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Otro penitenciario detenido: ahora, por querer ingresar un teléfono celular a la cárcel

Se trata de un ayudante principal que cumplía funciones como maestro de panadería, cargo que conserva hace más de 20 años. La Justicia investiga si el funcionario les vendía aparatos a los internos del EP5

Ante la consulta de este matutino, fuentes judiciales confirmaron la detención de un penitenciario, quien según se pudo establecer habría intentado ingresar un teléfono celular al establecimiento carcelario local, situado en barrio Manuel Belgrano.

El arresto de este funcionario se suma a otros procedimientos llevados a cabo la semana pasada, cuando se detuvo a cuatro guardiacárceles por golpear salvajemente a internos del mismo penal.

Si bien los hechos no guardan relación, se contabilizaron en pocas horas un total de cinco arrestos en la prisión local.

Sobre el último caso, Puntal Villa María pudo saber que se trata de un penitenciario con cargo de ayudante principal que cumplía funciones como maestro de panadería hace más de dos décadas.

La detención del individuo tuvo lugar el pasado viernes 8 de abril, cuando este se prestaba a comenzar su jornada laboral.

Al parecer, el funcionario fue controlado al llegar, procedimiento que se lleva a cabo de manera protocolar con cada personal penitenciario. “Cuando se le pide que exhiba lo que tenía en el interior de su bolsillo, extrae dos teléfonos celulares, uno de su propiedad y otro que no pudo explicar por qué lo tenía en su poder”, sostuvieron fuentes allegadas a la causa.

Cabe señalar que lo sucedido está relacionado con una investigación que lleva adelante el Tribunal de Conducta Penitenciario con relación a empleados que podrían estar ingresando teléfonos celulares sin autorización para luego comercializarlos con los internos del penal.

La causa que investiga al maestro de panadería recayó en la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, a cargo de René Bosio, quien a los fines de echar luz a lo ocurrido ordenó una serie de medidas procesales, con las que se pretende acreditar lo sucedido y, en su defecto, establecer cuál es la calificación penal que le corresponde al funcionario por actuar de tal manera.