La jueza federal Maria Carolina Valente do Carmo, de la 5ª Sala Federal Civil de Pará, dictó la medida cautelar tras una presentación del Ministerio Público Federal (MPF). El organismo denunció dificultades logísticas durante la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, por la falta de transporte, combustible y personal que pudiera comunicarse en lenguas indígenas.
La orden establece un plazo de 24 horas para que las autoridades adopten las medidas necesarias. Los traslados deberán organizarse por vía fluvial, terrestre o aérea, según las características de cada comunidad, y deberán incluir alimentos durante el recorrido hasta los centros de votación.
El Gobierno también tendrá que brindar asistencia financiera y logística a los municipios que lo necesiten, incluidos recursos para combustible, vehículos y embarcaciones. La coordinación estará a cargo de distintos organismos, entre ellos la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), la Secretaría de Salud Indígena, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
En los centros electorales que lo requieran, deberán habilitarse intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas para facilitar la comprensión de las instrucciones y garantizar la participación de los votantes.
Al fundamentar su decisión, la magistrada advirtió que las distancias y la falta de medios de transporte pueden impedir el ejercicio efectivo del sufragio. “La distancia geográfica, asociada a la inexistencia de transporte accesible, puede transformar un derecho formalmente reconocido en una prerrogativa materialmente inviable”, sostuvo.
Según el MPF, los inconvenientes registrados durante la primera vuelta afectaron a comunidades de Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará y Pernambuco, entre otros estados.
De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) citados por el organismo, 287.157 indígenas están habilitados para votar en Brasil en 2026, un 84 % más que en las elecciones municipales de 2024.
