La Justicia resolvió en las últimas horas elevar a juicio oral y público la causa que investiga el ataque sufrido por Agustina Cuzcueta a fines de 2022.
La decisión fue adoptada por la jueza de Control María Soledad Dottori, quien rechazó la oposición presentada por la defensa y habilitó el avance del proceso hacia la etapa de debate.
Ante esta resolución, los imputados Gonzalo Nicolás Mir y Juan Javier Chiozzi no podrán escaparle al juicio oral y público, instancia que aún no tiene fecha definida.
Según la resolución judicial, Mir llegará a juicio acusado como presunto autor de los delitos de amenazas calificadas y lesiones gravísimas dolosas.
Por su parte, Chiozzi deberá responder por amenazas calificadas y agresión con toda arma, ambos delitos en concurso real.
Cabe precisar que en instancias previas, la investigación también había definido imputar a un tercer individuo, Lautaro Vallejos, quien posteriormente fue dejado afuera del expediente.
El hecho, según lo declarado por su madre, dejó consecuencias devastadoras en la menor Agustina Cuzcueta.
Como resultado de las agresiones, la joven sufrió lesiones craneoencefálicas de extrema gravedad, con pérdida de masa encefálica y líquido cefalorraquídeo.
De acuerdo con lo expresado por su familia, las secuelas físicas y psicológicas son irreversibles. La víctima requiere tratamiento permanente y medicación psicotrópica de por vida, además de convivir con una situación de discapacidad derivada directamente de las lesiones sufridas.
Vale recordar que el violento hecho se produjo el 9 de noviembre de 2022 en la intersección de Teniente Ibáñez e Intendente Peña, en barrio Carlos Pellegrini.
En declaraciones anteriores, la madre de Agustina relató que la joven circulaba indefensa cuando fue atacada con un elemento contundente que le provocó heridas gravísimas en la cabeza.
Debido a la magnitud de las lesiones, su estado fue crítico y su supervivencia dependió de una compleja atención médica.
Además del daño ocasionado por el ataque, la familia de Agustina Cuzcueta cuestionó la extensión de los plazos judiciales durante la investigación.
Desde la querella sostuvieron que las demoras acumuladas durante el proceso “constituyen una forma de violencia institucional que afecta directamente a la víctima”.
Asimismo, afirmaron que la prolongación de los tiempos generó “un desgaste adicional y obstaculizó el acceso a una respuesta judicial efectiva”.
Es por ese motivo que consideraron que la fijación de una fecha para el juicio oral “debe realizarse sin nuevas postergaciones”.
En paralelo, el entorno de la menor hizo saber sobre la existencia de una denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de Abogados contra el abogado Adrián Brochero, defensor de uno de los imputados.
La presentación sostiene que existieron conductas de violencia simbólica y mediática hacia la víctima mediante manifestaciones públicas que habrían contribuido a su revictimización.
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