El proyecto que encontró el aval de los doce concejales no hace más que sujetarse a lo ya normado en la Ordenanza Municipal 7.376, donde se establece la prohibición de circular sin silenciador o con caños de escape alterados.
Ahora bien, el cambio radical que se observa en esta norma apunta al proceder del Municipio, que ahora podrá secuestrar los vehículos no solo cuando se encuentren en movimiento, sino también cuando estén detenidos o estacionados, siempre hablando de rodados que no se sujeten a la norma anteriormente citada.
Además, la ordenanza aprobada en las últimas horas le da la facultad al presunto infractor de solicitar una prueba de emisión sonora, la cual, en caso de dar resultado negativo, habilitará al conductor a llevarse su rodado sin pagar multa ni gastos de traslado y estadía.
Otro artículo que encontró la aprobación en el Concejo habla de que se les quitará la asistencia social, los subsidios y los medicamentos gratuitos a aquellas personas que infrinjan esta normativa.
La norma también castiga a aquellos talleres mecánicos que realicen la alteración de caños de escape, a los que se les aplicará una multa de 500 unidades de medida, lo que significaría pagar una suma superior a los 200 mil pesos.
Cabe señalar que la propuesta inicial, redactada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), también tenía previsto multar a los comercios que vendan este tipo de dispositivos, punto que fue quitado del proyecto final, al igual que el ítem que hablaba de prohibir el expendio de combustible a las motos y autos que generen ruidos molestos.
Tras la aprobación, se dijo
LLas repercusiones del proyecto, dentro del recinto, fueron varias y diversas. Uno de los que se expresó al respecto fue el concejal José María Cativelli, quien aseguró que era necesario “poner un freno a la circulación de los vehículos con caños de escape abiertos y modificados”. Además, dijo que el problema “fue escalando”, aun cuando se secuestraron durante el año 1.430 motos, 381 automóviles y 84 camiones y se destruyeron un total de 176 caños de escape que emitían ruidos molestos.
El concejal Felipe Botta, por su cuenta, dijo que “la ordenanza ayuda, pero es insuficiente si se la trata de forma aislada”, y agregó que “hoy estamos atacando la consecuencia, pero la causa es mucho más grande”. En sintonía con su par, Manuel Sosa, del bloque Uniendo Villa María, expresó:“Si creemos que con esto vamos a terminar con el problema de la seguridad, estamos muy equivocados”.
La postura del concejal Pablo Perret también incluyó un análisis similar. “El problema que tiene la ciudad es creciente, viene desde hace rato, comenzó apenas pasada la pandemia, es social, cultural, es un problema no sólo de la órbita vial, sino también de la seguridad”, destacó, al tiempo que pidió “ponerse los pantalones largos y empezar a solucionar un problema que cada vez es más largo y difícil de solucionar”.
Sumándose al debate acerca de la emergencia vial, la edil Natalia González, de Juntos por el Cambio, pidió que se tomen decisiones políticas que aborden la temática. “Que se hagan controles; los fines de semana vamos a pasear a la costanera y vemos a los chicos en las motos y ninguno tiene casco. Hay un código de faltas y nosotros estamos adheridos a una ley nacional de tránsito; la Secretaría de Prevención tiene que hacer uso de esa normativa”, exigió.
Este medio también le consultó a la representante a nivel local de la campaña nacional Estrellas Amarillas, Lucía Gigena, qué pensaba de la ordenanza. Y esto afirmó:“Me parece que la norma está bien, pero creo que además tiene que ir acompañada de un fuerte trabajo en controles y concientización. La labor se debe enfocar también en la educación y en la formación; hay que empezar por las escuelas, queremos que cuando salgan los chicos del colegio sean conscientes del riesgo que corre su vida y la de los demás”.
