Fue el mismo abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, quien hizo la denuncia en la sede judicial de calle General Paz acusando a la magistrada por omisión de los deberes de funcionario público.
La exposición que hizo el jurista, quien también representa al número “2” de Zoe, Maximiliano Batista, fue ingresada en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, a cargo de René Bosio.
En la denuncia, Dragotto acusa a la fiscal por llevar a cabo actos procesales demostrando “un marcado desapego a las formas y modos de conducir dicho proceso”.
Asimismo, sostiene que la encargada de conducir la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno incurrió en “presiones contra testigos” y “manejo abusivo de la investigación”.
Por otra parte, también señala a Companys por omisión de los deberes de funcionario público, en virtud de no haber investigado debidamente una presunta fuga de Cositorto, información que, a priorir, habría recibido la fiscal de manera anónima.
La denuncia que hizo Dragotto se da a casi dos meses de la elevación a juicio de la causa, realizada oportunamente por Companys a mediados de febrero del presente año.
El caso, que generó una fuerte repercusión no sólo en el ámbito local y regional, sino también a nivel nacional e internacional, tiene un total de 26 imputados y al menos 173 damnificados en Villa María, por estafas que superan los 8.5 millones de pesos y los 500 mil dólares.
En el marco de la misma causa también está imputado Claudio Álvarez, apuntado por dirigir las oficinas locales de Zoe.
Durante la etapa investigativa, la estrategia del cabecilla de la organización apuntó a responsabilizar a Álvarez por las estafas realizadas en esta ciudad. “Cositorto ya ha manifestado que en Villa María no tuvo ninguna responsabilidad, que Claudio Álvarez se manejaba de manera autónoma”, supo decir Dragotto en una de las tantas visitas que realizó a Tribunales.
Una causa que ya tiene tres condenas
Por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas ya fueron condenadas en el transcurso del año pasado un total de tres personas.
El primero en sentarse en el banquillo de los acusados fue el abogado Gustavo Saavedra, quien un miércoles 14 de junio, frente a la jueza María Soledad Dottori, reconoció su culpabilidad, confesión por la cual fue sentenciado a la pena de cuatro años de prisión.
En el marco de la misma causa también fueron juzgados los villamarienses Ivana Álvarez y Silvio Schamne, ambos integrantes de las oficinas que funcionaban en esta ciudad.
Al igual que Saavedra, los imputados confesaron lisa y llanamente los hechos que se le enrostraban y en consecuencia fueron condenados a 3 años y 8 meses de prisión, pena que surgió de un acuerdo entre las partes.
