El Fuero de Lucha contra el Narcotráfico cumplió el 1 de diciembre 6 años en actividad. Su fiscal, Carlos Cornejo, explicó cómo ha sido el proceso y los diversos obstáculos que han atravesado. Lo expuso durante una jornada sobre “Política de drogas en Argentina: cannabis medicinal, narcomenudeo y legislación penal”, realizada en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mediante el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en la provincia y según lo manifestado por el fiscal, ha detectado 650 sentencias en 5 años, en donde el 90 por ciento fueron condenatorias. “Sólo en 2017 hubo 193 sentencias, 291 condenas y 31 absoluciones”, manifestó.
Explicó que los principales delitos son por tenencia con fines de comercialización, comercialización y sus agravantes. Paradójicamente, los agravantes más comunes corresponden a quienes venden sirviéndose de menores y a menores, y las comercializaciones que ocurren cerca de los establecimientos de educación y cerca de los clubes. “Algunos consumidores sólo forman parte de la cadena de tráfico con el objetivo de saciar su vicio o su enfermedad”, declaró.
En cuanto al proceso de desfederalización comentó: “Considero que es un éxito, falta mucho camino por recorrer, no hemos llegado a todos los lugares pero estamos a la altura que nos han reclamado”, sostuvo Cornejo.
El fiscal reveló que respecto a la cocaína se han recuperado 131.517 gramos que equivalen a 263.000 dosis fuera de la calle, y en dinero representan 39 millones de pesos. Por otro lado, en relación a la marihuana fueron 346.741 gramos, que son cerca de 693.000 dosis fuera de la calle y un equivalente a 24 millones de pesos; semillas de cannabis aproximadamente 24 millones de pesos; más de 15.000 unidades en psicofármacos que equivalen a un valor de un millón de pesos y en éxtasis 2.056 unidades, es decir, 308.000 pesos.
El dinero secuestrado asciende a un total de 17 millones, además de 206 armas secuestradas, 1.132 puntos de venta cerrados en la provincia y 45 millones de pesos en estupefacientes que han sido quemados y eliminados de la circulación del narcotráfico. El disertante reveló que lo recaudado en total ronda los 194 millones de pesos.
Desde 2015 a 2018 hubo 11.461 investigaciones, 2.269 allanamientos, a comparación de 2011, año en que la Justicia Federal sólo tenía en trámite 1.242 sumarios.
“La ley prevé que la Nación debe remitir recursos para que esta desfederalización sea viable. Nunca en 6 años la Nación envió un peso, no lo digo como un reclamo, lo digo por todas aquellas provincias que están en proceso de desfederalización y que no deben esperar que la justicia les mande el dinero”, subrayó.
A su vez añadió: "No es un problema de plata, el vecino que viene con un problema no le interesa si es la justicia federal o provincial, le interesa solucionar el problema que tiene en la puerta de su casa o su barrio”.
Cornejo contó que, en principio, había un desacuerdo sobre la desfederalización. “Había gente del Senado que no estaba de acuerdo con desfederalizar”, resaltó. Luego, con la adhesión a la ley, se generó una división entre microtráfico y narcotráfico. Este último quedó bajo el mando federal mientras que el microtráfico y narcomenudeo quedó a cargo de la justicia provincial.
“Las críticas que se hicieron en un primer momento y que después la provincia de Córdoba decidió realizar un diagnóstico y analizar si ese servicio estaba a la altura de lo que la sociedad estaba demandando”, indicó el funcionario. También advirtió que en aquel momento se juzgaba que había una cierta “dispersión de recursos”, y criticaban que la justicia provincial no era “competente”.
Y en consonancia con lo precisado por Cornejo, se entendió que después de todo ese esfuerzo policial que direccionaban en la justicia federal, se encontraban con que había escasez de medios y la misma no les permitía sostener una acción eficaz.
Cornejo manifestó: “Estas instancias desalentaban a la ciudadanía y prácticamente terminaba aceptando que debería convivir con la persona que se dedicaba a este accionar. En aquella época la justicia federal les exigía una innumerable cantidad de controles lo que generó que la misma Policía se fuese relajando porque prácticamente era imposible terminar allanando y dando fin a una investigación”.
Además de los datos aportados, el especialista subrayó que gracias a la desfederalización hubo un aumento de la calidad de las investigaciones y de la cantidad de recursos que la provincia de Córdoba destinó en la lucha contra el narcotráfico, y un mayor acercamiento de la sociedad para denunciar, dado que se creó un sistema de denuncias anónimas con un 0800.
¿Cómo funcionan estos organismos?
