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Giro en la causa de los sanadores egipcios: la declaran de competencia federal

El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba hizo lugar a una inhibitoria presentada por el abogado defensor de dos de las imputadas en la nombrada causa de la sanación egipcia.

El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba dio lugar a una inhibitoria presentada por Mario Ponce, abogado defensor de Liliana Dariomerlo y Flavia Stefanich, dos de las imputadas en la nombrada causa de la sanación egipcia.

Según da cuenta el sitio CableDigital, la estrategia defensiva consistió en plantear el delito de "trata de personas" y que las acusadas en realidad fueron víctimas de los jefes de la organización, que también permanecen detenidos.

A poco de conocerse la requisitoria a juicio por parte de la fiscal Analía Gallaratto, de Cura Brochero, intervino el Juzgado Federal a cargo del doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, solicitando a la Justicia Provincial que le remitan las actuaciones declarando así la competencia del Juzgado Federal.

Cabe recordar que el doctor Ponce había elevado un pedido a la Justicia Federal para que sea la que intervenga ya que consideraron que en el caso hubo una violación a la ley de Trata, de competencia federal.

Ahora se abren dos caminos: que la fiscal actuante decida remitir la causa al Juzgado Federal, tal cual se solicita; o negarse, con lo cual en este último caso lo resolverá la Corte Suprema de Justicia, quien sigue con el proceso.

El abogado Ponce apuntó a Álvaro Juan Aparicio Díaz (presunto cabecilla de la banda y que se hacía llamar licenciado Ahú Sari Merek) y su esposa como responsables, y calificó de “inentendible” la postura judicial de considerar a todos los involucrados como miembros de la asociación ilícita.

La acusación de la fiscal

El grupo está acusado de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología. La investigación inició en abril de 2021 en base a múltiples denuncias.

Entre los damnificados se encuentran personas que gastaron cifras que van desde los 460 mil pesos y hasta 7 mil dólares, en falsos cursos y terapias de sanación que ofrecían a través de la “Fundación Seshen“.

La banda operaba en varias localidades del interior de Córdoba como Cura Brochero, Mina Clavero o Huinca Renancó.

El abogado querellante, Tomás Aramayo, confirmó el pedido de una reparación por $66.000.000 en nombre de los ocho damnificados que lo perdieron todo y fueron estafados.