El fallo de la Cámara Federal de Córdoba fue por mayoría. En consecuencia, la causa vuelve al Juzgado Federal de Río Cuarto. La investigación abarca delitos de asociación ilícita, concusión, abuso de autoridad y coacción
La Cámara Federal de Córdoba anuló el procesamiento de los gendarmes acusados de cobrar "peajes" ilegales en la ruta nacional 8, en el puesto de Sampacho.
De esta manera, la medida que alcanzaba a 13 gendarmes y que había sido dictada a principio de año vuelve a foja cero. Los uniformados estaban imputados por integrar, presuntamente, una red dedicada a exigir pagos en efectivo y transferencias a transportistas que circulaban en la zona de Sampacho.
La investigación penal abarca acusaciones por delitos de asociación ilícita, concusión, abuso de autoridad y coacción.
Según la causa impulsada por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, los involucrados utilizaban los controles de rutina para aludir a supuestas infracciones —reales o ficticias— y exigir dinero a los conductores a cambio de permitirles continuar su camino.
El abogado Elmer Martoccia, que representa a un grupo de gendarmes, señaló que “esto no hubiera pasado si la investigación hubiese estado a cargo de una fuerza ajena. Es un desprestigio total para Gendarmería tener gente de la unidad de inteligencia que lo único que hace es armar causas a su propio personal”.
“Nosotros queremos que se investigue, pero que no sea Gendarmería, porque si los jefes de Córdoba son responsables, que se los investigue a ellos también”, sostuvo el Martoccia.
El abogado dijo que “es imposible que tremenda acusación sea comandada desde Sampacho. Estoy absolutamente convencido que mis asistidos son inocentes”.
El fallo de la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, que contó con el voto mayoritario de los jueces Facundo Carlos Cortés y Liliana Navarro, hizo lugar a los cuestionamientos presentados tanto por las defensas técnicas como por el Ministerio Público Fiscal.
Los magistrados remarcaron que el fallo de primera instancia mostró una "notable fragmentación estructural" y una falta de análisis interrelacionado entre los hechos imputados y las pruebas reunidas para cada uno de los acusados.
Por su parte, el juez Abel Sánchez Torres votó en disidencia, al considerar que el procesamiento reunía las exigencias formales mínimas para ser revisado en sus agravios de fondo, aunque acató la decisión de la mayoría sin expedirse sobre la cuestión principal para no adelantar opinión.
A partir de esta medida, el expediente deberá regresar al Juzgado Federal de Río Cuarto para que el juez instructor realice un examen integral de la prueba, subsane los errores lógicos e informativos detectados y emita un nuevo pronunciamiento jurídicamente válido.
De acuerdo a los testimonios incorporados al expediente, los gendarmes detenían a los conductores con excusas vinculadas a supuestas irregularidades documentales. Bajo presión, las víctimas debían colocar billetes en carpetas, bolsos o baúles para evitar sanciones.
El 12 de septiembre fueron detenidas las jefas del Escuadrón Seguridad Vial de Sampacho junto a otros 13 gendarmes, mientras que otros seis habían sido separados de la fuerza. Hubo allanamientos en varias provincias.
