Comenzó ayer el histórico juicio en el que se intentará desentrañar el funcionamiento de la financiera CBI Cordubensis, cuya sede se ubicaba en un conocido centro de compras de la capital provincial.
Se trata de la primera parte de la causa, que consta en el primer expediente abierto a comienzos de 2014, semanas después que llegara a manos del fiscal Enrique Senestrari una carta que habría escrito Jorge Suau, expresidente de CBI, horas antes de quitarse la vida.
En dicha nota, denunciaba distintas acciones que permitían considerar a CBI como una financiera clandestina, en cuyas operaciones participaban reconocidos empresarios y hombres con conexiones políticas de alto nivel. La repentina salida de algunos de ellos provocó un derrumbe de la misma.
Desde entonces, la instrucción avanzó en distintas etapas. La primera de ellas atañe al funcionamiento propiamente dicho de la firma y tiene a 16 personas como imputadas bajo las figuras de asociación ilícita, lavado de activos, evasión, defraudación por retención indebida e intermediación financiera no autorizada.
La situación más compleja es la de Eduardo Rodrigo, expresidente de la entidad y único detenido hasta el momento. Su testimonio era aguardado en la jornada de hoy. No obstante, su defensa pidió realizar una declaración ampliada, en la que intentará explicar que el accionar de CBI no era delictivo. Por tal razón, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número II, integrado por Jorge Asís, Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier, determinó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.
Los otros imputados, con distinto grado de responsabilidad, son Aldo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Tissera, Oscar Altamirano, Darío Ramonda, Luis de los Santos, Miguel Vera, Jorge Castro, Paula Vettorello, Carina Moreno, Roberto Di Rienzo, Olga Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafián y José María Núñez.
Primera parte
La figura de intermediación financiera no autorizada es aplicada por primera vez en nuestro país. Sobre ese eje han comenzado a discurrir las audiencias, que se extenderán hasta el segundo trimestre del año próximo. Hasta entonces pasarán más de 100 testigos.
Según la acusación, en CBI Cordubensis, firma registrada para ofrecer cajas de seguridad, se realizaban operaciones financieras (principalmente préstamos con intereses) por fuera del circuito legal que regula el Banco Central. Además, se habría operado dinero procedente de lavado de activos.
“Esta ha sido una investigación compleja por la cantidad de aristas: una mesa de dinero, distintos mecanismos de fondeo, distintos aportantes, distintos delitos. E involucra a un montón de gente. No todas están acá. Pero una investigación no se agota hasta que estén todas las personas sospechadas en condiciones de ser juzgadas”, explicó el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la acusación en la causa.
“Acá tenemos todo lo que es la estructura de CBI. Lo primero que se descubrió en esta causa es el delito de intermediación financiera no autorizada, porque la empresa no tiene autorización para operar en el sistema de créditos. Después aparecen las empresas fantasmas constituidas a fin de monetizar los cheques que entraban como uno de los mecanismos de fondeo”, desarrolló el extitular de la Procelac.
Según la propia querella, dichas empresas se constituyeron con objetos sociales que permiten contar con beneficios impositivos. Entre ellos, la exención del impuesto al cheque. Con este ardid habrían evadido millones de pesos.
“Luego empezaron a prestar plata. Los denominados mutuos. Además, el dinero que circula por una mesa puede provenir de actividades delictivas. Así se produce el lavado. Y luego llegan las estafas a inversores, que ponían dinero a plazo fijo. Aunque había elementos que amenazaban la estabilidad de la empresa, siguieron tomando fondos. Hasta que se produjo la corrida que perjudicó a esta gente”, prosiguió Gonella.
Unas 62 personas habrían sido estafadas, según se ha acreditado hasta aquí. Once de ellas se han constituido como querellantes.
Segunda parte
La segunda etapa del juicio podría revelar otros vínculos entre los empresarios y el poder político. El caso más importante podría involucrar a directivos de la empresa Siemens (a cargo de la recaudación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba) con dos exfuncionarios municipales: el exsecretario privado del intendente Mestre, Juan Pablo Ostanelli, y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Díaz Cardeilhac.
Esta denuncia fue motorizada por Luis Juez, quien por entonces no formaba parte de la alianza Juntos por Córdoba. El referente del Frente Cívico pidió al fiscal Enrique Senestrari, quien investigó la causa, que avance sobre el presunto pago de coimas por parte de los empresarios a los funcionarios para permitir que llevaran la recaudación diaria a la mesa de dinero montada en CBI.
Aunque esta segunda etapa podría ir a juicio el próximo año. No obstante, no se descarta que en estas audiencias aparezcan elementos que obliguen a citar a nuevos testigos. Entre ellos, el citado exsenador nacional.
