Intendentes de UPC del sur calificaron de arbitraria e injusta la quita del Fondo Sojero
Los mandatarios de siete localidades del departamento Roca emitieron un duro comunicado contra el gobierno nacional en el que exponen el fuerte impacto que tendrán sus economías al no contar con estos recursos
Intendentes y jefes comunales de Unión por Córdoba del departamento General Roca emitieron un comunicado en el que expresan su desacuerdo y repudio a la eliminación del Fondo Sojero.
La decisión de la Nación de dejar de distribuir estos recursos impacta fuertemente en las economías municipales que utilizaban estas partidas para la ejecución de obras de infraestructura. A su vez, con el recorte de la coparticipación y la caída de las recaudaciones locales, la situación para las administraciones comunales se torna crítica y los intendentes advierten que sólo les queda “administrar migajas” sin poder proyectar obras para sus comunidades.
Ayer, y en el marco de la reunión de la Comunidad General Roca, los intendentes de extracción justicialista firmaron un documento en contra de la quita del fondo al considerar esta medida como “arbitraria, unilateral e injusta”.
Firmaron el documento los intendentes Silvio Quiroga (Villa Huidobro), Ricardo Zorrilla (Buchardo), Ricardo Ardiles (Villa Valeria), Fermín Boloqui (Villa Sarmiento), Santiago Fenoglio (Onagoity) y Graciela Lanfranco (Ranqueles).
El escrito precisa: “Cuando el gobierno provincial, a través de la firma del Pacto de Convivencia Social, nos da más recursos para paliar la grave crisis social; el gobierno nacional hace todo lo contrario, nos quita recursos, esta vez sacándonos el Fondo Sojero”.
Además, los mandatarios del sur cordobés califican de autoritario al gobierno nacional, puesto que sostienen que dicha medida debió haber sido comunicada a los municipios y comunas con la antelación suficiente para que con el tiempo se tomaran los recaudos pertinentes.
Proyectos que no se concretarán
También los intendentes reclamantes señalaron que previo a tomar esta medida la Nación les pidió a los municipios que presentaran proyectos que se iban a ejecutar con estos fondos.
Los mandatarios plantearon que para hacer esos proyectos debieron contratar arquitectos, ingenieros civiles, lo que generó erogaciones en concepto de honorarios profesionales que, sostienen, no van a recuperar.
Los intendentes sostienen que con el Fondo Sojero ejecutaban parte de la obra pública. “Sobre todo en estos momentos en que nosotros somos los primeros que afrontamos los múltiples problemas que las políticas neoliberales actuales le generan a la población, como son los fuertes aumentos en los servicios públicos, en los combustibles, que se traducen inmediatamente al costo de vida de la sociedad, combinados con el desfinanciamiento o cierre de distintos programas sociales, educativos y de salud pública que afectan directamente a miles de familias, las que se ven privadas de derechos elementales”, exponen.
Demanda social
Los titulares de los municipios antes mencionados advierten asimismo sobre la escalada de la demanda social producto de la devaluación e inflación, y que son los gobiernos locales quienes deben responder a las necesidades de los sectores más vulnerables de sus comunidades.
El documento, que continúa con otra serie de conceptos, finaliza: “El cese del Fondo Sojero dispuesto por el gobierno nacional no es para achicar gastos como se pretende hacernos creer, sino para que los municipios financiemos la obra pública de la Nación, la cual de manera obscena y unitaria es direccionada a las comunas de su mismo color político y está motivada en las erráticas decisiones que la administración central lleva adelante”.
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La decisión de la Nación de dejar de distribuir estos recursos impacta fuertemente en las economías municipales que utilizaban estas partidas para la ejecución de obras de infraestructura. A su vez, con el recorte de la coparticipación y la caída de las recaudaciones locales, la situación para las administraciones comunales se torna crítica y los intendentes advierten que sólo les queda “administrar migajas” sin poder proyectar obras para sus comunidades.
Ayer, y en el marco de la reunión de la Comunidad General Roca, los intendentes de extracción justicialista firmaron un documento en contra de la quita del fondo al considerar esta medida como “arbitraria, unilateral e injusta”.
Firmaron el documento los intendentes Silvio Quiroga (Villa Huidobro), Ricardo Zorrilla (Buchardo), Ricardo Ardiles (Villa Valeria), Fermín Boloqui (Villa Sarmiento), Santiago Fenoglio (Onagoity) y Graciela Lanfranco (Ranqueles).
El escrito precisa: “Cuando el gobierno provincial, a través de la firma del Pacto de Convivencia Social, nos da más recursos para paliar la grave crisis social; el gobierno nacional hace todo lo contrario, nos quita recursos, esta vez sacándonos el Fondo Sojero”.
Además, los mandatarios del sur cordobés califican de autoritario al gobierno nacional, puesto que sostienen que dicha medida debió haber sido comunicada a los municipios y comunas con la antelación suficiente para que con el tiempo se tomaran los recaudos pertinentes.
Proyectos que no se concretarán
También los intendentes reclamantes señalaron que previo a tomar esta medida la Nación les pidió a los municipios que presentaran proyectos que se iban a ejecutar con estos fondos.
Los mandatarios plantearon que para hacer esos proyectos debieron contratar arquitectos, ingenieros civiles, lo que generó erogaciones en concepto de honorarios profesionales que, sostienen, no van a recuperar.
Los intendentes sostienen que con el Fondo Sojero ejecutaban parte de la obra pública. “Sobre todo en estos momentos en que nosotros somos los primeros que afrontamos los múltiples problemas que las políticas neoliberales actuales le generan a la población, como son los fuertes aumentos en los servicios públicos, en los combustibles, que se traducen inmediatamente al costo de vida de la sociedad, combinados con el desfinanciamiento o cierre de distintos programas sociales, educativos y de salud pública que afectan directamente a miles de familias, las que se ven privadas de derechos elementales”, exponen.
Demanda social
Los titulares de los municipios antes mencionados advierten asimismo sobre la escalada de la demanda social producto de la devaluación e inflación, y que son los gobiernos locales quienes deben responder a las necesidades de los sectores más vulnerables de sus comunidades.
El documento, que continúa con otra serie de conceptos, finaliza: “El cese del Fondo Sojero dispuesto por el gobierno nacional no es para achicar gastos como se pretende hacernos creer, sino para que los municipios financiemos la obra pública de la Nación, la cual de manera obscena y unitaria es direccionada a las comunas de su mismo color político y está motivada en las erráticas decisiones que la administración central lleva adelante”.