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Estiman que si se impone el nuevo proyecto alquilar será más caro

La propuesta ya tiene dictamen de Diputados, aunque genera diferencias entre los actores involucrados. A nivel local, entienden que al aumentarle los costos al propietario, un porcentaje será cargado al valor total de la renta

Con dictamen de la Cámara de Diputadores, se discute en el Congreso de la Nación el proyecto de la comúnmente conocida Ley de Alquileres, una iniciativa que ya genera diferencias entre las partes intervinientes. De hecho, algunas cámaras inmobiliarias ya adelantaron que prevén recurrir a la Corte Suprema si el proyecto es convertido en ley sin incluir modificaciones que desde ese sector consideran necesarias.

Entre los principales aspectos que se busca consensuar entre los actores involucrados son los plazos mínimos de los contratos (pasarían de 2 a 3 años), como así también el ajuste de los mismos, que podría realizarse en base al promedio del índice de salarios. Desde el sector inmobiliario, las principales cámaras del país consideran oportuno hacerlo a través del índice UVA, propuesta que ya fue rechazada de antemano por las organizaciones que nuclean a los inquilinos

También los honorarios es otro punto que no logra consensuarse, ya que de aprobarse la normativa sin este cambio pasarían a ser afrontados por el propietario y no por el inquilino. Sobre este punto, las inmobiliarias entienden que indefectiblemente el propietario trasladará al menos un porcentaje del gasto al precio del alquiler.

Referentes del sector reconocen que con el proyecto actual los alquileres se dispararán hacia arriba.

Testimonios

Efraín Vargas, de Vimar Propiedades, entendió que con las disposiciones que se conocen hasta la actualidad, el proyecto “perjudica a todos, inquilinos, propietarios, e inmobiliarias”.

Si bien reconoció que aún la iniciativa se encuentra en pleno debate y hasta que se convierta en ley resta un tramo de discusiones, consideró que entre los puntos más relevantes aparece el tema de la actualización. “Si se hiciera por índice UVA creo que es lo más razonable”, y puso como controvertido también el aspecto sobre la duración de los contratos.  

“Si fuera un país normal, no habría drama en extenderlo a 3 años. Por 2 años uno calcula cierta inflación. En 3 años, los propietarios le van a poner un poco más porque no van a saber cuál será la inflación realmente”, entendió.

Sobre los honorarios de las inmobiliarias, que pasarían a ser responsabilidad del propietario, Vargas consideró que “los -dueños- van a terminar cargándolos al alquiler. Lo que va a pasar es que van sufrir un incremento importante los alquileres, por lo que creo que el efecto va a ser contrario al que se quiere”.

Incluso, entendió que algunos propietarios se retirarán por el momento del mercado “para esperar cómo se revuelve esto”.

Con relación a la presentación de garantías, el entrevistado entendió que si los propietarios “no se sienten cubiertos, no van a alquilar, para evitar problemas. Dicen que podría incluirse que una persona realice un mes de depósito y eso queda como garantía, lo que en definitiva no es así, por que es muy poco”.

“Hay que esperar para ver cómo se resuelve. Prevén cambios en las actualizaciones e incluso en algunos casos hablan de garantías con recibos de sueldo, que es algo que acá se hace desde hace tiempo. Muchas veces las formas de manejarse es distinta en Capital Federal que en ciudades como Villa María, donde terminamos siendo mucho más accesibles, incluso con precios menores. Por ejemplo, nosotros no cobramos un montón de cosas, como pedido de informes, que en Buenos Aires sí se cobran”, reconoció. 

Walter Airaldi, quien además integra la comisión del Colegio de Martilleros y Corredores, interpretó que el espíritu de la ley es beneficiar al inquilino, “pero es muy complicado que se de. Le están aumentando el costo a un comerciante, que lo va a transmitir al consumidor final. El que tiene departamento y le aumentan un costo, lo va a transferir al precio final. Los alquileres van a aumentar”, sostuvo, y entendió que “todo lo que es ley se termina utilizando a los usos y costumbres de cada lugar”.

Entendió que la necesidad de debatir el proyecto se dio por inconvenientes en Capital Federal y Buenos Aires, donde existía “un comercio muy abusivo, y se tuvo que frenar con esto”. 

“El proyecto de ley toca varios puntos sensibles en cuanto a los alquileres, declaraciones impositivas, expensas, quién paga las comisiones. Hay muchas zonas grises en esta reforma. Incluso, ya se habla de que algunas cámaras y colegios estarán presentando amparos sobre los cambios”, explicó.

Y admitió durante la entrevista que la propuesta termina siendo “inviable en algunos aspectos, porque no va a tener el resultado esperado”.

Daniel Brusa.  Redacción Puntal Villa María.

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