La industria cordobesa volvió a mostrarse ayer junto al gobernador Juan Schiaretti, esta vez en El Panal, donde analizaron la situación de la pandemia, la evolución de la ley de biocombustibles a nivel nacional y la ley de promoción industrial de Córdoba que vence a fin de año.
Preocupados por el avance de la segunda ola, los empresarios plantearon al gobernador la necesidad de garantizar la continuidad del trabajo en las fábricas y evitar medidas drásticas en el aparato productivo. Para ello acompañaron una serie de estadísticas sobre cómo fue el nivel de contagio en esos sectores desde que comenzó la pandemia. “El 40% de las empresas no tuvo casos positivos desde que comenzó la pandemia fruto de los protocolos estrictos que se mantuvieron con el objetivo de sostener la actividad. Y en los últimos dos meses, el 70% no tuvo contagios”, explicó al término del encuentro Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, a este diario.
Y agregó: “Concretamente planteamos que cualquier restricción en las fábricas, tomando esas estadísticas, va a dañar la economía y no va a lograr resultados desde lo sanitario porque no es ahí donde se dan los casos”.
Por eso, el interés de los industriales era “conocer cuál va a ser la actitud del gobierno de Córdoba si los casos siguen creciendo como lo vienen haciendo en las últimas semanas en Buenos Aires. El gobernador nos ratificó que las preocupaciones pasan por los chicos, la nocturnidad, las fiestas clandestinas y reuniones sociales grandes que tienen mucho contagio y eso echa por tierra los esfuerzos de la propia familia. Lógicamente nos dijo que también va a depender del contexto nacional”, amplió Uribarren.
El titular de la UIC advirtió en ese sentido que “el gobernador conoce que las fábricas mantienen fuertes protocolos y que no es allí donde está el problema. Igual que en el comercio o las escuelas. Por eso dijo que hará todos los esfuerzos para mantenerlos abiertos, pero todo dependerá de medidas nacionales también que pueden llegar en cualquier momento”.
En otro plano, también la reunión avanzó para trabajar en un nuevo proyecto de Ley de Promoción Industrial ya que el actual vence a fin de año. “La ley de promoción la apoyamos enfáticamente porque promueve la inversión privada, que es algo que nosotros alentamos permanentemente. Los gobiernos deben invertir en este tipo de leyes para recaudar a futuro y como consecuencia de la generación de riqueza. No sumar presión impositiva sin nada a cambio. Por eso nos parece muy interesante la iniciativa”, dijo el presidente de la UIC.
El encuentro también tuvo un capítulo destinado a los biocombustibles, el tema más candente que tiene el sector industrial cordobés hoy, enfrentado con el proyecto que presentó el Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Coincidimos en que tal como está la propuesta del oficialismo perjudica a Córdoba y su desarrollo productivo y por eso esperamos que la salida de eso sea una prórroga del actual marco normativo para tener tiempo de construir una ley que beneficie y potencie un sector que en Córdoba creció fuerte y tiene un enorme potencial”, dijo Uribarren.
Del encuentro también formaron parte el ministro de Industria, Eduardo Accastello; el secretario del área, Fernando Sibilla; el vicepresidente de la UIC, Ércole Felippa, y el secretario de la entidad, Leonardo Destéfano. Allí también se refirieron a la matriz productiva hacia el 2030.esentantes del sector industrial para abordar aspectos que hacen al desarrollo del productivo, en el contexto de la pandemia.
Por su parte, Accastello indicó que la Provincia trabajará sobre “una nueva Ley de Promoción Industrial que continúe esta dinámica que hace que Córdoba sea una de las provincias de América Latina que más promueve la industria. Más aún con esta medida que tomó el gobernador la semana pasada de liberar a las industrias de Ingresos Brutos, de Impuestos de Sellos y de Impuesto Inmobiliario. Eso es un incentivo que hace a mayor competitividad”, indicó.
“El de biocombustibles es un proyecto anti-Córdoba y anti-Santa Fe”
“Se castiga a los exportadores de maíz, de biodiesel, de aceite de soja. Hay un prejuicio sobre las actividades de la región centro, en otras palabras no cabe ninguna duda de que es un proyecto de ley anti-Córdoba y anti-Santa Fe”, dijo ayer Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, al evaluar la propuesta para el etanol y el biodiesel presentada la semana pasada en Diputados por el oficialismo.
El directivo remarcó que “el Gobierno nos llevó a una situación crítica. El gasoil debería tener un 10% hoy de biodiesel y con suerte se cumple un 4% y eso no porque no se quiera abastecer, es por una decisión de la Secretaría de Energía. Nos llevaron a una situación que genera una negociación legislativa muy apretada, muy condicionada y parece extorsiva. Tengo una visión muy negativa sobre la propuesta del oficialismo, demasiado negativa. Esperaba encontrarme con algo mejor”, admitió Molina en declaraciones al programa radial Buen Día Río Cuarto que se emite por la Digital 91.9.
Para el titular de la Asociación, “se nota que hicieron un trabajo a las apuradas, que analizaron muy superficialmente la realidad de la industria y que desde el Ejecutivo le bajaron órdenes a la Cámara de Diputados. Hay muchos firmantes que acompañaron el proyecto, además del que aparece como impulsor, que es el diputado santafesino Marcos Cleri. La mayoría de las firmas son de compromiso”, aseguró.
¿Qué puntos del proyecto les generan más dudas o rechazo?
El proyecto delega discrecionalmente en la Secretaría de Energía muchas decisiones, que incluso implica avanzar sobre la potestad del Ejecutivo, y hasta crea una comisión asesora y dice quiénes deben integrarla. Desde el Legislativo se pueden sugerir cosas al Ejecutivo, pero no en la forma que se está haciendo. Pero en definitiva se le dan cheques en blanco a la autoridad de aplicación. Sobre supuestos ambiguos y vagos puede reducir el corte y definir un cambio de precios incluso de quebranto para la industria.
¿Cómo sería eso?
El proyecto baja el corte en el gasoil del 10% teórico actual al 5%, y le da un cheque en blanco a la misma Secretaría para que lo reduzca al 3% si lo cree conveniente. Por otro lado, en etanol, mantiene sin problemas el 6% para caña pero en maíz le otorga el 6% pero otra vez con la facultad a la Secretaría de bajarlo a la mitad, o sea, al 3%. Con lo cual toda la producción está supeditada a una eventual arbitrariedad de la autoridad de aplicación. Y si antes esa discrecionalidad provocó la presentación judicial de las empresas, en esta oportunidad lo que habilita el proyecto es la legalización de esa arbitrariedad.
¿Cómo quedan iniciativas como la de autoconsumo biodiesel 100% de Córdoba ante esto?
Primero quiero destacar todo el trabajo que viene haciendo el gabinete productivo del gobierno de Córdoba, que realmente representa para la industria un apoyo enorme. Están trabajando con una intensidad poco conocida. Pero con este proyecto de ley el Gobierno trata de obstaculizar las iniciativas de las provincias en materia de biocombustibles.
¿Pero lo puede bloquear?
Hay parte del articulado del proyecto que busca limitar muy fuerte las iniciativas de las provincias en materia de biocombustibles. En un extremo esto puede derivar en un conflicto en la Corte.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal