Seis personas pasaron este jueves por la Cámara del Crimen local para confesar delitos contra la propiedad privada, hechos acaecidos entre 2014 y 2022 tanto en Oliva como en Villa María.
Como los imputados reconocieron su participación en los hechos, el juicio fue abreviado. Al frente de la audiencia estuvo el vocal Félix Martínez, quien resolvió aplicarles condenas efectivas a cuatro de los acusados y penas en suspenso a los dos restantes.
La pena más grave recayó sobre Facundo Nicolás Albornoz (26), un albañil olivense que en sus útimos años estaba viviendo en Villa María, donde personal policial lo arrestó, a mediados de julio del año pasado, por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.
Antes de esa fecha, Albornoz cometió una importante cantidad de delitos, entre los que aparecen hechos de violación de domicilio, robo simple y calificado y tentativa de hurto.
Es por eso que la Justicia le impuso 3 años y 6 meses de prisión, pena que se unificó con otra sentencia para quedar en la pena fija de 5 años.
Uno de los hechos delictivos que confesó Albornoz, precisamente el que tuvo lugar en Villa María, también contó con la participación de otras tres personas, quienes también optaron por confesar.
De esta manera, tanto Bernardo Nicolás Brizuela (24) como Gonzalo Norberto Flores Castro (28) y Luis Sebastián Guillen (28) fueron condenados por la Cámara, recibiendo penas de 3 años y 8 meses, para el primero de los casos, y 2 años para los últimos dos.
Durante la misma audiencia también confesaron Martín Antonio Martínez (36), un albañil oriundo de Oncativo pero con domicilio en esta ciudad, y el olivense Leandro Martín Pericon (36). Ambos fueron declarados culpables y en efecto condenados a 2 y 3 años de prisión en suspenso, respectivamente, motivo por el cual pudieron volver a sus domicilios al cierre del juicio.
Los imputados Albornoz, Flores Castro y Guillen fueron defendidos por la asesora letrada del Tercer Turno Ivana Castoldi. En tanto, los acusados Brizuela y Pericon contaron con el asesoramiento del abogado Manuel Toledo y Martínez, con el patrocinio de Mauro Giovanini.