La jueza Capuchetti rechazó investigar a la agrupación Revolución Federal

La jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, rechazó en las últimas horas investigar a la agrupación extremista Revolución Federal como posibles instigadores del ataque.

A través de un fallo al que accedió Infobae, la magistrada señaló que “los hechos denunciados se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas” por el fallido magnicidio.

De esta manera, entendió que el espacio de orientación libertaria, que organizó varias movilizaciones en contra del Gobierno, por el momento, no tiene una relación clara con Fernando Sabag Montiel, quien realizó el fallido disparo a centímetros del rostro de la expresidenta, ni con Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo o Agustina Díaz, los otros detenidos.

No hay un vínculo objetivo

En ese contexto, Capuchetti remarcó que “de la reconstrucción efectuada a partir del conjunto de elementos de prueba hasta aquí obtenida, no se ha vislumbrado hasta el momento ninguno que vincule -objetivamente- a los acusados con la agrupación Revolución Federal, ni con sus miembros o líderes, ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”.

Por esto, resolvió “no aceptar la competencia atribuida en las presentes” y devolvió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que había dicho que ambas cuestiones se tenían que investigar juntas.

Tras el ataque ocurrido el 1° de septiembre en la puerta de su casa de CFK, un e-mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py con una denuncia de una persona identificada como Luca Morales, quien informaba que en las redes sociales estaba circulando un perfil en el que había manifestaciones sobre atentados contra la democracia y en el que se incitaría al odio y a la violencia política de forma directa contra el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner.

La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina van a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.

El juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a su colega Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigado por el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no, por lo que le remitió la presentación para que las dos cuestiones formen parte de un mismo expediente.

Sin embargo, el jueves, la magistrada explicó que, a partir de las actuaciones de los fiscales en el marco de la investigación del atentado contra la vicepresidenta, surge que los integrantes de esta agrupación son “personas que de ningún modo guardan relación con los hechos”.

En este sentido, remarcó que los argumentos que dio en su momento Martínez De Giorgi “resultan insuficientes para esclarecer los extremos requeridos por el código de forma para afirmar, en este estado de la investigación, la pretendida vinculación procesal”.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes judiciales, ahora será el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el que deberá definir quién se queda finalmente con la causa por las amenazas hechas por esta agrupación extremista.

Escraches violentos

Revolución Federal se trata de una organización relativamente nueva, pero que cobró mucha popularidad por sus escraches violentos y repudiables a distintos funcionarios del oficialismo y de la oposición, entre ellos a los ministros Jorge Ferraresi y Sergio Massa y al diputado Rodrigo De Loredo.

La Justicia registró la génesis del grupo el 10 de mayo pasado, cuando hicieron varias publicaciones en redes sociales y difundieron un código QR para sumar más militantes a un chat de WhatsApp. Casi a la par, cinco días después, surgió otro grupo con orientación similar, llamado Nación de Despojados.

Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel y también detenida por el ataque a Cristina Kirchner, participó de una de las convocatorias hechas por Revolución Federal frente a Casa Rosada y realizada el 18 de agosto, pese a que los organizadores dicen que no la recuerdan.

Días atrás, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, presentó una serie de audios que fueron grabados durante una transmisión en vivo que realizaron el 28 de agosto pasado algunos de los integrantes de este espacio radical libertario, en el que hablaban abiertamente de “hacer Patria” mediante un atentado contra la expresidenta y otros miembros del Gobierno.

La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, denunció por amenazas de muerte en su contra y apología del delito al líder de esta misma agrupación, Jonathan Morel.

Los abogados querellantes de la vicepresidenta reclamaron que se investigue si hubo autores intelectuales

La querella de la vicepresidenta reclama, al igual que lo hizo la propia exmandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices, cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.

La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas de la querella.

"Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.

Por el ataque a la vicepresidenta se encuentran detenidos y procesados como coautores del hecho Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola con cinco balas en el cargador apuntada a la cabeza de la exmandataria, y su pareja Brenda Uliarte (23), quien lo acompañó hasta el lugar del hecho y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el magnicidio.

También se encuentra detenida Agustina Díaz (21), quien registra conversaciones con Uliarte, al menos desde el 4 de julio, en las que se habla de matar a Fernández de Kirchner e incluso de cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia. Y hay aquí una particularidad aún no develada: Díaz usaba una línea telefónica a nombre de Uliarte y su teléfono comenzará a ser peritado.

No será el único: hay al menos otros 5 teléfonos secuestrados en distintos allanamientos que serán sometidos a peritajes en los próximos días, aunque es baja la expectativa de que surjan de allí datos de trascendencia.

El cuarto detenido es Nicolás Gabriel Carrizo (27), que se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista televisiva junto con Uliarte, en la que se presentó como el jefe de un grupo de vendedores de copos de nieve que estaban recibiendo amenazas por haber tenido de empleado a Sabag Montiel.

Las propias conversaciones halladas en el teléfono de Carizzo lo muestran como alguien que conocía el plan para matar a la vicepresidenta, además de que surge de ellas que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido.