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Alberto arruina sus propias fiestas

El Presidente introdujo la polémica sobre las retenciones el día en que estaba preparado un acto en su favor. La incapacidad de estructurar un discurso acentúa los problemas que vive el país

Alberto Fernández parece ser de esas personas que arruinan sus propias fiestas. Fiestas que, además, son pocas. El día en que un líder sindical, Gerardo Martínez, de la Uocra, le tenía preparado un acto masivo, con miles de obreros que debían conformar un escenario de apoyo de base peronista a un gobierno agobiado por la crisis, el Presidente se encargó de socavar el efecto y la posible repercusión de la movilización con sus inoportunas declaraciones sobre las retenciones.

Él mismo, necesitado de hechos que lo oxigenen, no se concedió ni un día de paz y canjeó la posibilidad de una imagen positiva por una polémica que le dio a la oposición una nueva excusa para cuestionarlo, que volvió a azuzar al campo y, sobre todo, que motivó un capítulo insólito, aunque no tanto si se tienen en cuenta los antecedentes del gobierno: un ministro, Julián Domínguez, terminó desmintiendo al jefe de Estado.

Si se escucha el tramo completo de la entrevista, el Presidente no anunció que enviará un proyecto al Congreso para subir las retenciones ni manifestó una decisión tomada con respecto a aumentarlas por otra vía. Sin embargo, fue lo suficientemente ambiguo -al dejar abierta la puerta de que una medida de ese tipo podría intentarse llegado el momento- como para motivar la reacción que se produjo, en un momento de sensibilidades extremas.

Los gobiernos suelen pagar costos políticos, a veces elevados, por tomar decisiones en una crisis especialmente desestructurante como la actual. Pero Fernández los paga en una fase previa: en un momento de insinuación de las medidas.

Es verdad, como dice el Presidente, que el país se enfrenta no sólo a sus propios problemas sino a un cuadro internacional de enorme complejidad. En Europa, a partir de la guerra en Ucrania, se escuchan pronósticos de una posible crisis alimentaria mundial. El trigo pasó este mismo año de 277 a 440 dólares la tonelada.

Esa situación impulsa el precio de los alimentos en dólares. Si se agregan además los componentes endógenos de Argentina, el resultado es una inflación proyectada del 70 por ciento y un impacto aún mayor en los alimentos.

Sin embargo, a los elementos objetivos que complican a la economía, el gobierno de Fernández, y específicamente el Presidente, les incorporan una intensificación de la incertidumbre por varias vías.

Por un lado, claramente no acierta con una estrategia ni con un programa que tiendan a normalizar, dentro de lo posible, la situación económica. Allí hay un problema de gobierno. Pero existe además en Fernández, y ese punto es adjudicable enteramente a él, una característica que tampoco contribuye ni hacia adentro ni hacia afuera.

Es su ambivalencia discursiva, su oscilación entre posturas contrapuestas sobre un mismo tema. El último capítulo fueron las retenciones, pero hubo ejemplos de sobra en ocasiones anteriores.

Las contradicciones del jefe de Estado generan desconcierto en la gente porque evidencian la indefinición sobre cómo afrontar la crisis. Pero, además, descalzan a los ministros que le responden. El propio titular de Economía, Martín Guzmán, sostenido y ratificado ante los embates del kirchnerismo duro, había asegurado horas antes que las retenciones no van a tocarse no tanto porque no corresponda sino porque es una decisión de Fernández y las decisiones presidenciales se respetan.

Es decir, el gobierno no atina con el programa, el Presidente encarna un liderazgo cuestionado y deteriorado pero, además, no consigue estructurar un discurso que provoque identificación en un momento tan desafiante. Debe ser difícil para un ministro salir a sostener una postura del gobierno si puede ser negado a los pocos minutos por el propio Presidente.

Domínguez, en Córdoba, admitió que el Ejecutivo tiene dificultades para transmitir un mensaje claro que les dé previsibilidad a los productores. Esa afirmación es aplicable no sólo a la política agropecuaria: bien podría ser un diagnóstico general.

En ese contexto, aparece la política, más específicamente la configuración electoral que podría tener el oficialismo nacional el año próximo. Fernández aseguró, aunque después atenuó sus declaraciones, que irá por la reelección. A esta altura, con este cuadro de situación, aparecen dos preguntas vitales para el jefe de Estado:¿alguien se imagina cuatro años más de Alberto en la Casa Rosada? O, peor aún, ¿alguien lo desea?

Por supuesto, al Presidente le queda aún camino por recorrer pero hoy el escenario no está configurado precisamente a su favor.

El peronismo, sometido a la pelea entre Alberto y Cristina, empezó a ensayar algunos intentos de superación. El Congreso de ayer en Mendoza es un exponente. Hubo cristinistas, albertistas, disidentes como Juan Manuel Urtubey, que parece acercarse después de coquetear con Juan Schiaretti y algunos actores de la oposición, y estuvo el jefe de Diputados, Sergio Massa. El planteo dominante pasó por la necesidad de recuperar la unidad.

Sin embargo, para el Frente de Todos -o como vaya a llamarse en el futuro cercano- la posibilidad de una recuperación seguirá siendo remota mientras los dos actores centrales no vuelvan a sentarse y a acordar algún modo de convivencia no beligerante. Porque a la crisis económica y social, a las inconsistencias del gobierno y del propio Fernández, se les suman la incapacidad de encauzar la política dentro de la gestión de gobierno y, sobre todo, la coexistencia de miradas incluso antagónicas sobre cómo resolver los problemas del país.

Uno de los grandes temas sobre los que el oficialismo no consigue acordar son los subsidios, que explican gran parte del déficit que hoy tiene el Estado. El gobierno parece dispuesto a atenuar la magnitud de los aportes energéticos y también se ha puesto en duda que los fondos para el transporte crezcan en la magnitud en que se anunció. Por ejemplo, para el interior deberían pasar de 27 mil a 46 mil millones de pesos pero Guzmán estaría resistiéndose a convalidar ese salto.

La semana pasada, un paro de 72 horas que lanzó la UTA complicó al interior. A Martín Llaryora, intendente de Córdoba, le generó un problema a la vez que le significó una oportunidad.

La capital provincial terminó consensuando con Rosario y Santa Fe llevar el precio del boleto a 69,50 pesos. Pero además le permitió a Llaryora exponer públicamente sus quejas por la desigual distribución de los subsidios federales y reclamar que el interior deje de ser postergado.

Así, se mostró en sintonía con el bloque del schiarettismo en el Congreso que acaba de presentar un proyecto para redefinir la asignación de los recursos nacionales.

Los subsidios y su actual lógica de asignación le dieron a Llaryora la posibilidad de seguir construyéndose como candidato a gobernador.