El Congreso aprobó la prórroga de la emergencia alimentaria. La ocupación de la avenida 9 de Julio aceleró los tiempos parlamentarios. Pero la pregunta de fondo es: ¿es la inseguridad alimentaria un problema de recursos?
En el año 2015 realizamos, desde el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, un trabajo de investigación asociado a la Facultad de Agronomía de la UBA y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economías de la Alimentación.
Las preguntas que motivaron ese trabajo hoy siguen siendo válidas: ¿Por qué la Argentina no logra aún superar las condiciones de inseguridad alimentaria en un sector de la población? ¿Cómo armonizar el potencial del país como exportador de alimentos y garantizar, al mismo tiempo, niveles adecuados de seguridad alimentaria y alimentación saludable a su población?
En el trabajo citado aplicábamos el criterio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro) para analizar la seguridad alimentaria (SE). Ese criterio destaca que para que un país pueda garantizar la SE a su población necesita de cuatro pilares: 1) Disponibilidad de los alimentos. 2) Uso de los alimentos. 3) Acceso a los alimentos y 4) Sustentabilidad de la provisión en el futuro.
El análisis arrojaba como resultado que los dos pilares más escasos y al mismo tiempo de más difí- cil procura en el mundo son con los que cuenta la Argentina: pilares 1 y 4. Pero el país no logra cubrir aspectos que hacen al uso y acceso de los alimentos (pilares 2 y 3).
Un análisis más profundo nos permite concluir que varias porciones de la población de diversos estamentos sociales no cuentan con la debida información y criterio que les permita un consumo de una canasta saludable de alimentos. En algunos casos pudimos verificar que hasta la asistencia del Estado no cumplía con dichos pilares. Como ejemplo se puede citar el caso de los comedores de la escuela pública que no están proveyendo una dieta saludable a sus comunidades educativas.
Una vez hecho ese análisis, la primera conclusión fue que el problema de inseguridad alimentaria en la Argentina no es un problema de recursos, como el que trata de resolver la prórroga de la ley. Es evidente que aumentar la disponibilidad de fondos para agrupaciones sociales o para los ciudadanos no es una herramienta que necesariamente generará los cambios en los hábitos de consumo de la población hacia una dieta saludable.
El trabajo también analizaba el impacto de la política para preservar “la mesa de los argentinos”. Esta política consideraba que el nudo del problema radicaba en el sector agropecuario que generaba alimentos “caros”. Las consecuencias de “atacar” a la oferta de productos mediante medidas como retenciones o permisos de exportación (ROEs) tuvieron el efecto contrario al deseado. Verificamos las consecuencias de las políticas sobre la oferta que generaron, entre otros impactos, la disminución en el stock de ganado vacuno y la caída en la producción de trigo. A su vez esto daba el precio al consumidor más elevado de la región para algunos de los productos de la canasta saludable.
Las consecuencias de atacar a la oferta (disminución de la producción y encarecimiento de los productos al consumidor) parecen haberse aprendido. La intención de atacar el problema desde el lado de la demanda con la prórroga de la ley intenta dar más poder de compra al consumidor en lugar de castigar a la oferta.
Pero votar la ley que habilita la disposición de los recursos no garantiza que se resuelvan los dos pilares faltantes: uso y acceso. Si no se logra abordar el problema en toda su dimensión (los cuatro pilares), no se lograrán avances.
Roberto Feeney y Bernardo Piazzardi
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Las preguntas que motivaron ese trabajo hoy siguen siendo válidas: ¿Por qué la Argentina no logra aún superar las condiciones de inseguridad alimentaria en un sector de la población? ¿Cómo armonizar el potencial del país como exportador de alimentos y garantizar, al mismo tiempo, niveles adecuados de seguridad alimentaria y alimentación saludable a su población?
En el trabajo citado aplicábamos el criterio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro) para analizar la seguridad alimentaria (SE). Ese criterio destaca que para que un país pueda garantizar la SE a su población necesita de cuatro pilares: 1) Disponibilidad de los alimentos. 2) Uso de los alimentos. 3) Acceso a los alimentos y 4) Sustentabilidad de la provisión en el futuro.
El análisis arrojaba como resultado que los dos pilares más escasos y al mismo tiempo de más difí- cil procura en el mundo son con los que cuenta la Argentina: pilares 1 y 4. Pero el país no logra cubrir aspectos que hacen al uso y acceso de los alimentos (pilares 2 y 3).
Un análisis más profundo nos permite concluir que varias porciones de la población de diversos estamentos sociales no cuentan con la debida información y criterio que les permita un consumo de una canasta saludable de alimentos. En algunos casos pudimos verificar que hasta la asistencia del Estado no cumplía con dichos pilares. Como ejemplo se puede citar el caso de los comedores de la escuela pública que no están proveyendo una dieta saludable a sus comunidades educativas.
Una vez hecho ese análisis, la primera conclusión fue que el problema de inseguridad alimentaria en la Argentina no es un problema de recursos, como el que trata de resolver la prórroga de la ley. Es evidente que aumentar la disponibilidad de fondos para agrupaciones sociales o para los ciudadanos no es una herramienta que necesariamente generará los cambios en los hábitos de consumo de la población hacia una dieta saludable.
El trabajo también analizaba el impacto de la política para preservar “la mesa de los argentinos”. Esta política consideraba que el nudo del problema radicaba en el sector agropecuario que generaba alimentos “caros”. Las consecuencias de “atacar” a la oferta de productos mediante medidas como retenciones o permisos de exportación (ROEs) tuvieron el efecto contrario al deseado. Verificamos las consecuencias de las políticas sobre la oferta que generaron, entre otros impactos, la disminución en el stock de ganado vacuno y la caída en la producción de trigo. A su vez esto daba el precio al consumidor más elevado de la región para algunos de los productos de la canasta saludable.
Las consecuencias de atacar a la oferta (disminución de la producción y encarecimiento de los productos al consumidor) parecen haberse aprendido. La intención de atacar el problema desde el lado de la demanda con la prórroga de la ley intenta dar más poder de compra al consumidor en lugar de castigar a la oferta.
Pero votar la ley que habilita la disposición de los recursos no garantiza que se resuelvan los dos pilares faltantes: uso y acceso. Si no se logra abordar el problema en toda su dimensión (los cuatro pilares), no se lograrán avances.
Roberto Feeney y Bernardo Piazzardi
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