El abogado de Martín Gill, Eduardo “Tati” Rodríguez, blanqueó ayer que está en evaluación la posibilidad de apelar el dictamen de la jueza de Control María Soledad Dottori, quien en las últimas horas ratificó la elevación a juicio de la causa que se le sigue al exfuncionario local por violencia de género.
El representante de Gill en este proceso aseguró que se tomarán toda la semana para arribar a una decisión. “No nos vamos a apresurar”, respondió ante la consulta de Puntal Villa María.
Según explicó, la resolución es extensa e incluye cuatro argumentos que requieren de un minucioso análisis. Aún así, adelantó que “hay algunas respuestas con las que no coincido”.
Y añadió:“Nos quedan dos etapas recursivas: apelación y casación. Son dos etapas en las que no se pueden incorporar pruebas”.
Por otro lado, Rodríguez comentó que hay pruebas que fueron ofrecidas desde la defensa que no se incorporaron a la causa. “Con esas pruebas la inocencia de Martín (Gill) queda más que clara”, afirmó el jurista.
“Una disyuntiva”
El abogado reconoció que existe una disyuntiva en torno a la decisión de apelar. “Podemos seguir apelando con lo que tenemos, o bien, admitir directamente la instancia del juicio oral y después en el juicio incorporar la prueba y demostrar allí la inocencia de Martín”, manifestó el defensor, y agregó: “Tenemos toda la semana para tomar esa decisión”.
“Esperábamos otra resolución. Martín está tranquilo, se sabe inocente y desde esa tranquilidad se evalúa la situación”, dijo ayer el abogado Eduardo Rodríguez.
“El derecho tiene la particularidad de que cuando sometés una decisión a un tercero, puede coincidir con vos o puede que no; en este caso no coincidió. Nosotros esperábamos otra resolución. Martín está tranquilo, se sabe inocente y desde esa tranquilidad evalúa la situación”, completó el exsecretario municipal.
Por último, dijo que la decisión que adoptarán la próxima semana la harán pública.
Una causa que lleva más de un año
La causa que se le abrió al exintendente de Villa María es por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, por hechos que se habrían dado en 2022 y 2023, respectivamente.
El funcionario provincial, que pidió hace casi dos meses licencia sin goce de sueldo, es investigado por episodios que se dieron en el ámbito privado y que fueron denunciados por su expareja, Lourdes Astudillo.
La investigación de esta causa recayó el año pasado en la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, funcionaria que, tras la imputación, citó en dos oportunidades a Gill para que declare.
En marzo de este año, la magistrada pidió que el expediente sea elevado a juicio, medida que recién este viernes encontró el aval del Juzgado de Control, luego de varios planteos que hizo la defensa.
Cabe precisar que el exmandatario local enfrenta cargos por hechos que se tipifican como violencia de género y que se dieron primero en el departamento de Gill y luego en el domicilio de Astudillo.
El primero de ellos, acaecido el 3 de diciembre de 2022, habría tenido su origen en una discusión de pareja que finalizó con Astudillo siendo zamarreada, situación que la llevó a sufrir lesiones leves que demandaron unas dos semanas de recuperación.
El siguiente hecho que se le enrostra a Gill tuvo lugar casi dos meses después, el 28 de enero del 2023. La Justicia dice que esa jornada existió otra discusión que la dejó a ella con otra serie de heridas, causadas presuntamente por un empujón que le dio él contra la pared.
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