El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Martín Farfán, presente semanas atrás en la ciudad para participar de una jornada sobre Derechos Humanos que organizó la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), aprobó la existencia, sanción y reglamentación de la ley N° 27.372, normativa que llegó para sentar derechos y garantías en las víctimas de delitos.
El funcionario provincial, en diálogo con PUNTAL VILLA MARÍA, señaló que “siempre se habló del interno, de sus condenas y de los procesamientos de los culpables”. Y puntualizó: “Lo que hace esta ley es tratar de que la sociedad, los operadores del derecho y las asociaciones pongamos énfasis en lo que ocurre con la víctima del delito”.
Acciones del Ministerio
Esta ley llegaría para equilibrar la balanza, que tiene de un lado a los victimarios y del otro a las víctimas.
Farfán explicó que la Provincia, desde hace 10 años, cuenta con una oficina de asistencia para las víctimas de delitos. Este despacho pertenece a la Secretaría de Justicia, y por ende, al Ministerio.
El referente judicial a nivel provincial sostuvo que realizan acciones permanentemente. “Nosotros tenemos un tratamiento específico para las personas que sufren actos de violencia, con asistencia terapéutica, psicólogos, y asistencia social”, detalló, y añadió: “Incluso tenemos aportes económicos para aquellas personas que no pueden sobrellevar su vida, y que precisan de recursos”.
Poder Judicial
El ministro señaló que cada uno de los poderes del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberían realizar acciones para cumplir con la normativa que aplica para todo el territorio nacional. “Es importante la participación del Poder Judicial”, resaltó.
Farfán concluyó: “El trabajo en el área debe proporcionar no sólo el acceso a la justicia, sino también el acceso a la información en todos los casos”.
Ley N° 27.372
Esta normativa, debatida y analizada desde el programa Justicia 2020, llegó para modificar el paradigma de las personas que atraviesan un delito. Desde el 2017 (año en el que se sancionó y reglamentó la ley) las víctimas de delitos recuperaron el terreno que habían perdido históricamente con los victimarios.
La ley N° 27.372 permite que la víctima, entre otras cosas, pueda participar del proceso aun cuando no se presente como querellante. Además, puede exigir medidas e incluso seguir la investigación como querellante cuando el fiscal decida no continuar con la persecución penal.
En el procedimiento judicial las víctimas pueden asistir a las declaraciones de los testigos y tienen la facultad de hacer preguntas y pedir aclaraciones por medio del fiscal interviniente.
Para la ley, víctima es “la persona ofendida directamente por el delito” y todo “cónyuge, conviviente, padre, hijo, hermano, tutor o guardador”. La norma busca coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Nilda Gómez, madre de uno de los 194 fallecidos en Cromañón y asesora de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en conversación con este medio, aseguró que la víctima adquiere “un rol de participación activa” en los procesos judiciales.
Dentro de la norma nacen además dos instituciones que velan por el cumplimiento de la misma: el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) y el Observatorio de Víctimas de Delitos, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por un lado, Cenavid garantiza que las víctimas reciban asistencia, que no se produzca revictimización y que sean bien tratadas e informadas sobre sus derechos Por otro lado, el Observatorio monitorea la aplicación de las políticas públicas.
Maximiliano Gilla. Redacción Puntal
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Acciones del Ministerio
Esta ley llegaría para equilibrar la balanza, que tiene de un lado a los victimarios y del otro a las víctimas.
Farfán explicó que la Provincia, desde hace 10 años, cuenta con una oficina de asistencia para las víctimas de delitos. Este despacho pertenece a la Secretaría de Justicia, y por ende, al Ministerio.
El referente judicial a nivel provincial sostuvo que realizan acciones permanentemente. “Nosotros tenemos un tratamiento específico para las personas que sufren actos de violencia, con asistencia terapéutica, psicólogos, y asistencia social”, detalló, y añadió: “Incluso tenemos aportes económicos para aquellas personas que no pueden sobrellevar su vida, y que precisan de recursos”.
Poder Judicial
El ministro señaló que cada uno de los poderes del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberían realizar acciones para cumplir con la normativa que aplica para todo el territorio nacional. “Es importante la participación del Poder Judicial”, resaltó.
Farfán concluyó: “El trabajo en el área debe proporcionar no sólo el acceso a la justicia, sino también el acceso a la información en todos los casos”.
Ley N° 27.372
Esta normativa, debatida y analizada desde el programa Justicia 2020, llegó para modificar el paradigma de las personas que atraviesan un delito. Desde el 2017 (año en el que se sancionó y reglamentó la ley) las víctimas de delitos recuperaron el terreno que habían perdido históricamente con los victimarios.
La ley N° 27.372 permite que la víctima, entre otras cosas, pueda participar del proceso aun cuando no se presente como querellante. Además, puede exigir medidas e incluso seguir la investigación como querellante cuando el fiscal decida no continuar con la persecución penal.
En el procedimiento judicial las víctimas pueden asistir a las declaraciones de los testigos y tienen la facultad de hacer preguntas y pedir aclaraciones por medio del fiscal interviniente.
Para la ley, víctima es “la persona ofendida directamente por el delito” y todo “cónyuge, conviviente, padre, hijo, hermano, tutor o guardador”. La norma busca coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Nilda Gómez, madre de uno de los 194 fallecidos en Cromañón y asesora de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en conversación con este medio, aseguró que la víctima adquiere “un rol de participación activa” en los procesos judiciales.
Dentro de la norma nacen además dos instituciones que velan por el cumplimiento de la misma: el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) y el Observatorio de Víctimas de Delitos, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por un lado, Cenavid garantiza que las víctimas reciban asistencia, que no se produzca revictimización y que sean bien tratadas e informadas sobre sus derechos Por otro lado, el Observatorio monitorea la aplicación de las políticas públicas.
Maximiliano Gilla. Redacción Puntal