Es que la Secretaría de Energía sigue fijando un valor que actualiza todos los meses para el litro de etanol, pero inexplicablemente, para el mismo producto, hay dos valores diferentes: uno para el etanol a base de caña de azúcar y otro para el que se hace con maíz. El primero tiene, para este mes, un valor de $1.000,868 mientras que para el que se elabora con el cereal, uno de $917,323. Es decir, un ingenio que entrega un litro de bioetanol recibe $83,545 más que una de las plantas etanoleras radicadas en Río Cuarto, Villa María o Alejandro Roca.
Pero hay más datos curiosos: porque la diferencia de los valores radica en que la industria del maíz es más eficiente que la de caña y entonces se termina perjudicando, contrario a lo que promueve el Gobierno. También, en su momento, se buscó alentar a la industria radicada en el NOA con mayores valores, como una forma de apuntalar a una cadena de fuerte impacto social en provincias no tan desarrolladas. ¿Desde cuando se paga más al etanol de caña? En realidad desde el 28 de diciembre de 2023; en ese momento hubo un quiebre dispuesto por la actual gestión, allá en sus comienzos. Antes había existido esa misma brecha entre agosto y fines de noviembre de 2023, en la gestión anterior. También existió esta diferenciación entre noviembre de 2014 hacia adelante, transcurriendo incluso durante toda la gestión de Macri. Es decir, no es nada nuevo que se castigue la producción de etanol de maíz cuando el producto final que se entrega el exactamente el mismo, pero recibe un precio diferente al de caña. “Mismo producto que va al mismo mercado a diferente precio. Solo en Argentina”, se lamentó un empresario del sector.
Ahora bien, podría pensarse que 83,5 pesos es poco dinero en cada litro. Sin embargo, Córdoba es la principal productora de etanol del país y entrega prácticamente el 45% de la oferta nacional. En total, son 579.744 metros cúbicos los que despacharon las empresas radicadas en la provincia el año pasado de punta a punta. De allí es que, al multiplicar ese volumen por la brecha en el precio es que se obtiene un monto que deja de ingresar a la provincia y que claramente podría traducirse en más inversiones y más producción. Son, al tipo de cambio que cerró el viernes, 34,7 millones de dólares anuales.
Para poner esa cifra en perspectiva hay que recordar, por ejemplo, que Bio4 está llevando adelante un plan de inversiones por 20 millones de dólares para ampliar entre 20 y 30 por ciento su capacidad de molienda y producción de etanol, con lo cual aspira a llegar a 180 mil metros cúbicos al año. Ampliar la capacidad y elevar la producción tiene un doble saldo favorable: agrega más valor a un maíz que mayoritariamente se va por los puertos como grano (60% de la producción nacional se envía al exterior sin más agregado de valor) y además genera un ahorro de divisas porque por cada litro de etanol es un litro de nafta que no se importa. Vale recordar que actualmente el 12% de lo que se carga en los automóviles nafteros es etanol (en un teórico equilibrio del 6% de maíz y 6% de caña). Si no estuviese este biocombustible en los surtidores, el país debería importar el equivalente en nafta porque tiene agotada su capacidad de refinación. Aun con el 12% de etanol, se siguen importando combustibles porque el volumen final tampoco alcanza a cubrir la demanda. Inexplicablemente, en ese punto, el Gobierno decide no avanzar con un nuevo marco legislativo para el sector para ampliar el corte y llevarlo, por ejemplo, del 12% al 15%. Eso implicaría una necesidad de al menos 2 plantas como la de Bio4 más para cubrir el 3% adicional, teniendo en cuenta que hay capacidad ociosa en las actuales fábricas de etanol.
Pero ese marco normativo nuevo, que reemplace a la mala ley que se aprobó durante el Gobierno de Alberto Fernández, sigue sin encontrar el camino para avanzar. El año pasado, cuando todo parecía encaminado, fue el propio oficialismo el que a último momento desactivó el impulso legislativo que le habían dado las provincias bioenergéticas, entre las que están Córdoba, Santa Fe, Entre Rïos, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy. Es decir, las que mayormente producen bioetanol y biodiesel. El sector espera que, este año, sin urnas a la vista, pueda retomarse el debate y lograr renovar el marco normativo e impulsar inversiones y más producción. Pero no sólo eso, sino que el proyecto que proponían las provincias establecía un esquema de libre mercado para fijar el precio en todo lo que exceda del 12% de corte. Eso, además, terminaría con las arbitrariedades de la Secretaría de Energía, que sigue tratando diferente lo que es igual.
