La propuesta que redactó el Ejecutivo y que ya se encuentra en poder de los concejales de los diferentes bloques, a priori, apunta a que la ciudad se declare en estado de excepción y emergencia vial por seis meses, con la posibilidad de prorrogar dicho plazo por otro medio año. Fuentes oficiales aseguraron que el espíritu del proyecto busca que motociclistas y automovilistas circulen con caños de escape originales, sujetándose de esta manera a lo que establece la Ordenanza Nº 7.376.
La normativa que espera ser aprobada plantea, entre otros ejes, que el municipio pueda retirar los vehículos en circulación, estacionados o detenidos que no cumplan con el uso de los dispositivos reglamentarios y tengan una emisión sonora superior a la permitida. De esta manera, no solamente serían sancionados los titulares de los vehículos alterados sino también las personas que comercialicen este tipo de dispostivos, sin importar si lo hacen de manera presencial o a través de plataformas digitales.
Para todos esos casos, la idea es que se establezcan multas mínimas de 500 U.M. Según se indicó, la misma sanción recaería en los titulares de talleres mecánicos que coloquen este tipo de dispositivos. Con el citado proyecto también quedaría prohibida la venta de combustible a los motociclistas y automovilistas que tengan dispositivos no reglamentarios.
Según pudo saber este matutino, también se evalúa la quita de beneficios sociales otorgados por el municipio, tales como asistencia alimentaria, subsidios, programa de medicamentos gratuitos, entre otros.
