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Vicentin y las incomodidades para las dos orillas

El oficialismo expuso algunos argumentos de difícil sostenibilidad como es el de "soberanía alimentaria". Detrás, está el de tener más control sobre la liquidación de divisas, cada vez más necesarias. La oposición deberá responder sobre los préstamos del Nación.

La sorpresiva decisión del gobierno nacional de intervenir a la agroexportadora Vicentin y anunciar un proyecto de ley que enviará al Congreso para expropiar la firma tuvo la fuerza suficiente para irrumpir en la agenda pública y correr por algunos días del centro de la escena al Covid-19, la parálisis económica, las severas dificultades sociales y algunos chispazos que se sacan segundas líneas de la Casa Rosada con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, especialmente en materia de seguridad.

Lo cierto es que Vicentin da argumentos válidos a los dos lados de la grieta para lanzar dardos a la vereda de enfrente y eso generó en los últimos días una polémica en ascenso que promete intensificarse cuando el tema ingrese al Congreso, si finalmente eso ocurre.

En principio, la extensa novela de la empresa de los hermanos Vicentin, que sólo tuvieron hijas mujeres y por eso aún cuando se mantiene en manos de la familia ese apellido no aparece, puede recortarse arbitrariamente y para enmarcar este tramo polémico de más de 90 años de historia, a un año atrás, durante la gestión de Mauricio Macri. Allí aparece el más incómodo de los episodios para la oposición actual porque incluso la sumatoria de créditos y beneficios otorgados a la empresa desde la banca pública -no sólo del Banco Nación, que naturalmente es el más importante, sino que también aparecen el Banco Provincia y el Banco Ciudad de Buenos Aires- son motivo de una causa judicial que tiene como imputado al extitular del Nación, Javier González Fraga. Según cuenta el actual director del banco, Claudio Lozano, la entidad incumplió muchas normativas internas e incluso del Banco Central porque siguió otorgando beneficios a una empresa que básicamente no calificaba para tales fines. “Sólo con aval político eso fue posible”, repitió Lozano en los últimos días, quien además aparece como uno de los pilares de la decisión presidencial a partir de un minucioso informe que elaboró desde las entrañas del Banco Nación con mucha información disponible. Ayer, la consultora Zuban, Córdoba y Asociados dio a conocer que esa idea está presente en la opinión pública, ya que el 44% de los argentinos cree que la agroexportadora fue beneficiada por la gestión de Mauricio Macri. Hay en esa línea otro dato vinculado a que la familia Nardelli aparece entre los principales aportantes a las campañas del expresidente. Es un argumento que se escuchará repetir en el oficialismo dentro y fuera de las cámaras.

Pero tampoco será fácil para el Gobierno y sus representantes legislativos impulsar el proyecto porque también tienen serios flancos por donde recibirán ataques de la oposición. Pero el primer obstáculo que tendrá que sortear el oficialismo es reunir la cantidad de diputados necesarios. Y allí naturalmente volverán a cobrar relevancia los representantes del peronismo cordobés que ya comenzaron a recibir presiones de las entidades del campo y las principales cámaras empresarias de la provincia con respecto a su posicionamiento sobre el tema. Sin muchas vueltas, la Mesa de Enlace provincial emitió un comunicado en el que repudia la expropiación por considerarla “un atropello institucional a la división de poderes y provoca una enorme preocupación por el avasallamiento a la propiedad privada” y, por lo tanto, pide a los representantes cordobeses en el Congreso que rechacen la intención del Gobierno. Es una incógnita la decisión que tomarán Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y la riocuartense Claudia Márquez. Las entidades del campo admiten que los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti van a estar también presionados por el oficialismo nacional y además remarcan que “la situación económica en general y la de la provincia en particular jugarán un rol decisivo. Pero confiamos en que finalmente nos acompañen como en 2008”, relató ayer un dirigente agropecuario.

Córdoba volverá a estar entre las opciones de abrazarse al oficialismo nacional o a buena parte de su base electoral, especialmente de raigambre ruralista. Es el mismo dilema que tiene enfrente Omar Perotti en Santa Fe, cuna del conflicto. El vecino gobernador transita un angosto desfiladero en el que tiene la reacción de vecinos de algunas localidades por un lado, y su relación con el presidente Alberto Fernández, por el otro. Incluso sufrió una crisis dentro de su gabinete con el ministro de la Producción, que rechazó la expropiación propuesta por la Nación. Schiaretti mira con atención esa experiencia también por las similitudes que tienen ambas provincias en su perfil productivo y electoral.

Cierto es que hay también argumentos de difícil sostenibilidad para el gobierno nacional en el Congreso, como es el de la “soberanía alimentaria” que marca un anhelo cada vez más deteriorado en el país. Pero que además, al tratarse de una agroexportadora, especializada en aceite y harina de soja, resulta difícil de justificar. No son productos que compitan con el mercado interno, pero además suman divisas más que necesarias para el país en cada embarque que parte del puerto y que generalmente va rumbo a China. De hecho, el 40% de las exportaciones argentinas están relacionadas a ese rubro y en mayo las empresas del sector liquidaron la suma de 1.945.672.172 dólares. Esa es la última razón que se transparentó desde el Gobierno para explicar la expropiación: un mayor control sobre la liquidación de divisas.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal