Rubén Lione, el productor rural de La Playosa acusado de privación ilegítima de la libertad, quedó libre en horas del mediodía de este martes luego de hacer efectivo el pago de una fianza y asumir las condiciones impuestas por la fiscalía que lleva adelante la causa.
Como se recordará, Lione fue detenido luego de un control realizado semanas atrás por el Ministerio de Trabajo junto al gremio que nuclea a los trabajadores rurales, quienes denunciaron que una familia se encontraba encerrada en una vivienda con candado.
En el caso tomó intervención la Policía y por disposición judicial se procedió a la detención del productor, mientras paralelamente la causa siguió el carril administrativo en Trabajo. Inicialmente se convocó a una audiencia, que fue aplazada.
Luego, en la segunda convocatoria, se dispuso pedir un cuarto intermedio ya que los abogados de Lione, Lorenzo Gilli y Gustavo Murugarren, adujeron no disponer de la documentación necesaria y el impedimento de poder dialogar con su defendido, ya que se encontraba en prisión.
El miércoles de la semana pasada, con autorización de la Justicia, Lione fue trasladado hasta la oficina de Trabajo, aunque no aportó la documentación que el organismo demanda. Ayer, tras quedar en libertad, sus abogados confirmaron que hoy se presentará en la dependencia de calle Corrientes.
La documentación que se requiere es de índole laboral, por ejemplo el alta temprana de los trabajadores en cuestión, como así también la notificación en la que se detalla no sólo el salario que percibe sino también las jornadas de descanso.
La palabra de la defensa
Lorenzo Gilli se manifestó sobre la situación de su cliente explicando que “es una causa en la cual la libertad le corresponde bajo las condiciones que le puso el fiscal. Puso una fianza personal y condiciones de venir todos los meses”.
En las escalinatas de Tribunales precisó que hoy acudirán al ministerio y llevarán “toda la documentación ahora que está en libertad”. “Se ha mezclado todo, como por ejemplo un tambero y un empleado de una fábrica”, sostuvo en alusión a la denuncia inicial efectuada desde el sindicato.
Gilli aclaró que presentarán “la documentación pertinente para desglosar. Hay dos empleados que tenían tres meses uno y otro que tenía un mes -de antigüedad-. Esa es la historia y de eso se hizo como si hubiese traído un container con chinos y vietnamitas”.
Detalló además que los trabajadores “están en una vivienda digna porque tienen su baño, cocina, dos habitaciones. Y los chicos, de los que tanto hablaban, van a la escuela entre Carrilobo y Pozo del Molle y tienen asignación familiar”.
Tras reconocer que la acusación sigue siendo privación ilegítima de la libertad, descartó la posibilidad de que la familia estuviese encerrada con candado en la vivienda al decir que “estaba la ventana, que no tiene reja, y había otra puerta que estaba abierta. Todo es sujeto de investigación”.
Igualmente, abordado sobre el tiempo que llevaba la familia en el lugar, remarcó que el padre de familia “hacía poco tiempo que estaba trabajando”. En la audiencia de hoy se continuará el proceso administrativo.
Cabe consignar que el sindicato celebró días atrás la rápida intervención judicial en el caso, que permitió la detención del productor. Incluso, advirtió que continuará con las actuaciones administrativas hasta tanto se regularice la situación de la familia.
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En el caso tomó intervención la Policía y por disposición judicial se procedió a la detención del productor, mientras paralelamente la causa siguió el carril administrativo en Trabajo. Inicialmente se convocó a una audiencia, que fue aplazada.
Luego, en la segunda convocatoria, se dispuso pedir un cuarto intermedio ya que los abogados de Lione, Lorenzo Gilli y Gustavo Murugarren, adujeron no disponer de la documentación necesaria y el impedimento de poder dialogar con su defendido, ya que se encontraba en prisión.
El miércoles de la semana pasada, con autorización de la Justicia, Lione fue trasladado hasta la oficina de Trabajo, aunque no aportó la documentación que el organismo demanda. Ayer, tras quedar en libertad, sus abogados confirmaron que hoy se presentará en la dependencia de calle Corrientes.
La documentación que se requiere es de índole laboral, por ejemplo el alta temprana de los trabajadores en cuestión, como así también la notificación en la que se detalla no sólo el salario que percibe sino también las jornadas de descanso.
La palabra de la defensa
Lorenzo Gilli se manifestó sobre la situación de su cliente explicando que “es una causa en la cual la libertad le corresponde bajo las condiciones que le puso el fiscal. Puso una fianza personal y condiciones de venir todos los meses”.
En las escalinatas de Tribunales precisó que hoy acudirán al ministerio y llevarán “toda la documentación ahora que está en libertad”. “Se ha mezclado todo, como por ejemplo un tambero y un empleado de una fábrica”, sostuvo en alusión a la denuncia inicial efectuada desde el sindicato.
Gilli aclaró que presentarán “la documentación pertinente para desglosar. Hay dos empleados que tenían tres meses uno y otro que tenía un mes -de antigüedad-. Esa es la historia y de eso se hizo como si hubiese traído un container con chinos y vietnamitas”.
Detalló además que los trabajadores “están en una vivienda digna porque tienen su baño, cocina, dos habitaciones. Y los chicos, de los que tanto hablaban, van a la escuela entre Carrilobo y Pozo del Molle y tienen asignación familiar”.
Tras reconocer que la acusación sigue siendo privación ilegítima de la libertad, descartó la posibilidad de que la familia estuviese encerrada con candado en la vivienda al decir que “estaba la ventana, que no tiene reja, y había otra puerta que estaba abierta. Todo es sujeto de investigación”.
Igualmente, abordado sobre el tiempo que llevaba la familia en el lugar, remarcó que el padre de familia “hacía poco tiempo que estaba trabajando”. En la audiencia de hoy se continuará el proceso administrativo.
Cabe consignar que el sindicato celebró días atrás la rápida intervención judicial en el caso, que permitió la detención del productor. Incluso, advirtió que continuará con las actuaciones administrativas hasta tanto se regularice la situación de la familia.