Los tres sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia evalúan desde ayer una presentación en la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de lo aprobado en la Unicameral el miércoles, que recortó beneficios que tenían trabajadores de Epec vinculados a la gratuidad del servicio y los aportes al fondo compensador.
El argumento de los gremios, que finalmente optaron por no movilizar a la Legislatura, es que ese no es el ámbito para discutir puntos del convenio colectivo de trabajo, y además aseguran que al tratarse de una empresa estatal y la Unicameral ser uno de los poderes del Estado, es parte de la patronal. “Desde ese punto de vista es una modificación unilateral del convenio colectivo, algo que claramente no se puede realizar”, explicaron ayer a PUNTAL fuentes sindicales.
Los cambios introducidos implican que a partir de ahora los trabajadores de Epec van a recibir 150 kilovatios gratis por mes en lugar de los 200 que tenían como límite hasta ahora. Pero además hay otro cambio: el excedente de ese tope tenía una bonificación del 80%, es decir que sólo pagaban el 20% de lo que superaba los 200 kilovatios. A partir de ahora, el excedente de 150 kilovatios deberá ser abonado con tarifa plana.
Esto es una parte de los cambios que el directorio tiene planeado aplicar en la empresa y en particular sobre los beneficios que reciben los trabajadores. Según se anticipó, también se preparan cambios para la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y aspectos vinculados a las vacaciones. Al mismo tiempo, se adelantó una mayor revisión de las carpetas médicas, porque en la conducción de la empresa creen que hay un abuso, en especial de las carpetas psiquiátricas.
“El gobierno nacional con su decisión de quitar subsidios y seguir sosteniéndolos en Buenos Aires y conurbano generó una situación muy compleja en la que el usuario residencial y el pequeño comerciante, el industrial, están viendo que el derecho del que habla la Constitución de 1994 se convierte en imposible. Y por eso hay que tomar decisiones y la que tomamos en la Legislatura es en defensa de todos los cordobeses y no en contra de nadie”, explicó el legislador de Unión por Córdoba Daniel Passerini.
En ese sentido el exministro de Desarrollo Social de la Provincia destacó que “los legisladores que fuimos elegidos por el pueblo tenemos que tomar acciones para aliviar en este caso puntual la situación de los usuarios del servicio. Es una forma elegante y hasta formal de querer evitar esta discusión el hablar de si corresponde o no a la Legislatura este debate. Hasta hace pocas semanas, recortarles el IVA a las facturas era casi poner el país en crisis. Y era prácticamente desfinanciar a las provincias. Y ahora el propio oficialismo propone en el Congreso recortar a la mitad el IVA. Me parece que a veces hay un discurso impostado y hay muchas contradicciones. Y por ahí son rápidos para joder a la mayor parte de los argentinos y muy lentos para devolverles lo que les quitaron. Y en este caso tomamos decisiones con el espíritu de defender a la gente”, dijo Passerini.
Por su parte, el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros destacó que “nos parece que no era el ámbito de discusión de este tema la Legislatura. Un convenio colectivo de trabajo puede ser cambiado solamente por otro convenio. Lo dije en la Legislatura, era llamativo ver al peronismo votando en contra de leyes aprobadas en gobiernos peronistas como fue la de Convenciones Colectivas de Trabajo de 1953 o la ley de Contrato de Trabajo de 1974. Es inexplicable hacer esto con una ley provincial, no hay competencia para hacerlo”.
Para Quinteros, “no hay dudas de que es una discusión que debe darse entre partes y en el Ministerio de Trabajo. Ahora será seguramente un juez el que determine la inconstitucionalidad de la medida. Pero es grave lo hecho, y es una gran cortina de humo para tapar los desmanejos financieros que tiene la empresa”.
Voces de la Legislatura
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Los cambios introducidos implican que a partir de ahora los trabajadores de Epec van a recibir 150 kilovatios gratis por mes en lugar de los 200 que tenían como límite hasta ahora. Pero además hay otro cambio: el excedente de ese tope tenía una bonificación del 80%, es decir que sólo pagaban el 20% de lo que superaba los 200 kilovatios. A partir de ahora, el excedente de 150 kilovatios deberá ser abonado con tarifa plana.
