Pese a las protestas, el gobierno mendocino ya inició contactos para las exploraciones mineras
También está dispuesto a ofrecerles beneficios impositivos
El gobierno mendocino informó que las empresas mineras tienen luz verde para que se comience la exploración para la explotación minera en su territorio, por lo que ya se iniciaron contactos con el sector, al cual además le ofrecerán beneficios impositivos.
Así lo señaló en declaraciones a la prensa el ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien afirmó que con la promulgación de la reforma de la ley 7.722 (que lo impedía) las empresas mineras ya pueden comenzar a "pedir permisos de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales".
El funcionario dijo que el contacto "más avanzado" es por el proyecto San Jorge (iniciativa que pretende instalarse en Uspallata), a cuyos interesados se les ha pedido una "nueva declaración de impacto ambiental".
Ese proyecto minero de oro y cobre pretende instalarse en Uspallata, a unos 150 kilómetros de la ciudad: la iniciativa es de la compañía rusa Aterra Group, que en 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la firma canadiense Coro Mining.
Vaquié destacó que a partir de la promulgación de la ley 9209 -que se publicó en el Boletín Oficial-, el gobierno "asumió los compromisos establecidos para los controles necesarios", con el objetivo de que avance la exploración y explotación.
"Enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local. La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local", resaltó a Radio Nihuil.
Ese proyecto de ley para impulsar la actividad a pesar de la fuerte resistencia social y ambientalista llegará a la Legislatura en 30 días, dado que la gestión del radical Rodolfo Suárez está trabajando en su elaboración.
También precisó que existe otro proyecto que estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el sur de la provincia.
Reunión de ambientalistas
Mientras tanto, vecinos autoconvocados y miembros de la “Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua” (Ampap) se reunirán nuevamente hoy para organizar las próximas acciones de lucha a seguir contra la promulgada ley 7722, que autoriza la actividad minera con sustancias contaminantes.
La cita será a las 10, en la sede del Sute, de la capital provincial, donde los integrantes de la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua llaman a seguir encontrándose “porque la ley 7722 no se toca”.
Mariana Guzzante, periodista y guionista, valoró ayer ante Télam "la colaboración de artistas que también están organizando intervenciones, recitales y toques" para sumarse a la defensa del agua pura.
En Mendoza existen las asambleas de San Carlos, Tunuyán, Huanacache (Lavalle), Las Heras, Tupungato, Uspallata, la Popular (de la ciudad), Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Árbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz.
"Nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social", aseguraron.
En San Rafael, al sur de la provincia, los vecinos llaman a volver a concentrarse hoy, a las 19, en San Martín y Mitre, en pleno centro de la ciudad.
"Estamos todos comunicados en grupos de WhatsApp y la percepción es que esto finalmente cerró la grieta en las familias. En la cena de Nochebuena, los macristas y kirchneristas estaban juntos brindando por el agua. Las familias se han vuelto a unir en una lucha común por cuidar nuestra agua en medio de una crisis hídrica importantísima", recalcó Guzzante.
Los asambleístas critican, además, "el modo en que se quiso imponer la ley, lo que ha generado que toda la sociedad esté unida en esta lucha".
Por otro lado, desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia comunicaron su apoyo al pedido del pueblo de Mendoza y solicitaron que "no se realice ningún acto previsto para las fiestas de Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado, que es el agua".
"El gobierno promulgó las modificaciones pasando por arriba de los mendocinos, que pacíficamente pidieron el veto. Frente a la negativa por parte del gobernador Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020", manifestaron desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia.
Por su parte, Enrique Viale, abogado ambientalista, auguró: "Si no sacamos el veto, sacamos la inconstitucionalidad",y llamó "a seguir la lucha en las calles, protestando sin vendimia, y lo que sea, porque se está nacionalizando la protesta y se está ganando".
"Además de seguir en las calles, necesitamos que todos los sectores de la sociedad mendocina se expidan en defensa del agua pura, exigiéndole al gobernador Suárez y a la cúpula del PJ que den marcha atrás con esta ley inconstitucional. La 7722 no se toca", afirman desde la Ampap.
Cabandié toma distancia
Por último, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su "preocupación" por las masivas protestas en Mendoza al señalar que "la competencia es exclusivamente provincial".
