Imputaron a seis médicos por el fallecimiento de Lucrecia Ñañez
Familiares de la adolescente, acompañados por la abogada Analía Nicoli, confirmaron que se determinó la mala praxis y piden justicia. Todavía no se pudieron conocer los nombres porque hay secreto de sumario
Lucrecia tenía 15 años el lunes 5 de junio de 2017, cuando murió en el Hospital Regional Pasteur. El 5 de junio del corriente, dos años después, este matutino habló con la madre, Carina Gianinetto (36), y la abuela, María Rosa Ramos (59).
Ellas, desde el momento de la muerte de la adolescente, se constituyeron como querellantes particulares, bajo el patrocinio de Analía Nicoli, y denunciaron que hubo mala praxis por parte de los profesionales que participaron de las distintas intervenciones quirúrgicas, desde el miércoles 31 de mayo hasta el día del deceso. Porque todo fue muy rápido. Todo fue muy inexacto.
La causa de la muerte, como se informó y de acuerdo con lo que figura en el certificado de defunción, fue shock séptico multiorgánico: una infección generalizada (sepsis) que genera la caída, a niveles muy bajos, de la tensión arterial y la presión sanguínea.
La muerte
Una síntesis sobre el caso diría lo siguiente: Lucrecia cursaba un embarazo de casi tres meses que estaba dentro de los parámetros normales. Le recetaron reposo y tuvo que dejar la escuela.
El 31 de mayo, la joven no sabía que atravesaba un aborto espontáneo. A las cuatro de la mañana llegó una ambulancia al barrio San Nicolás y la trasladó al nosocomio de barrio Ramón Carrillo, donde le dijeron a Ramos que estaba todo bien. Regresaron a la casa. No le recetaron antibióticos.
Familiares sacaron un turno para hacerle una ecografía transvaginal. Les confirmaron la pérdida y que había restos. La internaron y le hicieron un legrado. Eso fue el jueves. Al día siguiente, le dieron el alta.
El sábado tuvo fiebre y vómitos. Después vendría el final: más legrados, la extracción del útero, un coma farmacológico y la muerte. Después vendrían las preguntas. ¿Hubo negligencia? La respuesta será que sí.
Médicos imputados
Ayer, PUNTAL VILLA MARÍA se reunió nuevamente con los familiares: estuvieron Gianinetto, Ramos, Nicoli y la tía, María Emilia Chialvo (38). Confirmaron que ya hay seis profesionales de la salud, que ejercen en el centro de salud, imputados por mala praxis. En este sentido, el artículo 84 del Código Penal detalla: “Será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”.
Sin embargo, aún no se pudieron conocer los nombres de las personas implicadas porque hay secreto de sumario: del total, sólo dos personas se presentaron con sus abogados, en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, que está a cargo de René Bosio, y comparecieron. Quedan las cuatro restantes.
“Se los ha citado pero no comparecieron en función de que sus abogados son de la ciudad de Córdoba”, indicó la abogada. Y añadió: “Hasta que no fijen domicilio, no se les va a tomar la indagatoria y hasta que no se les tome la indagatoria no nos levantan el secreto de sumario”. Todavía, hay que decirlo, no se fijó la fecha de esa instancia judicial.
Durante los aproximadamente dos años y medio que lleva la causa, la abuela de Lucrecia fue a la Fiscalía una vez por semana. Esperó. Esperó. Esperó.
“Si no hubiese sido por esta constancia, seguramente hubiese quedado en la nada como en cualquiera de los otros casos de mala praxis de acá”, resaltó Nicoli.
Decreto
Por otra parte, se pudieron conocer los datos de un decreto de la Fiscalía, que data del seis de septiembre de este año. “Atento el informe de la pericia médica, de fecha 20/03/19 del Comité Consultivo en Prácticas Médicas Sanitarias y Bioética del Poder Judicial, recibido por este MPF (Ministerio Público Fiscal) el día 21/08/19 y que de los puntos periciales surgen las distintas actuaciones médicas realizadas sobre la persona de quien en vida fuera Lucrecia Ñañez, no surgiendo del mismo indicación clara de los profesionales que llevaran a cabo las mismas”, inicia la resolución.
