El homicidio de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024, comenzó a ser juzgado este lunes en los Tribunales de San Francisco. Por el crimen están acusados su madre, Rocío Milagros Rauch; su pareja y padrastro de la menor, Matías Ezequiel Simeone; y Cristian Hernán Varela, allegado al entorno de Simeone. Los tres permanecen detenidos en el penal de Bouwer, en Córdoba capital.
La investigación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, y la acusación contempla delitos vinculados con abusos sexuales agravados y homicidio calificado. En el caso de Simeone también se atribuye un hecho de incendio. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Aralí sufrió abusos antes de su muerte y falleció como consecuencia de un traumatismo craneal, previo al incendio ocurrido en la vivienda.
El caso salió a la luz el 2 de noviembre de 2024, cuando se produjo un incendio en una casa de Brinkmann y fue encontrado el cuerpo de la niña. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneal y, según la acusación, el fallecimiento se produjo antes de que el fuego afectara la habitación.
Durante la investigación se incorporaron pericias genéticas, registros de cámaras de seguridad y otros elementos que forman parte de la prueba que será analizada durante el debate. Los cargos atribuidos a los acusados son de gravedad y, de acuerdo con la calificación legal planteada en la causa, podrían derivar en prisión perpetua.
El proceso cuenta con la intervención de un jurado popular, integrado por ocho jurados titulares y cuatro suplentes. El tribunal técnico está presidido por el vocal Guillermo Rabino, junto con los jueces Alejandro Acuña y Claudio Requena.
El debate fue previsto inicialmente para los días 22, 23 y 29 de septiembre, aunque podrían sumarse nuevas jornadas según el desarrollo de las audiencias. Por la naturaleza de los delitos investigados, especialmente los relacionados con la integridad sexual de la víctima, el juicio se realiza a puertas cerradas, por lo que familiares y periodistas no pueden ingresar a la sala.
La acusación está a cargo de la fiscal de Cámara Consuelo Aliaga Díaz, mientras que el padre de Aralí, Ricardo Daniel Vivas, interviene como querellante particular, representado por el abogado Matías Miguel Carnero. La querella participa de manera virtual.
Rauch es asistida por el abogado Marcos Arnoldt, mientras que Simeone y Varela cuentan con los defensores públicos Luciano Fino y César Testa, respectivamente.
En la primera jornada se presentan los lineamientos del caso por parte del Ministerio Público Fiscal, la querella y las defensas. Luego, los acusados pueden declarar si así lo deciden y se inicia la etapa testimonial. En principio, se prevé la declaración de entre 10 y 12 testigos, aunque la nómina podría modificarse.
La muerte de Aralí generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en distintas localidades de la región, además de instalar cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos encargados de la protección de niños y adolescentes.
Antes del crimen, la niña se encontraba bajo el cuidado de una familia de acogimiento y posteriormente regresó al entorno familiar. En ese proceso intervinieron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), junto con otros organismos y profesionales.
Según se informó posteriormente, en julio de 2024 se había comunicado al juzgado de familia que Rauch y Simeone eran considerados aptos para la revinculación con Aralí y sus hermanos.