"El gobierno nacional no interviene en la materia, sólo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", explicitó el ministro en un comunicado.
En el mismo sentido, Cabandié anticipó que anunciará medidas para "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado".
"Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos", agregó.
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Así lo señaló en declaraciones a la prensa el ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien afirmó que con la promulgación de la reforma de la ley 7.722 (que lo impedía) las empresas mineras ya pueden comenzar a "pedir permisos de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales".
El funcionario dijo que el contacto "más avanzado" es por el proyecto San Jorge (iniciativa que pretende instalarse en Uspallata), a cuyos interesados se les ha pedido una "nueva declaración de impacto ambiental".
Ese proyecto minero de oro y cobre pretende instalarse en Uspallata, a unos 150 kilómetros de la ciudad: la iniciativa es de la compañía rusa Aterra Group, que en 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la firma canadiense Coro Mining.
Vaquié destacó que a partir de la promulgación de la ley 9209 -que se publicó en el Boletín Oficial-, el gobierno "asumió los compromisos establecidos para los controles necesarios", con el objetivo de que avance la exploración y explotación.
"Enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local. La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local", resaltó a Radio Nihuil.
Ese proyecto de ley para impulsar la actividad a pesar de la fuerte resistencia social y ambientalista llegará a la Legislatura en 30 días, dado que la gestión del radical Rodolfo Suárez está trabajando en su elaboración.
También precisó que existe otro proyecto que estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el sur de la provincia.
Reunión de ambientalistas
Mientras tanto, vecinos autoconvocados y miembros de la “Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua” (Ampap) se reunirán nuevamente hoy para organizar las próximas acciones de lucha a seguir contra la promulgada ley 7722, que autoriza la actividad minera con sustancias contaminantes.
La cita será a las 10, en la sede del Sute, de la capital provincial, donde los integrantes de la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua llaman a seguir encontrándose “porque la ley 7722 no se toca”.
Mariana Guzzante, periodista y guionista, valoró ayer ante Télam "la colaboración de artistas que también están organizando intervenciones, recitales y toques" para sumarse a la defensa del agua pura.
En Mendoza existen las asambleas de San Carlos, Tunuyán, Huanacache (Lavalle), Las Heras, Tupungato, Uspallata, la Popular (de la ciudad), Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Árbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz.
"Nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social", aseguraron.
En San Rafael, al sur de la provincia, los vecinos llaman a volver a concentrarse hoy, a las 19, en San Martín y Mitre, en pleno centro de la ciudad.
"Estamos todos comunicados en grupos de WhatsApp y la percepción es que esto finalmente cerró la grieta en las familias. En la cena de Nochebuena, los macristas y kirchneristas estaban juntos brindando por el agua. Las familias se han vuelto a unir en una lucha común por cuidar nuestra agua en medio de una crisis hídrica importantísima", recalcó Guzzante.
Los asambleístas critican, además, "el modo en que se quiso imponer la ley, lo que ha generado que toda la sociedad esté unida en esta lucha".
Por otro lado, desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia comunicaron su apoyo al pedido del pueblo de Mendoza y solicitaron que "no se realice ningún acto previsto para las fiestas de Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado, que es el agua".
"El gobierno promulgó las modificaciones pasando por arriba de los mendocinos, que pacíficamente pidieron el veto. Frente a la negativa por parte del gobernador Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020", manifestaron desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia.
Por su parte, Enrique Viale, abogado ambientalista, auguró: "Si no sacamos el veto, sacamos la inconstitucionalidad",y llamó "a seguir la lucha en las calles, protestando sin vendimia, y lo que sea, porque se está nacionalizando la protesta y se está ganando".
"Además de seguir en las calles, necesitamos que todos los sectores de la sociedad mendocina se expidan en defensa del agua pura, exigiéndole al gobernador Suárez y a la cúpula del PJ que den marcha atrás con esta ley inconstitucional. La 7722 no se toca", afirman desde la Ampap.
Cabandié toma distancia
Por último, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su "preocupación" por las masivas protestas en Mendoza al señalar que "la competencia es exclusivamente provincial".
"El gobierno nacional no interviene en la materia, sólo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", explicitó el ministro en un comunicado.
En el mismo sentido, Cabandié anticipó que anunciará medidas para "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado".
"Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos", agregó.