Esto es una parte de los cambios que el directorio tiene planeado aplicar en la empresa y en particular sobre los beneficios que reciben los trabajadores. Según se anticipó, también se preparan cambios para la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y aspectos vinculados a las vacaciones. Al mismo tiempo, se adelantó una mayor revisión de las carpetas médicas, porque en la conducción de la empresa creen que hay un abuso, en especial de las carpetas psiquiátricas.
“El gobierno nacional con su decisión de quitar subsidios y seguir sosteniéndolos en Buenos Aires y conurbano generó una situación muy compleja en la que el usuario residencial y el pequeño comerciante, el industrial, están viendo que el derecho del que habla la Constitución de 1994 se convierte en imposible. Y por eso hay que tomar decisiones y la que tomamos en la Legislatura es en defensa de todos los cordobeses y no en contra de nadie”, explicó el legislador de Unión por Córdoba Daniel Passerini.
En ese sentido el exministro de Desarrollo Social de la Provincia destacó que “los legisladores que fuimos elegidos por el pueblo tenemos que tomar acciones para aliviar en este caso puntual la situación de los usuarios del servicio. Es una forma elegante y hasta formal de querer evitar esta discusión el hablar de si corresponde o no a la Legislatura este debate. Hasta hace pocas semanas, recortarles el IVA a las facturas era casi poner el país en crisis. Y era prácticamente desfinanciar a las provincias. Y ahora el propio oficialismo propone en el Congreso recortar a la mitad el IVA. Me parece que a veces hay un discurso impostado y hay muchas contradicciones. Y por ahí son rápidos para joder a la mayor parte de los argentinos y muy lentos para devolverles lo que les quitaron. Y en este caso tomamos decisiones con el espíritu de defender a la gente”, dijo Passerini.
Por su parte, el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros destacó que “nos parece que no era el ámbito de discusión de este tema la Legislatura. Un convenio colectivo de trabajo puede ser cambiado solamente por otro convenio. Lo dije en la Legislatura, era llamativo ver al peronismo votando en contra de leyes aprobadas en gobiernos peronistas como fue la de Convenciones Colectivas de Trabajo de 1953 o la ley de Contrato de Trabajo de 1974. Es inexplicable hacer esto con una ley provincial, no hay competencia para hacerlo”.
Para Quinteros, “no hay dudas de que es una discusión que debe darse entre partes y en el Ministerio de Trabajo. Ahora será seguramente un juez el que determine la inconstitucionalidad de la medida. Pero es grave lo hecho, y es una gran cortina de humo para tapar los desmanejos financieros que tiene la empresa”.
Voces de la Legislatura
“Es una decisión más que tomamos desde el gobierno de Córdoba a partir del impresionante ajuste tarifario que vivió la Argentina y que repercute en los servicios como la energía eléctrica, y que se hizo muy difícil de pagar para los cordobeses y para los argentinos en general. El gobierno de la provincia dispone de algunas herramientas y las ejecuta para poder atenuar este impacto. Ya lo hizo eliminando el impuesto al fuego, comenzando a reducir Ingresos Brutos, quitando otros cargos de las boletas de las cooperativas, eliminar tasas municipales, de manera que la gente sólo tenga que pagar el servicio eléctrico y a su vez tratar de atenuar ese impacto. Estas medidas tomadas en la Legislatura tienen que ver con la denuncia del convenio colectivo de trabajo que se hizo en el mes de abril de parte de la empresa y que se va a discutir en ese ámbito”.
Daniel Passerini. Legislador de Unión por Córdoba.
“Yo estoy de acuerdo con que vayamos a los recortes ante una crisis financiera profunda como la que tiene Epec, pero empecemos por los robos. Empecemos por la Central Pilar, por los gerentes que cobran 600 o 700 mil pesos de BAE. Hay que empezar por otras medidas que seguramente nos hubiesen dado mucha más claridad con respecto al manejo financiero de la empresa. Por eso insisto en que esto es una gran cortina de humo que intenta que al usuario le sea saludable para sus oídos. Son puestas en escena para la tribuna que de ninguna manera solucionan el problema de fondo de la empresa. Con lo aprobado en la Legislatura no se le resuelve nada al usuario, no se le baja la tarifa. Tuvimos distintas posturas porque algunos decían que al ser considerada inconstitucional había que abstenerse. Otros pensamos que debíamos rechazarlo”, dijo el legislador Juan Pablo Quinteros.
Juan Pablo Quinteros. Legislador del Frente Cívico.