La causa contra Cositorto por asociación ilícita y estafas seguía en etapa de instrucción al momento de la entrevista
La fiscal de Villa María, Juliana Companys, fue sumariada por presunta falta disciplinaria tras participar del documental de Netflix sobre el caso Generación Zoe, aún en etapa judicial.
Así lo informó el medio provincial La Voz del Interior, al dar a conocer que la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba le abrió un sumario a la magistrada local.
El motivo, según se dijo, guarda relación con la entrevista que concedió Companys para el documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”, producido por Netflix.
La denuncia se basa en que la causa contra Leonardo Cositorto por asociación ilícita y estafas seguía en etapa de instrucción al momento de la entrevista.
Una fuente judicial explicó que la entrevista se realizó cuando la causa había sido elevada a juicio, aunque esa elevación estaba recurrida.
Por lo tanto, no había resolución firme, y se entiende que la fiscal debió abstenerse de realizar declaraciones públicas.
En diciembre de 2023, el Tribunal de Ética Judicial ya había recomendado al TSJ analizar si existía un “remanente disciplinario” en el accionar de Companys.
Esa recomendación derivó en la apertura de una investigación a cargo del secretario de Sumarios Administrativos, Tristán Quiles.
Esta semana, se concluyó que había “elementos suficientes” para iniciar un proceso disciplinario formal contra la fiscal.
En el documental, Companys ofreció detalles precisos sobre la investigación a Cositorto.
Y, por ejemplo, se la escucha afirmar: “Nosotros demostramos el dolo de Cositorto y su banda” y referirse a las capturas internacionales con un tono que fue considerado impropio para el cargo.
Además, relató cómo fue el allanamiento en República Dominicana, donde Cositorto fue detenido.
El TSJ sostiene que la conducta de la fiscal viola normas como el Acuerdo Reglamentario 331/1996, que impide transformar la labor judicial en un espectáculo.
También alude a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que exige preservar la intimidad de los imputados y la eficacia del proceso penal.
El hecho de no haber consultado con el fiscal general, Juan Manuel Delgado, también es motivo de cuestionamiento.