A partir de ello, se resuelve requerir al Comité una ampliación del informe de marzo, “para que con carácter de MUY URGENTE, informe y mencione detalladamente los nombres de los profesionales médicos” implicados en los procedimientos “tal como se desprende de la historia clínica” y de las demás pruebas. Y cuando se habla de los procedimientos, se habla de dos legrados y una histerectomía —extracción de útero—.
“Necesitamos saber los nombres de esas personas y que vayan a la justicia. Esto no es una cuestión de dinero. Para que quede bien claro, nosotros nos podríamos haber constituido como actores civiles en el mismo expediente, persiguiendo el cobro de la suma por la que deberían indemnizar”, precisó la abogada.
Otro dato al respecto tiene que ver con que, en un principio, había once profesionales de la salud sospechados. Pero quedaron seis porque desde la Fiscalía no se pudo determinar el grado de participación criminal de los demás.
“Simplemente queremos que se haga justicia”, destacó. En esta dirección, hizo hincapié en otro aspecto que consideró fundamental: la inhabilitación. “Sería lo más importante para nosotros porque, más allá de que cumplan o no un día en prisión, tenemos que empezar a cuidar la salud de nuestro hospital y nuestra ciudad. Esta gente no puede seguir trabajando en esas condiciones”, subrayó.
“Mala fe”
Nicoli también fue concisa cuando expresó que hubo “mala fe” por parte de los médicos. “Siempre se le mintió a la familia. Siempre. Siempre”, manifestó. Y comentó que esa mala intención estuvo desde que le sacaron el útero a la pequeña hasta cuando les dijeron que le practicaron un legrado y no fue así. Mientras la letrada describía esa situación, los familiares recordaron que, inclusive, en los últimos minutos de Lucrecia, a los más de 30 parientes que esperaban les dijeron que la estaban reanimando cuando, en realidad, ya estaba muerta.
Pero no sólo eso. Ramos insistió en que, desde el centro de salud, la culparon a ella de “un aborto casero”. Y hasta les indicaron que, entre las causas del fallecimiento, se podría haber tratado de un paro cardiorrespiratorio.
Hoy, las distintas medidas judiciales arribaron a otro resultado.
La palabra de los familiares
Al hablar sobre sus sensaciones, la abuela se mostró expectante porque levanten el secreto de sumario. “No puedo decir que en la Fiscalía me atendieron mal porque sería desagradecida. Pero también me pasé dos años y medio yendo una vez a la semana”, apuntó.
Y llegó a decir que si no se conocían rápidamente los resultados, se iba a encadenar en el palacio tribunalicio. “Y ahí vinieron rápido”, remató. “Andaba con la cadena en la moto”, mencionó la tía.
“Estábamos esperanzados de que hoy los íbamos a tener”, sostuvo la madre de Lucrecia en relación a que estaba previsto que hoy se notificaran formalmente los nombres.
Y Carina se lamentó. Le creí, dijo. Porque uno de los trabajadores de la salud acusado fue uno de los médicos que la atendió en los embarazos de los hermanos de Lucrecia.
“En realidad, la palabra no es creer, es confiar. Uno confía, qué querés, si no te queda otra”, expuso Nicoli de repente.
“Yo no les creí en el primer momento. Yo perdí a otro hijo por mala praxis también, que quedó en la nada, hace diez años”, puntualizó Ramos. Ese hijo es Lucas Ñañez, padre de Lucrecia.
“Sabía que me estaban mintiendo, porque veía que Lucrecia se estaba muriendo. Y entré una sola vez eh. Y me habló. Me daba cuenta. No sé, a lo mejor será por lo que me había pasado con Lucas. Pero yo estaba confiada porque mi hijo no tuvo la posibilidad de tener tantos médicos como tuvo mi nieta en el hospital. Y mirá la semejante cosa que hacen. Le he puesto al hospital el laberinto de la muerte”, agregó la abuela.
María Emilia, entre tanto, rememoró que, asimismo, a la víctima le habían vendado el brazo pero no sabían por qué. “Ella lo único que atinaba a decir que quería agua entonces le mojábamos con un algodoncito en la boca”, dijo.
Y así fueron y vinieron los recuerdos, suspendidos por silencios breves. Hasta que la abuela concluyó: “Esto es para que no haya más Lucrecias”.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal
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Ellas, desde el momento de la muerte de la adolescente, se constituyeron como querellantes particulares, bajo el patrocinio de Analía Nicoli, y denunciaron que hubo mala praxis por parte de los profesionales que participaron de las distintas intervenciones quirúrgicas, desde el miércoles 31 de mayo hasta el día del deceso. Porque todo fue muy rápido. Todo fue muy inexacto.
La causa de la muerte, como se informó y de acuerdo con lo que figura en el certificado de defunción, fue shock séptico multiorgánico: una infección generalizada (sepsis) que genera la caída, a niveles muy bajos, de la tensión arterial y la presión sanguínea.
La muerte
Una síntesis sobre el caso diría lo siguiente: Lucrecia cursaba un embarazo de casi tres meses que estaba dentro de los parámetros normales. Le recetaron reposo y tuvo que dejar la escuela.
El 31 de mayo, la joven no sabía que atravesaba un aborto espontáneo. A las cuatro de la mañana llegó una ambulancia al barrio San Nicolás y la trasladó al nosocomio de barrio Ramón Carrillo, donde le dijeron a Ramos que estaba todo bien. Regresaron a la casa. No le recetaron antibióticos.
Familiares sacaron un turno para hacerle una ecografía transvaginal. Les confirmaron la pérdida y que había restos. La internaron y le hicieron un legrado. Eso fue el jueves. Al día siguiente, le dieron el alta.
El sábado tuvo fiebre y vómitos. Después vendría el final: más legrados, la extracción del útero, un coma farmacológico y la muerte. Después vendrían las preguntas. ¿Hubo negligencia? La respuesta será que sí.
Médicos imputados
Ayer, PUNTAL VILLA MARÍA se reunió nuevamente con los familiares: estuvieron Gianinetto, Ramos, Nicoli y la tía, María Emilia Chialvo (38). Confirmaron que ya hay seis profesionales de la salud, que ejercen en el centro de salud, imputados por mala praxis. En este sentido, el artículo 84 del Código Penal detalla: “Será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”.
Sin embargo, aún no se pudieron conocer los nombres de las personas implicadas porque hay secreto de sumario: del total, sólo dos personas se presentaron con sus abogados, en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, que está a cargo de René Bosio, y comparecieron. Quedan las cuatro restantes.
“Se los ha citado pero no comparecieron en función de que sus abogados son de la ciudad de Córdoba”, indicó la abogada. Y añadió: “Hasta que no fijen domicilio, no se les va a tomar la indagatoria y hasta que no se les tome la indagatoria no nos levantan el secreto de sumario”. Todavía, hay que decirlo, no se fijó la fecha de esa instancia judicial.
Durante los aproximadamente dos años y medio que lleva la causa, la abuela de Lucrecia fue a la Fiscalía una vez por semana. Esperó. Esperó. Esperó.
“Si no hubiese sido por esta constancia, seguramente hubiese quedado en la nada como en cualquiera de los otros casos de mala praxis de acá”, resaltó Nicoli.
Decreto
Por otra parte, se pudieron conocer los datos de un decreto de la Fiscalía, que data del seis de septiembre de este año. “Atento el informe de la pericia médica, de fecha 20/03/19 del Comité Consultivo en Prácticas Médicas Sanitarias y Bioética del Poder Judicial, recibido por este MPF (Ministerio Público Fiscal) el día 21/08/19 y que de los puntos periciales surgen las distintas actuaciones médicas realizadas sobre la persona de quien en vida fuera Lucrecia Ñañez, no surgiendo del mismo indicación clara de los profesionales que llevaran a cabo las mismas”, inicia la resolución.
A partir de ello, se resuelve requerir al Comité una ampliación del informe de marzo, “para que con carácter de MUY URGENTE, informe y mencione detalladamente los nombres de los profesionales médicos” implicados en los procedimientos “tal como se desprende de la historia clínica” y de las demás pruebas. Y cuando se habla de los procedimientos, se habla de dos legrados y una histerectomía —extracción de útero—.
