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La gente pide más Estado para frenar el delito pero menos en la economía

Una encuesta realizada por el Observatorio Pulsar de la UBA indicó que el 77% reclama más penas para luchar contra la inseguridad. A la vez, la sociedad espera mayor participación de los privados en la creación de empleo

Facundo Cruz es politólogo y coordinó el sondeo nacional sobre seguridad, libertad, igualdad y rol del Estado.

 

Los argentinos han ingresado en una fase en la que combinan un giro conservador en determinados temas y valores pero a la vez con un arraigamiento de algunos principios progresistas. Por ejemplo, reclaman mayoritariamente más presencia del Estado para combatir la inseguridad pero, a la vez, menor participación en la economía.

Los datos surgen del Segundo Informe de Creencias Sociales, un programa del Observatorio Pulsar.UBA. El politólogo Facundo Cruz, coordinador del trabajo, indicó que claramente la sociedad no es bipolar sino múltiple y compleja. “La sociedad esquiva las etiquetas simples”, señaló Cruz.

El informe relevó creencias en torno a la libertad y la igualdad, impresiones sobre el orden público y el rol delEstado en el país.

“El cruce de estas tres dimensiones nos permite llegar a una conclusión interesante sobre nuestras propias creencias como ciudadanos y ciudadanas. Encontramos un conjunto de demandas sociales que abogan por una mayor retracción del Estado en el ámbito económico y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el orden público, al tiempo que se registra cierta estabilidad en torno a derechos que se han convertido en valores sociales arraigados”, dice el informe.

Uno de los aspectos del informe apunta a la dinámica público-privado;más específicamente hasta dónde tiene que llegar el Estado. “La sociedad argentina ha tenido en las últimas décadas visiones encontradas sobre el rol del Estado y del sector privado en la vida pública. Investigaciones precedentes sustentan que las preferencias favorecen al sector público y el rol del Estado en la regulación de la vida económica. Pero en este informe se puede observar el principio de un cambio en las valoraciones de la sociedad argentina, apoyada en una mayor preferencia por la participación de empresas privadas en la economía”, dice el informe.

Y agrega:“Este giro tiene una explicación política. Hay una base sólida, que reúne tanto a los votantes de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, que considera necesaria una mayor centralidad del sector privado en la vida pública. Hay una percepción generalizada de que los privados tienen que tener mayor presencia en términos organizativos y en la provisión de empleo”, plantea el informe.

Pero establece una diferenciación. “Hay una disputa en torno a esta agenda. Entre quienes se identifican como votantes peronistas, una porción no menor sigue valorando el empleo público como algo necesario. Al mismo tiempo, la privatización de las empresas no tiene que ser igual a la realizada en los ‘90:hay un clima favorable a pensar que la extensión del sector privado tiene que tener cierto control del Estado”, se lee.

Es decir, aun cuando haya una predisposición a una mayor participación del sector privado en la vida económica, la creencia principal es que no debe hacerse en los mismos términos que durante el menemismo sino con algún grado de control estatal que evite los excesos y atenúe los desequilibrios.

En cuanto al Estado y la inseguridad, también prevalece un reclamo para que se aumenten las penas para luchar contra el delito (77 por ciento de la población) y de otorgar más poder a la Policía en la la lucha contra la inseguridad (73 por ciento). Pero, a la vez, hay divisiones importantes cuando se consideran la pérdida de libertades y derechos para combatir el narcotráfico o cuando se menciona la posible participación del Ejército en la lucha contra la inseguridad.

“Los resultados reflejan una preocupación generalizada por la seguridad y el combate al delito pero también una división en cuanto a los límites que cada uno está dispuesto a aceptar en términos de derechos y libertades individuales. Además, se puede notar una reticencia mayoritaria hacia la idea de que cualquier persona pueda portar legalmente un arma. No hay una demanda generalizada por descentralizar la protección personal. En todo caso, hay que considerar tener un Estado con más herramientas para actuar”, plantea el Observatorio Pulsar. UBA.