Llamado de atención para Companys por comunicado contra vocales de la Cámara
El Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba, a través de una resolución que lleva la firma de varios miembros de dicho organismo, entre ellos el de su titular, Armando Andruet, le llamó la atención a la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, por un comunicado que difundió a fines del año pasado contra la Cámara del Crimen local, escrito que en su momento le hizo llegar a este medio y que fue publicado en la edición del 31 de octubre del 2024.
El Tribunal de Ética tomó el caso porque el abogado Guillermo Dragotto, defensor del polémico Leonardo Cositorto, salió a denunciar lo que la fiscal había dicho.
Todo empezó cuando la Cámara del Crimen de Villa María declaró, a fines de octubre del año pasado, la nulidad de la elevación a juicio de la megacausa Generación Zoe.
La resolución no cayó bien en la Fiscalía N° 2 de Villa María, la que tiene a su cargo Companys.
Tras la nulidad, llegó el comunicado de la fiscal cuestionando duramente a los camaristas Félix Martínez, Eve Flores y Edith Lezama.
El escrito, a grandes rasgos, sostenía que la Cámara en lo Criminal actuó “peligrosamente” y con “alevosa arbitrariedad”, con la intención de “dilatar el enjuiciamiento” por motivos “poco claros”.
Estas expresiones fueron consideradas “gravemente agraviantes” por el Tribunal de Ética, que luego de esas palabras también recibió un reclamo de los propios vocales de la Cámara.
Los camaristas Martínez, Flores y Lezama elevaron una nota al Tribunal de Ética en la que manifestaron su malestar por las acusaciones.
Allí, por ejemplo, destacaron que los dichos de la fiscal “pusieron en tela de juicio la integridad moral y la honorabilidad” del tribunal, asegurando además que esta clase de dichos podrían afectar la imagen del Poder Judicial, más aún tratándose de una causa de altísima trascendencia.
En su resolución, el Tribunal de Ética sostuvo que las expresiones de Companys “mostraron un exceso en sus interpretaciones”, presentando además “faltas de prudencia y cortesía en el debido trato”.
El organismo remarcó que, si bien es válido discrepar con un fallo judicial, esas diferencias no pueden plantearse a través de un comunicado de prensa, ya que generan “un manto de duda o sospecha respecto de la honorabilidad de los magistrados”.
También expuso que esas manifestaciones “resultan ofensivas y afectan la convivencia armónica deseable para un mejor servicio de justicia”.
Después de todo lo expuesto, el Tribunal de Ética resolvió formular una recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia para que la fiscal Juliana Companys no vuelva a incurrir en conductas similares.