“Fue el comienzo del final”, afirmó uno de los abogados querellantes al salir de la Sala de Usos Multiples, espacio donde se realizó este jueves el juicio abreviado contra Gustavo Saavedra, el primer condenado de la megacausa Generación Zoe.
Las palabras que pronunció el jurista al momento de abandonar la sala bien describen lo que ocurrió puertas adentro. La propia fiscal Juliana Companys, quien lleva la instrucción del caso, se expresó en el mismo sentido: “Esto tiene que servir para que el resto de la población no cometa este tipo de delitos”, afirmó.
La magistrada precisó que la causa acumuló 281 víctimas y que todas esas personas fueron estafadas por una suma aproximada de 3 millones de dólares y 12 millones de pesos.Además, reconoció que los hechos contra Zoe son más de 600.
La audiencia contra Saavedra, acusado por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita en calidad de miembro, no arrojó sorpresas.
El imputado confesó lisa y llanamente los hechos que se le enrostraban y en consecuencia fue condenado a 4 años de prisión, pena que fue acordada por el imputado, su abogado, la fiscal y la parte querellante (el acuerdo de la pena es una de las características del juicio abreviado inicial).
Al momento de pronunciar la última palabra, derecho que en todo juicio se le otorga al detenido, Saavedra dijo sentirse arrepentido y luego se disculpó con los estafados. “Pido perdón a todas las familias”, afirmó.
Concretamente, el imputado, de profesión abogado, reconoció haber trabajado para Zoe, empresa que captaba inversores utilizando el esquema ponzi.
Durante el juicio se dijo que Generación Zoe, mientras estaba en funcionamiento, ofrecía a modo de fachada cursos y formaciones orientadas al coaching; que invitaba a personas a realizar inversiones mínimas de 500 dólares, con la promesa de que recuperarían el 0,7 por ciento mensual; que la empresa motivaba a los inversores a volver y a realizar más entregas de dinero, que para seguir captando gente se realizaban convenciones en lujosos hoteles y se lanzaban publicidades en la televisión, como así también por redes sociales, y que en todos los casos se mencionaba la idea de “libertad financiera”.
También se mencionaron los nombres de todas las personas que están imputadas y detenidas. Se habló de Leonardo Cositorto (el cabecilla), Maximiliano Batista, Héctor Yrimia, Claudio Álvarez y de tantas otras personas más que formaban parte de la organización.
El asesor letrado de Saavedra, Diego Julián, destacó que su defendido “se mostró colaborativo en toda la instrucción” y que “no entorpeció en nada”. Luego aseguró que estando detenido “ha puesto a disposición sus bienes (entregó un automóvil marca Ford Ka y 38 mil pesos en efectivo) y ha continuado capacitándose”.
En otra parte del juicio se manifestaron los abogados querellantes Eduardo Rodríguez, Luciano Ragusa, Luján Costas y Leonel Gómez, quienes adhirieron al pedido de la Fiscalía y mencionaron que seguirán reclamando para que sus defendidos sean resarcidos.
El debate fue presidido por la jueza María Soledad Dottori. En tanto, a cargo de la acusación estuvo la fiscal Juliana Companys.