Entre impugnaciones y apelaciones todavía no termina de definirse si Martín Llaryora puede ser o no el candidato de Schiaretti a la intendencia de la capital. A última hora del domingo, la Junta Municipal notificó que no reunía los requisitos de residencia que exige la Carta Orgánica y elevó hasta ese puesto de la lista a Daniel Passerini, que figuraba como candidato a vice.
Claro que aún restan las apelaciones que Hacemos por Córdoba elaboraba con premura para presentar ante la jueza electoral Marta Vidal. "Es una decisión administrativa y por lo tanto no es definitiva ni final", dijo el diputado nacional Juan Brügge, que es uno de los que redactaron los argumentos que hasta ahora defienden la tesis de la residencia mínima necesaria que el exintendente de San Francisco habría cumplido para aspirar al Palacio 6 de Julio.
"Ha desarrollado su actividad política como ministro de Industria y como vicegobernador en forma continua e ininterrumpida y lo demuestra con los contratos de alquiler de los departamentos que habitó desde entonces, uno en la Cañada y otro en Avenida Colón desde el año 2013", sostiene Brügge. El período que ejerció como diputados nacional -desde el 2017 hasta ahora- se considera que no interrumpe esa residencia.
Sin embargo, desde el Frente Cívico y desde la Unión Cívica Radical, que pidieron la impugnación, argumentan que entre agosto y diciembre de 2015 ese lapso se descontinuó porque Llaryora volvió a San Francisco para completar su período como intendente de esa ciudad. Pero Juan Manuel Cid, uno de los hombres más cercanos al candidato, refutó esa cuestión: "La Resolución 40 de la Junta Electoral Provincial que lo designa vicegobernador en 2015 es del 5 de agosto, antes de que volviera a San Francisco, y la Constitución provincial dice en el artículo 12 que el gobernador y el vice tienen domicilio en la capital".
El camino que queda por delante para Hacemos por Córdoba es esperar que en plazos perentorios la jueza electoral resuelva la apelación. Una vez superada esa instancia queda para cualquiera de las partes recurrir a la Cámara Contencioso-Administrativo y luego el Tribunal Superior de Justicia. La Corte Suprema sería un tramo inaccesible, según los juristas, porque ya sentó precedentes con otros casos al considerar que estas cuestiones deben resolverse en los ámbitos provinciales.
Cid, crítico
En declaraciones radiales a Cadena 3, Juan Manuel Cid fue muy crítico con la Junta Electoral cuando dijo que "tiró al tacho de la basura su carrera" y aseguró que hubo medidas ordenadas por el tribunal que resultaron "ultrajantes" para la familia de Llaryora.
"Han ido al colegio de los hijos de Martín, que tienen tan sólo 8 y 11 años, y hasta fueron a los clubes donde practican deportes. Hay trascendidos de posibles fotos", y anticipó que podrían presentar demandas de tipo penal contra los miembros de la Junta que ordenaron esas medidas.
Desde el Junta negaron que hayan tomado determinaciones de ese tipo.
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"Ha desarrollado su actividad política como ministro de Industria y como vicegobernador en forma continua e ininterrumpida y lo demuestra con los contratos de alquiler de los departamentos que habitó desde entonces, uno en la Cañada y otro en Avenida Colón desde el año 2013", sostiene Brügge. El período que ejerció como diputados nacional -desde el 2017 hasta ahora- se considera que no interrumpe esa residencia.
Sin embargo, desde el Frente Cívico y desde la Unión Cívica Radical, que pidieron la impugnación, argumentan que entre agosto y diciembre de 2015 ese lapso se descontinuó porque Llaryora volvió a San Francisco para completar su período como intendente de esa ciudad. Pero Juan Manuel Cid, uno de los hombres más cercanos al candidato, refutó esa cuestión: "La Resolución 40 de la Junta Electoral Provincial que lo designa vicegobernador en 2015 es del 5 de agosto, antes de que volviera a San Francisco, y la Constitución provincial dice en el artículo 12 que el gobernador y el vice tienen domicilio en la capital".
El camino que queda por delante para Hacemos por Córdoba es esperar que en plazos perentorios la jueza electoral resuelva la apelación. Una vez superada esa instancia queda para cualquiera de las partes recurrir a la Cámara Contencioso-Administrativo y luego el Tribunal Superior de Justicia. La Corte Suprema sería un tramo inaccesible, según los juristas, porque ya sentó precedentes con otros casos al considerar que estas cuestiones deben resolverse en los ámbitos provinciales.
Cid, crítico
En declaraciones radiales a Cadena 3, Juan Manuel Cid fue muy crítico con la Junta Electoral cuando dijo que "tiró al tacho de la basura su carrera" y aseguró que hubo medidas ordenadas por el tribunal que resultaron "ultrajantes" para la familia de Llaryora.
"Han ido al colegio de los hijos de Martín, que tienen tan sólo 8 y 11 años, y hasta fueron a los clubes donde practican deportes. Hay trascendidos de posibles fotos", y anticipó que podrían presentar demandas de tipo penal contra los miembros de la Junta que ordenaron esas medidas.
Desde el Junta negaron que hayan tomado determinaciones de ese tipo.
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