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Subsidios al gas: un alivio con una cuota de inequidad

La decisión de avanzar con el proyecto de Zonas Frías para recortar la tarifa de gas natural en las regiones del país que padecen las menores temperaturas en otoño e invierno da algo de oxígeno a los golpeados bolsillos. Pero no es todo lo específico para no destinar recursos del Estado a quienes no lo necesitan

Los subsidios en la Argentina tienen un defecto que permanece invariable y que se extiende más allá de los gobiernos. Desde 2002, en que comenzaron a hacerse más notorios, tanto en transporte como en energía, el talón de Aquiles siempre fue la falta de detalle capilar para llegar a quienes realmente lo necesitan por la imposibilidad de hacer frente a la movilidad en las ciudades medianas y grandes y a quienes no pueden afrontar una factura de electricidad o gas natural.

Aquí una primera aclaración: a su vez, los subsidios benefician a los usuarios de esos servicios; hay muchos argentinos que directamente no tienen acceso a ellos. Se destinan recursos para los subtes de la Capital Federal, que es la única ciudad del país que tiene ese medio de transporte. O a los trenes de pasajeros, que sólo se ven en amarillentas fotos en la mayor parte del interior del país. Ni que hablar del gas natural. Muchos pueblos y ciudades aún deben recurrir en el mejor de los casos al gas envasado porque las redes no llegan. Otros directamente siguen utilizando leña o kerosene, que cuesta casi lo mismo que el litro de nafta de mayor octanaje. Y más detallado aún, las localidades que cuentan con redes de gas natural no tienen a todos sus vecinos incluidos en el recorrido. Es más, generalmente hay allí una característica común: las redes se extienden en las zonas residenciales y escasamente en los barrios de menores recursos, que quedan en manos de alternativas más caras para cocinar o calefaccionarse.

En términos regionales, el gas natural en el NEA es inexistente y en el NOA la tasa de conexión es extremadamente baja. Casualmente son las dos regiones más postergadas de la Argentina.

En un mapa que se conoció durante el fin de semana, difundido por el magíster en Economía Julián Folgar, cuya fuente fue el Cippec en base a datos de la EPH del Indec, mostró cómo las zonas beneficiadas por ser incluidas en el aporte de subsidios tienen, en general, una menor incidencia de pobreza crónica. Como se dijo, el NEA y NOA son las más vulnerables socialmente y allí no llegan los beneficios porque en la primera no llegan las redes y en la segunda la conexión es baja y casualmente no alcanza a los más postergados.

Como se sabe, el programa de Zonas Frías que aprobó la Cámara de Diputados es para usuarios residenciales y se solventará con un fondo que aportarán quienes no estén contemplados. “Venimos de una política neoliberal energética nefasta, donde no sólo padecíamos de los incrementos de tarifas sino que además Macri eliminó 800 mil beneficiarios de la tarifa social”, recordó el titular del Enargas, Federico Bernal, a la hora de explicar los motivos de este proyecto de ley que brindará equidad para zonas que tienen los mismos niveles de temperatura en otoño e invierno que otras que ya contaban con tarifas más bajas. Por ejemplo, el sur de la provincia tiene valores térmicos similares a Neuquén o La Pampa. Ese fue el argumento central que utilizó el defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, cuando presentó con otros pares de la provincia el planteo en la esfera nacional.

Lo cierto es que, del total de 3 millones de nuevas familias abarcadas, “2,6 millones percibirán un 30% de descuento -ahora no reciben ningún descuento- y cerca de 400.000, un 50% de descuento, más lo que ya reciben por tarifa social”, precisó Bernal, quien destacó que el grueso de los aportes para el Fondo provienen del recargo efectuado a los usuarios no residenciales (grandes usuarios industriales, por ejemplo), “ya que el aumento en el precio del gas en boca de pozo se dio en este segmento”. Esto último provocó la reacción de los sectores productivos porque advierten sobre el encarecimiento de los costos de producción.

Lo cierto es que, más allá de la buena noticia y de la equidad en base a temperaturas que plantea el proyecto con media sanción, lo cierto es que sigue sin corregir en base al poder adquisitivo de cada cliente. Es sabido que en Buenos Aires las tarifas eléctricas son mucho más bajas que en el resto de las jurisdicciones. Y eso responde a un mayor aporte de subsidios de la órbita nacional. Ese esquema reproduce inequidades absurdas como que alguien con un piso en Puerto Madero pague la mitad que alguien con una casa en un barrio de Río Cuarto, Villa María o San Francisco.

Con el transporte ocurre lo mismo. Los subsidios que se destinan en el Gran Buenos Aires por cada colectivo es varias veces mayor que el que recibe uno similar en la capital provincial y este, a su vez, con respecto a uno del interior de Córdoba. Por lo tanto, un usuario de transporte paga un monto de boleto dependiendo sólo de dónde viva.

La contracara del bolsillo del usuario es el aporte del Estado. Los subsidios no son otra cosa que recursos que se destinan para tratar de reducir el valor de alguna tarifa. Pero por qué el Estado destina más recursos para beneficiar a un porteño que a un cordobés. Y ahora con el gas, por qué el Estado va a destinar más recursos a un pampeano o bonaerense que a un chaqueño o jujeño. En la medida en que no haya más precisión para llegar a quien más lo necesita, el Estado seguirá gastando en quien, por sus ingresos, no debería ser beneficiado.

Gonzalo Dal Bianco