“Esa es una de las patas que se abrieron en su momento, y está caminando. Igual que la participación del personal del Banco Nación que veía entrar cheques y salir efectivo, incumpliendo deberes de prevención de lavados”, dijo Gonella.
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En dicha nota, denunciaba distintas acciones que permitían considerar a CBI como una financiera clandestina, en cuyas operaciones participaban reconocidos empresarios y hombres con conexiones políticas de alto nivel. La repentina salida de algunos de ellos provocó un derrumbe de la misma.
Desde entonces, la instrucción avanzó en distintas etapas. La primera de ellas atañe al funcionamiento propiamente dicho de la firma y tiene a 16 personas como imputadas bajo las figuras de asociación ilícita, lavado de activos, evasión, defraudación por retención indebida e intermediación financiera no autorizada.
La situación más compleja es la de Eduardo Rodrigo, expresidente de la entidad y único detenido hasta el momento. Su testimonio era aguardado en la jornada de hoy. No obstante, su defensa pidió realizar una declaración ampliada, en la que intentará explicar que el accionar de CBI no era delictivo. Por tal razón, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número II, integrado por Jorge Asís, Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier, determinó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.
Los otros imputados, con distinto grado de responsabilidad, son Aldo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Tissera, Oscar Altamirano, Darío Ramonda, Luis de los Santos, Miguel Vera, Jorge Castro, Paula Vettorello, Carina Moreno, Roberto Di Rienzo, Olga Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafián y José María Núñez.
Primera parte
La figura de intermediación financiera no autorizada es aplicada por primera vez en nuestro país. Sobre ese eje han comenzado a discurrir las audiencias, que se extenderán hasta el segundo trimestre del año próximo. Hasta entonces pasarán más de 100 testigos.
Según la acusación, en CBI Cordubensis, firma registrada para ofrecer cajas de seguridad, se realizaban operaciones financieras (principalmente préstamos con intereses) por fuera del circuito legal que regula el Banco Central. Además, se habría operado dinero procedente de lavado de activos.
“Esta ha sido una investigación compleja por la cantidad de aristas: una mesa de dinero, distintos mecanismos de fondeo, distintos aportantes, distintos delitos. E involucra a un montón de gente. No todas están acá. Pero una investigación no se agota hasta que estén todas las personas sospechadas en condiciones de ser juzgadas”, explicó el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la acusación en la causa.
“Acá tenemos todo lo que es la estructura de CBI. Lo primero que se descubrió en esta causa es el delito de intermediación financiera no autorizada, porque la empresa no tiene autorización para operar en el sistema de créditos. Después aparecen las empresas fantasmas constituidas a fin de monetizar los cheques que entraban como uno de los mecanismos de fondeo”, desarrolló el extitular de la Procelac.
Según la propia querella, dichas empresas se constituyeron con objetos sociales que permiten contar con beneficios impositivos. Entre ellos, la exención del impuesto al cheque. Con este ardid habrían evadido millones de pesos.
“Luego empezaron a prestar plata. Los denominados mutuos. Además, el dinero que circula por una mesa puede provenir de actividades delictivas. Así se produce el lavado. Y luego llegan las estafas a inversores, que ponían dinero a plazo fijo. Aunque había elementos que amenazaban la estabilidad de la empresa, siguieron tomando fondos. Hasta que se produjo la corrida que perjudicó a esta gente”, prosiguió Gonella.
Unas 62 personas habrían sido estafadas, según se ha acreditado hasta aquí. Once de ellas se han constituido como querellantes.
Segunda parte
La segunda etapa del juicio podría revelar otros vínculos entre los empresarios y el poder político. El caso más importante podría involucrar a directivos de la empresa Siemens (a cargo de la recaudación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba) con dos exfuncionarios municipales: el exsecretario privado del intendente Mestre, Juan Pablo Ostanelli, y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Díaz Cardeilhac.
Esta denuncia fue motorizada por Luis Juez, quien por entonces no formaba parte de la alianza Juntos por Córdoba. El referente del Frente Cívico pidió al fiscal Enrique Senestrari, quien investigó la causa, que avance sobre el presunto pago de coimas por parte de los empresarios a los funcionarios para permitir que llevaran la recaudación diaria a la mesa de dinero montada en CBI.
Aunque esta segunda etapa podría ir a juicio el próximo año. No obstante, no se descarta que en estas audiencias aparezcan elementos que obliguen a citar a nuevos testigos. Entre ellos, el citado exsenador nacional.
“Esa es una de las patas que se abrieron en su momento, y está caminando. Igual que la participación del personal del Banco Nación que veía entrar cheques y salir efectivo, incumpliendo deberes de prevención de lavados”, dijo Gonella.