La Cámara Federal de Casación Penal analizará si el secuestro y supuesto asesinato de Argentino del Valle Larrabure, subdirector de la Fábrica Militar local durante 1974, fue un delito de lesa humanidad. Cabe decir que mientras algunas versiones indican que el militar fue asesinado —defendidas por el Ejército y su hijo—, desde el ERP sostienen que fue un suicidio.
De acuerdo a lo que publicó el diario Comercio y Justicia en su portal, “ la Cámara Federal de Rosario aceptó el recurso de casación interpuesto por el hijo de la víctima y abogado querellante, Arturo Cirilo Larrabure, quien apeló el decisorio dictado el 31 de agosto por la alzada, que confirmó el fallo de primera instancia que consideró que el caso no fue un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”.
En este sentido es preciso señalar que en la web se indica que el letrado “calificó como simulacro de sentencia la dictada por la Cámara rosarina, a la luz del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en autos “Carrizo”, referida al ataque realizado el 10 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Regimiento de Infantería de Monte 17, de Catamarca”.
Y, seguidamente, rememoró que ese suceso tuvo lugar la misma jornada en que el ERP “atentó contra la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos” de la ciudad. Asimismo explicó que allí “fue secuestrado el mayor Larrabure, “como parte de una acción conjunta destinada a demostrar su poder de fuego y que podía derrotar al Ejército Argentino”.
Además, en el matutino se puede leer: “La querella insiste en pedir que se convoque a declaración indagatoria como imputado por el secuestro y asesinato a Juan Arnold Kremer, ex militante del ERP, conocido por su apodo, Luis Mattini”.
Más precisiones
En el portal se recuerda que un año después del copamiento, el cadáver de Larrabure fue encontrado en una vivienda de Rosario.
Posteriormente, en el portal digital se advierte: “El acuerdo de la Cámara Federal estableció que el caso no reúne los requisitos típicos para ser considerado delito de lesa humanidad”.
También se enuncia: “En su voto, el camarista Fernando Barbará indicó que sólo constituyen esa clase de crímenes los cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Y añadió: “Uno de los elementos de la categoría criminal que estamos tratando, entiendo que el central, de ninguna manera puede tenerse por presente en el caso”.
Finalmente, en concordancia con lo que se puede observar en el diario mencionado, es necesario resaltar que Barbará destacó que “ el ERP no actuó en nombre del Estado ni con su apoyo, como argumentó la querella, al exponer que en la época había gobernadores provinciales que simpatizaban con la tendencia revolucionaria del peronismo. Y se agrega: “Luego de la concesión del recurso interpuesto por Larrabure hijo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la controversia”.
Tiempo atrás
En mayo del corriente, PUNTAL VILLA MARÍA había difundido una noticia vinculada a que, de acuerdo a lo que publicó en su momento Página 12, se presentó — lo hicieron organismos de Derechos Humanos— “ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo”.
Por otra parte, se afirmó que en diciembre del año pasado, “el juez federal Marcelo Bailaque rechazó la reapertura al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad, como pretende Arturo Larrabure (hijo), representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, que fue subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe en 1981, en plena dictadura militar”.
Por último, en aquella ocasión se habló de un Amicus que firmaron, entre otros, Estela de Carlotto de Abuelas, Taty Almeida de Madres, Horacio Verbitsky del CELS y Angela Catalina Paolin de Boitano de Familiares, en el que se manifestó: “nos identificamos claramente con la toma de posición como grupos interesados para que en la Argentina no se adopte, desde la Cámara Federal de Rosario, una posición que aliente la llamada ‘Teoría de los Dos Demonios’ cuyo objetivo apunta a distorsionar en la sociedad la compresión del pasado, negando el terrorismo de Estado y los itinerarios dela represión, recorridos desde el Estado”.
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En este sentido es preciso señalar que en la web se indica que el letrado “calificó como simulacro de sentencia la dictada por la Cámara rosarina, a la luz del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en autos “Carrizo”, referida al ataque realizado el 10 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Regimiento de Infantería de Monte 17, de Catamarca”.
Y, seguidamente, rememoró que ese suceso tuvo lugar la misma jornada en que el ERP “atentó contra la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos” de la ciudad. Asimismo explicó que allí “fue secuestrado el mayor Larrabure, “como parte de una acción conjunta destinada a demostrar su poder de fuego y que podía derrotar al Ejército Argentino”.
Además, en el matutino se puede leer: “La querella insiste en pedir que se convoque a declaración indagatoria como imputado por el secuestro y asesinato a Juan Arnold Kremer, ex militante del ERP, conocido por su apodo, Luis Mattini”.
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En el portal se recuerda que un año después del copamiento, el cadáver de Larrabure fue encontrado en una vivienda de Rosario.
Posteriormente, en el portal digital se advierte: “El acuerdo de la Cámara Federal estableció que el caso no reúne los requisitos típicos para ser considerado delito de lesa humanidad”.
También se enuncia: “En su voto, el camarista Fernando Barbará indicó que sólo constituyen esa clase de crímenes los cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Y añadió: “Uno de los elementos de la categoría criminal que estamos tratando, entiendo que el central, de ninguna manera puede tenerse por presente en el caso”.
Finalmente, en concordancia con lo que se puede observar en el diario mencionado, es necesario resaltar que Barbará destacó que “ el ERP no actuó en nombre del Estado ni con su apoyo, como argumentó la querella, al exponer que en la época había gobernadores provinciales que simpatizaban con la tendencia revolucionaria del peronismo. Y se agrega: “Luego de la concesión del recurso interpuesto por Larrabure hijo, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la controversia”.
Tiempo atrás
En mayo del corriente, PUNTAL VILLA MARÍA había difundido una noticia vinculada a que, de acuerdo a lo que publicó en su momento Página 12, se presentó — lo hicieron organismos de Derechos Humanos— “ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo”.
Por otra parte, se afirmó que en diciembre del año pasado, “el juez federal Marcelo Bailaque rechazó la reapertura al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad, como pretende Arturo Larrabure (hijo), representado por el abogado Javier Vigo Leguizamón, que fue subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe en 1981, en plena dictadura militar”.
Por último, en aquella ocasión se habló de un Amicus que firmaron, entre otros, Estela de Carlotto de Abuelas, Taty Almeida de Madres, Horacio Verbitsky del CELS y Angela Catalina Paolin de Boitano de Familiares, en el que se manifestó: “nos identificamos claramente con la toma de posición como grupos interesados para que en la Argentina no se adopte, desde la Cámara Federal de Rosario, una posición que aliente la llamada ‘Teoría de los Dos Demonios’ cuyo objetivo apunta a distorsionar en la sociedad la compresión del pasado, negando el terrorismo de Estado y los itinerarios dela represión, recorridos desde el Estado”.
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