“Necesitamos saber los nombres de esas personas y que vayan a la justicia. Esto no es una cuestión de dinero. Para que quede bien claro, nosotros nos podríamos haber constituido como actores civiles en el mismo expediente, persiguiendo el cobro de la suma por la que deberían indemnizar”, precisó la abogada.
Otro dato al respecto tiene que ver con que, en un principio, había once profesionales de la salud sospechados. Pero quedaron seis porque desde la Fiscalía no se pudo determinar el grado de participación criminal de los demás.
“Simplemente queremos que se haga justicia”, destacó. En esta dirección, hizo hincapié en otro aspecto que consideró fundamental: la inhabilitación. “Sería lo más importante para nosotros porque, más allá de que cumplan o no un día en prisión, tenemos que empezar a cuidar la salud de nuestro hospital y nuestra ciudad. Esta gente no puede seguir trabajando en esas condiciones”, subrayó.
“Mala fe”
Nicoli también fue concisa cuando expresó que hubo “mala fe” por parte de los médicos. “Siempre se le mintió a la familia. Siempre. Siempre”, manifestó. Y comentó que esa mala intención estuvo desde que le sacaron el útero a la pequeña hasta cuando les dijeron que le practicaron un legrado y no fue así. Mientras la letrada describía esa situación, los familiares recordaron que, inclusive, en los últimos minutos de Lucrecia, a los más de 30 parientes que esperaban les dijeron que la estaban reanimando cuando, en realidad, ya estaba muerta.
Pero no sólo eso. Ramos insistió en que, desde el centro de salud, la culparon a ella de “un aborto casero”. Y hasta les indicaron que, entre las causas del fallecimiento, se podría haber tratado de un paro cardiorrespiratorio.
Hoy, las distintas medidas judiciales arribaron a otro resultado.
La palabra de los familiares
Al hablar sobre sus sensaciones, la abuela se mostró expectante porque levanten el secreto de sumario. “No puedo decir que en la Fiscalía me atendieron mal porque sería desagradecida. Pero también me pasé dos años y medio yendo una vez a la semana”, apuntó.
Y llegó a decir que si no se conocían rápidamente los resultados, se iba a encadenar en el palacio tribunalicio. “Y ahí vinieron rápido”, remató. “Andaba con la cadena en la moto”, mencionó la tía.
“Estábamos esperanzados de que hoy los íbamos a tener”, sostuvo la madre de Lucrecia en relación a que estaba previsto que hoy se notificaran formalmente los nombres.
Y Carina se lamentó. Le creí, dijo. Porque uno de los trabajadores de la salud acusado fue uno de los médicos que la atendió en los embarazos de los hermanos de Lucrecia.
“En realidad, la palabra no es creer, es confiar. Uno confía, qué querés, si no te queda otra”, expuso Nicoli de repente.
“Yo no les creí en el primer momento. Yo perdí a otro hijo por mala praxis también, que quedó en la nada, hace diez años”, puntualizó Ramos. Ese hijo es Lucas Ñañez, padre de Lucrecia.
“Sabía que me estaban mintiendo, porque veía que Lucrecia se estaba muriendo. Y entré una sola vez eh. Y me habló. Me daba cuenta. No sé, a lo mejor será por lo que me había pasado con Lucas. Pero yo estaba confiada porque mi hijo no tuvo la posibilidad de tener tantos médicos como tuvo mi nieta en el hospital. Y mirá la semejante cosa que hacen. Le he puesto al hospital el laberinto de la muerte”, agregó la abuela.
María Emilia, entre tanto, rememoró que, asimismo, a la víctima le habían vendado el brazo pero no sabían por qué. “Ella lo único que atinaba a decir que quería agua entonces le mojábamos con un algodoncito en la boca”, dijo.
Y así fueron y vinieron los recuerdos, suspendidos por silencios breves. Hasta que la abuela concluyó: “Esto es para que no haya más Lucrecias”.
Franco Gerarduzzi. Redacción Puntal