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Cambios interesados en las reglas de juego electorales

Más allá de las interpretaciones encontradas sobre los resultados, no cabe duda de que la consulta popular celebrada en La Rioja ha abierto el año electoral de un modo controvertido política y judicialmente, que vuelve a poner de manifiesto deficiencias crónicas que en la Argentina degradan la vida institucional y la imagen de muchos de sus protagonistas centrales.

El nutrido calendario electoral del año en curso, que se verá coronado por la elección presidencial prevista para octubre o por la eventual segunda vuelta que tendría lugar el mes siguiente, ha arrancado con la controversial consulta popular convocada por el gobierno de La Rioja para permitirle al actual mandatario buscar una reelección que en principio le estaba vedada. Más allá de las interpretaciones encontradas sobre los resultados, no cabe duda de que este punto de partida tan controvertido política y judicialmente vuelve a poner de manifiesto deficiencias crónicas que en la Argentina degradan la vida institucional y la imagen de muchos de sus protagonistas centrales.

Más allá de los detalles acerca del proceso, que incluyó un curioso rechazo de la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse porque “el supuesto agravio todavía no se habría producido”, el fondo del conflicto resulta extremadamente familiar. Porque mientras en casi todos los distritos, en línea con las disposiciones nacionales en la materia, existen reaseguros legales y constitucionales para impedir la perpetuación en el poder, es asimismo un lugar común que desde los gobiernos pretendan burlarse esas disposiciones mediante manipulaciones facilitadas por estructuras judiciales adictas.

Se destaca hoy la particularidad irrisoria de que mientras los sectores políticos que resisten la iniciativa del gobernador Sergio Casas consideran la bajísima participación en la consulta popular como una señal de que el pueblo riojano está en contra de las pretensiones reeleccionistas, desde el oficialismo se la interpreta como prueba de que el electorado no quiere impedir su postulación. Un argumento preparado de antemano, en línea con la decisión de formalizar la convocatoria para un tórrido domingo de enero, de modo de de-salentar del modo más pedestre y obvio la concurrencia a las urnas.

Ninguna lectura interesada, sin embargo, es capaz de desmentir la esencia de la situación. El hasta entonces vicegobernador Casas asumió la gobernación en 2015 con plena conciencia de que la Constitución le impedía explícitamente volver a integrar una fórmula en 2019 y ni la reforma que impulsó ni la consulta popular con que pretende avalarla responden a otra cosa que a un deseo de cambiar las reglas del juego en beneficio personal. Afirmar que esa pretensión ha sido sostenida por apenas el 25 por ciento de los riojanos el domingo o hacer hincapié en que sólo el 18 por ciento la ha rechazado explícitamente son lecturas que no alteran lo esencial.

Habrá que ver si ahora la Corte Suprema sí se aviene a corregir el agravio que se negó a tratar cuando era sólo hipotético. Sería una buena señal para la salud institucional del país que la manipulación de las normas electorales para perpetuarse en el poder, una inconducta sistemática con varios ejemplos en el pasado y que hoy mismo se planifica en otros distritos, encuentre algún freno que desincentive a quienes han logrado naturalizarla con total desvergüenza.



Fabián Ruocco - Especialista en Gestión Pública y Desarrollo Sostenible

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