Procesan a Iguacel y al ex procurador del Tesoro por administración fraudulenta
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer por administración fraudulenta al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a Autopistas por parte del Estado nacional.
Además, el juez fijó para el próximo viernes las indagatorias del exministro de Economía Nicolás Dujovne y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich.
En su resolución de las últimas horas, el magistrado procesó por presunta administración fraudulenta a Iguacel y Saravia Frías y les trabó un embargo de 500 millones de pesos a cada uno.
Se negó a declarar por
videoconferencia
El procesamiento de ambos se dio luego de que se negaran a declarar por videoconferencia, tal cual se prevé sea la modalidad con la que lo hagan Dujovne y Dietrich el viernes próximo.
En su resolución, Canicoba Corral consideró que "resultan suficientes" las pruebas "para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso", al referirse a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste.
"A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados", evaluó el juez.
La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a una empresa, Natal Inversiones.
En tanto, la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, se refirió ayer al procesamiento del extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y sostuvo que "se está empezando a correr el velo de la corrupción macrista".
"Iguacel prorrogó por diez años las concesiones sin llamar a licitación y les paga a las empresas por intermedio del Estado 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Inmediatamente Macri como parte de la empresa vende las acciones de Ausol y luego Iguacel retoma esa lógica fraudulenta", remarcó Aleñá.
En un comunicado, recordó que "las concesiones a partir de abril del 2017 se vencían sí o sí y no había forma de que continuaran", pero Iguacel sacó "una resolución ad referéndum del Poder Ejecutivo, sin estar avalada por ningún decreto presidencial".
Al respecto, Aleñá sostuvo: "Se están cayendo todas sus mentiras. Queda claro que usaron las denuncias de corrupción como cortina de humo para hacer sus propios negocios y propiciar el vaciamiento del organismo".