Opinión | FMI

La urgencia por lo que está, el drama por lo que viene

El Gobierno se enfrenta a un mes y medio en el que debe dar vuelta la tendencia de reservas que viene mostrando si quiere alcanzar una revisión positiva del FMI. Pero además, debe tener plan B porque este año el agro aportará muchos menos dólares
Un productor de la zona núcleo mostró ayer los resultados del maíz en su campo. Hay preocupación por los rindes.  

Febrero es un mes bisagra para definir los rindes de los cultivos de verano, los que más dólares aportan a la economía nacional a través de sus distintas cadenas productivas. Pero este no es un febrero cualquiera porque el fuerte atraso de lluvias que viene soportando la campaña agrícola en curso obligaría a superar la media del mes para ponerle definitivamente un piso a la próxima cosecha y que los cálculos dejen de ir a la baja como lo hacen desde hace meses a través de las bolsas y de la propia autoridad nacional con la Secretaría de Agricultura a la cabeza.

Las recorridas que los especialistas realizan en las principales zonas productivas de la Argentina muestran a grandes rasgos que la zona núcleo -de donde se espera el mayor aporte de granos- es la más afectada por la tercera Niña consecutiva que resultó un hecho inédito desde lo climático. No hay registros de tres períodos consecutivos con déficit hídrico. Se encolumnaron en 2021, 2022 y 2023. Y esa acumulación de déficit hizo que finalmente el tercero sea el peor porque las reservas con las que comenzó la nueva campaña fueron nulas en gran parte del territorio más productivo. A eso se sumaron olas de calor que completaron el escenario negativo para el desarrollo de los cultivos.

El resultado de todo eso es que habrá muchos menos dólares de ingresos este año en la Argentina por las exportaciones del agro: menos granos y menos carne. Lo primero, lo dicho, por el impacto en el desarrollo de las plantas que determinó una pérdida ampliamente mayoritaria de los cultivos sembrados tempranos y un deterioro en el resto; en el caso de la cadena cárnica habrá menos destetes, menos terneros y finalmente caída en la producción de carne. Ya las pasturas para los animales también se perdieron en amplias zonas del país y los ganaderos tuvieron dos opciones: comprar forraje o desprenderse rápido de la hacienda. Este segundo comportamiento fue el que sostuvo una oferta abundante que derivó en un contenedor de los precios aún en medio de la escalada inflacionaria desatada en julio pasado, cuando hubo tres ministros de Economía en menos de un mes. Ahora esa tendencia comenzó a revertirse con incremento de la hacienda en los remates y a partir de allí el traslado en el resto de la cadena, un movimiento al que todavía le queda margen de ascenso, pero que en parte también dependerá de la demanda, tanto interna como externa. Ambas se mantuvieron planchadas en los últimos meses. Los consumidores argentinos, sin resto en sus ingresos y peleando contra la inflación, estuvieron lejos de incrementar el consumo de carne vacuna. Afuera, el comportamiento de China, el gran cliente argentino de carne, fue de máxima prudencia, en parte afectado por rebrotes de Covid y cierre de ciudades.

El de la carne es un escenario complejo en el que la cadena mira al Gobierno y el Gobierno mira a la cadena. Se esperan definiciones del equipo del ministro Sergio Massa para intentar contener los precios porque sino su prometida meta del 3% inflacionario para abril será una verdadera utopía. Es que la carne no es cualquier producto. Su incidencia sobre la canasta que publica el Indec todos los meses -y que mañana dará a conocer con los valores de enero- es muy relevante, tanto como lo es para la dieta de gran parte de la población.

Por eso el Ministerio anticipó alguna acción y los ganaderos ya temen que haya alguna vieja receta de nuevo en marcha. Puntualmente temen algún limitante adicional de exportación. El Gobierno de Alberto Fernández ya tomó una medida de ese tipo cuando el ministro de Agricultura y Ganadería era el formoseño Luis Basterra. Desató un capítulo más de conflicto con las entidades del campo y pocos resultados en el mediano plazo.

Mientras el Gobierno analiza qué hacer para que la inflación no incorpore un nuevo motor a esta altura del año, en paralelo avanza con la idea de aplicar un nuevo “dólar soja” obligado ante la pérdida de reservas que el Banco Central está experimentando desde fines de enero y en lo que va de febrero, cuando se comprometió a incrementar los dólares en el acuedo ante el FMI. Aumentar las reservas además aleja la posibilidad de turbulencias que le pueden disparar los dólares financieros y el blue, lo que termina también alimentando la inflación.

Ayer, ante las chicanas de la oposición, el secretario de Economía de la Nación, Gabriel Rubinstein, la cabeza técnica del área, remarcó que “no estamos en modo ‘llegar’, ni en modo ‘aguantar’, ni estamos dejando ‘bombas’ a estallar en 2024, cualquiera sea el resultado electoral en octubre”. Y agregó que tal como lo anunciaron al llegar al Ministerio, la gestión sostiene 4 objetivos: ordenamiento fiscal, mejora de exportaciones y del superávit comercial, acumulación de reservas y crecimiento económico con inclusión social.

El que más destacó Rubinstein de lo realizado hasta aquí fue el primero. En el segundo hubo un efecto precios que benefició al Gobierno el año pasado pero la sequía pone en 2023 un escollo insalvable. En el tercero, como derivación del anterior y por la performance esperable del campo, será de muy difícil alcance. El último dependerá del resultado en la pelea con la inflación, algo que por ahora es una incógnita y que posiblemente mañana reciba otra mala noticia.