La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa otorgó cinco días al fiscal general Rodrigo Cuesta para que dictamine sobre la constitucionalidad del decreto del Gobierno nacional que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión, conocida durante la semana del 17 de noviembre, se produjo en el marco de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La Justicia revisará el financiamiento universitario y los docentes denuncian una fuerte pérdida salarial
El fiscal general tendrá cinco días para dictaminar sobre la suspensión de la ley. Un informe señala que los profesores acumulan una caída del 26,2% en su poder adquisitivo desde 2023


