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La Justicia falló a favor de un cliente por incumplimiento de una concesionaria

Cuando fue a retirar el vehículo se incluían gastos por gestión de otorgamiento de crédito y de patentamiento que no habían sido informados. Según la jueza, no hay precedentes en la ciudad sobre casos de este tipo

Un importante fallo a favor de un cliente ocurrió en los tribunales de Villa María, donde gastos extras que no habían sido informados ni aclarados oportunamente generaron inconvenientes a la hora de retirar un vehículo 0 kilómetro.

Esta situación se dirimió en el juzgado de Primera instancia, tercera nominación de Villa María, a cargo de la Dra. María Alejandra Garay, jueza Civil y Comercial.

El hecho ocurrió cuando un vecino adquirió un automóvil en una concesionaria local, parte del pago lo realizó en efectivo y la otra parte a través de un crédito que le otorgó la empresa, pero la sorpresa llegó cuando retiró el vehículo. Allí la concesionaria le cobraba gastos de otorgamiento que no habían sido especificados.

Lo acontecido fue en el año 2017 y la cifra extra que se cobrará ascendía a más de once mil pesos y gastos de patentamiento con una cifra superior a lo que cuesta en el registro.

Ante la falta de respuestas por parte de la empresa, el consumidor recurrió a la Justicia y allí se intentó en una primera instancia lograr un acuerdo a través de una mediación, pero al no tener éxito el expediente llegó al juzgado de la letrada Garay Moyano, quien analizó el caso bajo la ley de Defensa al Consumidor y terminó otorgándole la razón la cliente de la concesionaria.

Entre las consideraciones del fallo, que fue en el mes de octubre del corriente año, la magistrada ordenó que se le devuelvan con intereses los gastos de otorgamiento que se le habían cobrado y expresó que siendo el contrato un acto jurídico debe ser voluntario y para que exista esa voluntariedad debe existir discernimiento, intención y libertad, precisamente la inexistencia de un deber informativo afecta los tres elementos, por lo tanto la voluntad de comprar un auto, si no tiene la información precisa, se ve dañada.

Precisamente este fallo apunta a evitar gastos “sorpresivos” que pueden surgir, en este caso la compra de un vehículo. La ley de Defensa al Consumidor ha sido la fuente de este fallo de interés para muchas personas que se encuentren en estas situaciones cuando adquieren un bien de valor como un auto 0 kilómetro.

“Estos casos tienen un gran impacto social y es bueno difundir a los fines de que las personas conozcan cuáles son sus derechos y que también las empresas, en este caso particular la concesionaria pero puede ser de otro tipo, sepan cómo deben proceder de ahora en adelante”, manifestó la jueza Civil y Comercial María Alejandra Garay.

Y continuó: “Ya desde el dictado de las diferentes reformas de la ley de Defensa al Consumidor que se sancionó en el año 1994 y que además fue recibiendo diversas reformas para adaptarse a los cambios y necesidades del consumidor a los fines de llevar mayor transparencia en las acciones y lograr que realmente las adquisiciones de bienes y servicios sean de manera consensuada, es decir, con la libertad que debe tener la persona a la hora de decidir la compra”.

Garay explica que en este caso, la persona se dirige a una concesionaria a comprar un vehículo, en ese momento se le ofrece una financiación que pertenecía a la automotriz, es decir que la concesionaria hace de intermediaria.

En lo que respecta a la ley de Defensa al Consumidor la intermediaria también es responsable tanto como las otras partes.

En ese momento se otorga el crédito por la mitad de la compra del vehículo automotor y la otra mitad se hace a través de un pago en efectivo. Este crédito se hace por un monto y determinadas pautas de financiación que debían ser debidamente informadas.

“En el relato de la demanda, al momento en que ya había realizado algunos pagos y se está por otorgar el crédito en cuestión, se sorprende porque hay otros gastos que le son facturados, al principio determinan que son gastos por gestión de otorgamiento del crédito y otros que son de patentamiento”, relató la jueza.

Reclamo

“Cuando la persona damnificada reclama este hecho, lo hace puntualmente por la gestión del crédito”, explicó Garay y agregó: “Aunque luego el monto sería para ambos trámites, por eso se hace lugar a la demanda solo para la parte de la gestión de otorgamiento del crédito porque no había sido peticionada la otra parte por más que se hubiera incluido en el monto”.

Ante esta situación la empresa no logra acreditar en el expediente el gasto, resaltó la letrada, por lo que no se indaga si hubo fraude o una estafa, se apunta por si hubo un adecuado cumplimiento al deber de informar que establece el Código Civil que rige desde el año 2015 y también lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 42 y la ley de Defensa al Consumidor en el artículo 4.

“En este caso, lo que se dijo es que era un gasto de quebranto, un gasto para el consumidor, en este supuesto podría ser el valor de un formulario o el diligenciamiento de alguna cuestión que tenga que llevar y traer a través de un correo, pero nunca se detalló qué gastos eran estos que comprendían este quebranto ni se hizo mayor hincapié al respecto”, indicó la jueza Garay.

Y agregó: “No se detalló la información, por ello la misma no fue clara, precisa y detallada, de modo tal que el consumidor pudiera tomar una decisión con discernimiento, intención y libertad, que son los tres elementos de la voluntad que permiten que una persona manifieste su voluntad de concertar un contrato; los contratos siempre se manifiestan por la voluntad de ambas partes, el ofertante y el que compra”, mencionó la letrada.

En cuanto a casos anteriores a este, la jueza explicó que no hay registro de que haya otro caso en Villa María idéntico a este.

“Hubo un caso el año pasado por un auto 0 kilómetro sin rodar, pero fue otra la situación, en donde no se hizo lugar a la demanda porque se reclamaban los daños y no se pudieron acreditar ”, aclaró la profesional de la Justicia.

Fallo judicial

“En este caso se hizo saber del deber de informar adecuadamente, se hizo hincapié en que si bien en el expediente hubo principio de prueba de alguna información verbal, como puede ser un empleado que intervino en la operatoria, pero el contenido de lo que manifestaron en el expediente no fue preciso como para poder saber si la información era detallada como exige la ley”, manifestó la jueza Garay.

Además la magistrada resaltó que ante la premura de hacerse de una cosa y el entusiasmo de tener un vehículo nuevo por ejemplo que no es algo común, la persona se entusiasma y hace entregas de dinero y no posee toda la información de la operatoria.

“Seguramente para la concesionaria es algo común y no lo hace de mala fe, pero tienen que acostumbrarse de hacer esto de ahora en más, informar correctamente al cliente y que sea una información detallada, también darle tiempo para tomar la decisión y asegurarse de que haya comprendido a qué corresponde el gasto”, reflexionó la jueza.

Y agregó: “La otra parte tiene que estar conforme y saber qué es lo que están pagando para tener un contrato válido”, indicó la letrada haciendo referencia a la obligación de informar correctamente la operatoria que se realiza.