En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, la Justicia Federal de Córdoba ordenó ayer 21 allanamientos en la investigación que se enfoca en los principales directivos del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba capital. Uno de esos operativos se hizo en la sede del sindicato y hubo 12 en domicilios particulares.
La causa se originó en una denuncia por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la investigación está en manos de Gustavo Vidal Lascano, fiscal federal N° 2.
Además de buscar información y documentación en la sede del gremio, hubo operativos en algunos bancos en busca de documentos de pagos, dinero en cajas de seguridad y cheques. La denuncia alcanza a la cúpula del gremio y se da en medio de una pelea con el gobierno provincial por el convenio colectivo y el marco regulatorio de Epec.
“Hay material que se está secuestrando, algunos vehículos y demás. En los bancos la orden de la fiscalía es ver las cajas de seguridad de ciertas personas. Si existen, se las va a precintar y dejar en resguardo, detalló el comisario Federico Allende en declaraciones a la prensa.
Según se supo, todavía no hay detenidos ni imputados en la causa.
La semana pasada, el gremio protagonizó un duro enfrentamiento con la Policía en las calles, después de una marcha a la sede de Epec. En los últimos días, la empresa estuvo custodiada.
La investigación judicial está enfocada en 12 personas, muchas de ellas integrantes de la conducción del gremio cordobés.
La denuncia apunta a Gabriel Suárez, secretario general del gremio, y también a Jorge Molina Herrera (secretario adjunto) y Fernando Navarro (secretario de Finanzas), entre otros.
La sospecha instalada por la Procelac es que desde 2011 los sindicalistas habrían librado millonarias cifras en cheques en maniobras de intermediación financiera ilegal. También habrían tratado de blanquear dinero a través de premios en casinos. La investigación le atribuye a uno de los representantes gremiales, Jorge Molina Herrera, haber comprado fichas por 13,5 millones de pesos desde 2011 a noviembre de 2015. Las fichas habrían sido entregadas después a otras personas para ser cobradas.
La operatoria llamó la atención de la Unidad de Información Financiera, más que nada por los fuertes montos operados en casinos que no podrían justificarse con los ingresos en blanco declarados por Molina Herrera.
La administración fraudulenta se habría producido al “inflar” el gasto; esto es, hacer asentar egresos que no eran reales.
Para registrar los gastos aparecían empresas vinculadas a familiares o miembros del gremio o recibían facturas truchas y se emitían cheques que después eran endosados y cobrados por personas de confianza de la conducción.
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Además de buscar información y documentación en la sede del gremio, hubo operativos en algunos bancos en busca de documentos de pagos, dinero en cajas de seguridad y cheques. La denuncia alcanza a la cúpula del gremio y se da en medio de una pelea con el gobierno provincial por el convenio colectivo y el marco regulatorio de Epec.
“Hay material que se está secuestrando, algunos vehículos y demás. En los bancos la orden de la fiscalía es ver las cajas de seguridad de ciertas personas. Si existen, se las va a precintar y dejar en resguardo, detalló el comisario Federico Allende en declaraciones a la prensa.
Según se supo, todavía no hay detenidos ni imputados en la causa.
La semana pasada, el gremio protagonizó un duro enfrentamiento con la Policía en las calles, después de una marcha a la sede de Epec. En los últimos días, la empresa estuvo custodiada.
La investigación judicial está enfocada en 12 personas, muchas de ellas integrantes de la conducción del gremio cordobés.
La denuncia apunta a Gabriel Suárez, secretario general del gremio, y también a Jorge Molina Herrera (secretario adjunto) y Fernando Navarro (secretario de Finanzas), entre otros.
La sospecha instalada por la Procelac es que desde 2011 los sindicalistas habrían librado millonarias cifras en cheques en maniobras de intermediación financiera ilegal. También habrían tratado de blanquear dinero a través de premios en casinos. La investigación le atribuye a uno de los representantes gremiales, Jorge Molina Herrera, haber comprado fichas por 13,5 millones de pesos desde 2011 a noviembre de 2015. Las fichas habrían sido entregadas después a otras personas para ser cobradas.
La operatoria llamó la atención de la Unidad de Información Financiera, más que nada por los fuertes montos operados en casinos que no podrían justificarse con los ingresos en blanco declarados por Molina Herrera.
La administración fraudulenta se habría producido al “inflar” el gasto; esto es, hacer asentar egresos que no eran reales.
Para registrar los gastos aparecían empresas vinculadas a familiares o miembros del gremio o recibían facturas truchas y se emitían cheques que después eran endosados y cobrados por personas de confianza de la conducción.