresarial previa a llegar al poder, su presunta violación de la Constitución al mantener sus intereses en sus empresas, el uso de fondos con fines personales de su fundación, y la posible venta de favores por sus colaboradores en su toma de posesión del cargo.
Y ahí es donde se establece la línea de fractura, que no es tanto entre partidarios y opositores de Trump, sino entre el Legislativo -incluyendo a los correligionarios del Presidente- y el Ejecutivo. En el Congreso, todos -demócratas y republicanos- quieren que el informe les sea entregado en su totalidad y que también sea hecho público. Los primeros, para continuar su ofensiva contra Trump. Los segundos para, precisamente, eliminar toda sospecha de que hubo colaboración entre la campaña electoral del Presidente y el gobierno ruso en la campaña de 2016, o de que Trump trató de obstruir la investigación al echar al director del FBI, James Comey, en mayo de 2017.
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No obstante, Müller aclaró que “si bien este informe concluye que el Presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera”, subraya la carta de Barr.
De ese modo, el informe -que se aguardaba con gran expectativa- mantiene “sin resolver si las acciones y la intención del Presidente podrían verse como una obstrucción a la Justicia”, señaló Barr, aunque su propia opinión es que la evidencia reunida por Müller “no es suficiente para establecer” que Trump incurrió en ese delito.
Trump, exultante
Inmediatamente, Trump aseguró en su cuenta de Twitter que "no hubo obstrucción", para concluir que “América sigue siendo grande” (en mayúsculas).
Müller entregó su informe al Departamento de Justicia el viernes pasado, sin que nadie haya accedido antes a él ni a reseñas de su contenido, aseguró el vocero presidencial, Hogan Gidley.
Miembros del Congreso, incluso del Partido Republicano al que pertenece Trump, pidieron que el informe sea divulgado íntegramente.
Hay 34 imputados
En el contexto de la investigación de la supuesta conspiración entre el gobierno de Rusia y el equipo de campaña de Trump para perjudicar las posibilidades electorales de su adversaria demócrata, Hillary Clinton, hay imputadas 34 personas, incluidos seis exasesores del mandatario y 26 rusos que probablemente no serán juzgados porque no hay tratado de extradición entre Washington y Moscú.
Mueller, el exdirector del FBI con George W. Bush y Barack Obama que ha dirigido la investigación sobre el Rusiagate, fue ayer a misa con su mujer Anna, precisamente, la iglesia episcopaliana de San Juan, justo enfrente de la Casa Blanca.
Como siempre, Mueller no respondió preguntas, a pesar de que de su acción en estos últimos 22 meses pueden depender muchas cosas en el edificio que se alza al otro lado de la plaza de Lafayette.
Mueller ha procesado a 34 personas, de las que siete se han declarado culpables de mentir al Congreso y a los investigadores, y de cometer delitos económicos, aunque no de colaborar con Moscú.
De esas siete personas que han admitido su culpabilidad, cinco han sido asesores de Donald Trump, incluyendo su exjefe y vicejefe de campaña electoral, Paul Manafort y Robert Gates, y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Flynn. Aparte, hay 26 ciudadanos rusos y tres empresas de ese país imputados.
Lo que viene
Ahora, sin embargo, lo que se abre es una batalla legal con implicancias constitucionales. Porque el hecho de que Mueller no proponga acciones legales no quiere decir que la información que contiene su trabajo sea irrelevante para las investigaciones del Congreso contra Trump ni para la media docena de casos que el Presidente afronta en diversas instancias judiciales de por su actividad empresarial previa a llegar al poder, su presunta violación de la Constitución al mantener sus intereses en sus empresas, el uso de fondos con fines personales de su fundación, y la posible venta de favores por sus colaboradores en su toma de posesión del cargo.
Y ahí es donde se establece la línea de fractura, que no es tanto entre partidarios y opositores de Trump, sino entre el Legislativo -incluyendo a los correligionarios del Presidente- y el Ejecutivo. En el Congreso, todos -demócratas y republicanos- quieren que el informe les sea entregado en su totalidad y que también sea hecho público. Los primeros, para continuar su ofensiva contra Trump. Los segundos para, precisamente, eliminar toda sospecha de que hubo colaboración entre la campaña electoral del Presidente y el gobierno ruso en la campaña de 2016, o de que Trump trató de obstruir la investigación al echar al director del FBI, James Comey, en mayo de 2017.