El anuncio fue realizado por el propio dirigente a través de sus redes sociales.
“En el día de hoy (por ayer) he presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, honor que me dispensara el Gobernador Martín Llaryora al crear el primer ministerio destinado a la economía social organizada en la Argentina”, escribió el villamariense.
“Lo hago con la firme convicción de ejercer la garantía constitucional de defensa como cualquier ciudadano, sin ampararme en ningún tipo de fuero, prerrogativa o privilegio especial, con el convencimiento de que en dicho proceso podré demostrar mi plena y absoluta inocencia”, amplió.
La decisión de apartarse del ministerio guarda relación con los cargos que enfrenta en la Justicia por hechos de violencia de género en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo, quien lo denunció por delitos presuntamente cometidos en 2022 y 2023.
En el comunicado que vio la luz este miércoles, Gill aprovechó la oportunidad para agradecerles “a los secretarios, a todo el equipo de gestión y a todo el universo de cooperativas y mutuales de nuestra provincia que me acompañaron en este tiempo en la constitución y el funcionamiento del ministerio”.
Además, hizo saber su gratitud para con el gobernador Martín Llaryora, a quien le ratificó su compromiso de seguir trabajando “por todos los ideales y objetivos” que encarna su proyecto político.
Repudio a Gill como docente de la UNVM
En el marco de la causa que enfrenta Gill por violencia de género, ayer también se conoció el proyecto de declaración que elevaron al Concejo Deliberante las edilas Evelyn Acevedo y Natalia González, quienes solicitaron que el ahora exministro sea suspendido en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), institución en la que se desempeña como docente.
Motiva esta iniciativa el hecho de que las concejalas tomaron conocimiento de que Gill sigue siendo parte de la comunidad universitaria como profesor de dedicación simple en el Instituto Académico de Ciencias Sociales.
Según indicaron las funcionarias, el cargo de docente que ostenta Gill “resulta totalmente contradictorio con los valores y las banderas que promueve fuertemente esta institución contra el enorme flagelo de la violencia de género”.
Acevedo y González recordaron que ya hubo otros casos de docentes que han sido sumariados por violencia de género dentro de esta institución, motivo por el cual pidieron que las acciones sean “equitativas” para todos los miembros de dicha comunidad.
“Resulta imperioso que se cuestione la permanencia de Martín Gill como docente de esta institución debido a la causa penal por la cual está siendo investigado y recientemente ha sido elevada a juicio por violencia de género”, añadieron a la par.
Del mismo modo, precisaron que “el mantenimiento de personas denunciadas por violencia de género en cargos académicos o de representación pública vulnera los principios de responsabilidad, transparencia y compromiso que se esperan de quienes ocupan roles educativos”.
Y concluyeron:“En momentos críticos para la educación pública, un derecho que es de todos, la misma representa un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa, y su prestigio debe resguardarse mediante una conducta intachable y ejemplar de quienes integran sus cuerpos docentes”.