Según da cuenta el sitio CableDigital, la estrategia defensiva consistió en plantear el delito de "trata de personas" y que las acusadas en realidad fueron víctimas de los jefes de la organización, que también permanecen detenidos.
A poco de conocerse la requisitoria a juicio por parte de la fiscal Analía Gallaratto, de Cura Brochero, intervino el Juzgado Federal a cargo del doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, solicitando a la Justicia Provincial que le remitan las actuaciones declarando así la competencia del Juzgado Federal.
Cabe recordar que el doctor Ponce había elevado un pedido a la Justicia Federal para que sea la que intervenga ya que consideraron que en el caso hubo una violación a la ley de Trata, de competencia federal.
Ahora se abren dos caminos: que la fiscal actuante decida remitir la causa al Juzgado Federal, tal cual se solicita; o negarse, con lo cual en este último caso lo resolverá la Corte Suprema de Justicia, quien sigue con el proceso.
El abogado Ponce apuntó a Álvaro Juan Aparicio Díaz (presunto cabecilla de la banda y que se hacía llamar licenciado Ahú Sari Merek) y su esposa como responsables, y calificó de “inentendible” la postura judicial de considerar a todos los involucrados como miembros de la asociación ilícita.
La acusación de la fiscal
El grupo está acusado de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología. La investigación inició en abril de 2021 en base a múltiples denuncias.
Entre los damnificados se encuentran personas que gastaron cifras que van desde los 460 mil pesos y hasta 7 mil dólares, en falsos cursos y terapias de sanación que ofrecían a través de la “Fundación Seshen“.
La banda operaba en varias localidades del interior de Córdoba como Cura Brochero, Mina Clavero o Huinca Renancó.
El abogado querellante, Tomás Aramayo, confirmó el pedido de una reparación por $66.000.000 en nombre de los ocho damnificados que lo perdieron todo y fueron estafados.