El papá de Solange Musse, Pablo, se encontrará hoy en Huinca Renancó con el fiscal que investiga el caso de su hija, Marcelo Saragusti. Además, el hombre tiene prevista una reunión con el intendente Oscar Saliba. A casi dos años de la muerte de la joven en Córdoba, en plena pandemia por el coronavirus, su familia exige mayores avances en la causa.
A través de las redes sociales, el hombre manifestó su malestar por la lentitud con la que se lleva adelante la pesquisa. “Este lunes próximo (hoy) nos reuniremos con el fiscal de la causa en Huinca Renancó, exigimos más celeridad en la causa y su elevación a juicio”, publicó.
Además, dedicó sentidas frases a su hija Solange en el posteo: “Ya pasaron 20 meses, todavía no lo podemos digerir. Con mamá no podemos escuchar tus audios, para nosotros estás en un lugarcito de San Martín de los Andes o en el puerto de San Antonio Este sin señal de cel”.
Y cerró: “Te extraño un montón, desde que iniciaste tu viaje la vida ya no es la misma, hasta que nos volvamos a encontrar seguiremos pidiendo justicia”.
Jurisprudencia
Cabe recordar que la causa de Solange Musse ya pasó por varios juzgados, debido a que hubo muchas idas y vueltas en referencia a la competencia. Primero fue al Juzgado Federal de Córdoba, luego al de Huinca Renancó, de allí al Juzgado Federal de Río Cuarto y más adelante la Corte Suprema determinó que volviera a Huinca Renancó.
La joven falleció de cáncer en la ciudad de Córdoba en agosto del 2020 y su padre no pudo despedirse de ella, ya que las autoridades no permitían su paso a la provincia, por la estricta cuarentena.
Luego de esta situación, que tomó estado público y tuvo una gran repercusión a nivel nacional, Pablo presentó una denuncia penal en la Justicia Federal para que investigue el rol de las autoridades del gobierno de Córdoba.
Más adelante, cuando el caso pasó a manos de la Justicia de Córdoba, se imputó al sargento primero de la Policía Caminera, Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó); los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto, procesados por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
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