El Fuero de Lucha contra el Narcotráfico fue creado por la ley provincial 10.067, que comenzó a regir el 1° de diciembre de 2012. La Provincia de Córdoba se adhirió a las disposiciones de la Ley nacional 23.737 (estupefacientes), en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional 26.052, lo que permite que las provincias puedan asumir, por propia voluntad, la atribución de perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos contenidos en la legislación de estupefacientes.
De esta forma, la justicia provincial asume la competencia —que antes era exclusiva de la Justicia Federal— en la persecución de los hechos vinculados al narcotráfico que signifiquen “el último eslabón de la cadena de comercialización o de venta”. Allí se produce la instancia de desfederalización que separa las actividades para las distintas áreas.
Por otro lado, FPA es un cuerpo profesional especializado que integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
El 4 de mayo de 2015, la FPA fue puesta en marcha y, desde entonces, tiene a su cargo la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala, conocido como “narcomenudeo”.
Cornejo comentó que dicho ente es parte de la ley de seguridad pública y que es la única fuerza de seguridad que no depende ni del Ministerio de Seguridad ni del jefe policial sino del fiscal General, por lo que su máxima autoridad “no depende del gobierno”.
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Explicó que los principales delitos son por tenencia con fines de comercialización, comercialización y sus agravantes. Paradójicamente, los agravantes más comunes corresponden a quienes venden sirviéndose de menores y a menores, y las comercializaciones que ocurren cerca de los establecimientos de educación y cerca de los clubes. “Algunos consumidores sólo forman parte de la cadena de tráfico con el objetivo de saciar su vicio o su enfermedad”, declaró.
En cuanto al proceso de desfederalización comentó: “Considero que es un éxito, falta mucho camino por recorrer, no hemos llegado a todos los lugares pero estamos a la altura que nos han reclamado”, sostuvo Cornejo.
El fiscal reveló que respecto a la cocaína se han recuperado 131.517 gramos que equivalen a 263.000 dosis fuera de la calle, y en dinero representan 39 millones de pesos. Por otro lado, en relación a la marihuana fueron 346.741 gramos, que son cerca de 693.000 dosis fuera de la calle y un equivalente a 24 millones de pesos; semillas de cannabis aproximadamente 24 millones de pesos; más de 15.000 unidades en psicofármacos que equivalen a un valor de un millón de pesos y en éxtasis 2.056 unidades, es decir, 308.000 pesos.
El dinero secuestrado asciende a un total de 17 millones, además de 206 armas secuestradas, 1.132 puntos de venta cerrados en la provincia y 45 millones de pesos en estupefacientes que han sido quemados y eliminados de la circulación del narcotráfico. El disertante reveló que lo recaudado en total ronda los 194 millones de pesos.
Desde 2015 a 2018 hubo 11.461 investigaciones, 2.269 allanamientos, a comparación de 2011, año en que la Justicia Federal sólo tenía en trámite 1.242 sumarios.
“La ley prevé que la Nación debe remitir recursos para que esta desfederalización sea viable. Nunca en 6 años la Nación envió un peso, no lo digo como un reclamo, lo digo por todas aquellas provincias que están en proceso de desfederalización y que no deben esperar que la justicia les mande el dinero”, subrayó.
A su vez añadió: "No es un problema de plata, el vecino que viene con un problema no le interesa si es la justicia federal o provincial, le interesa solucionar el problema que tiene en la puerta de su casa o su barrio”.
Cornejo contó que, en principio, había un desacuerdo sobre la desfederalización. “Había gente del Senado que no estaba de acuerdo con desfederalizar”, resaltó. Luego, con la adhesión a la ley, se generó una división entre microtráfico y narcotráfico. Este último quedó bajo el mando federal mientras que el microtráfico y narcomenudeo quedó a cargo de la justicia provincial.
“Las críticas que se hicieron en un primer momento y que después la provincia de Córdoba decidió realizar un diagnóstico y analizar si ese servicio estaba a la altura de lo que la sociedad estaba demandando”, indicó el funcionario. También advirtió que en aquel momento se juzgaba que había una cierta “dispersión de recursos”, y criticaban que la justicia provincial no era “competente”.
Y en consonancia con lo precisado por Cornejo, se entendió que después de todo ese esfuerzo policial que direccionaban en la justicia federal, se encontraban con que había escasez de medios y la misma no les permitía sostener una acción eficaz.
Cornejo manifestó: “Estas instancias desalentaban a la ciudadanía y prácticamente terminaba aceptando que debería convivir con la persona que se dedicaba a este accionar. En aquella época la justicia federal les exigía una innumerable cantidad de controles lo que generó que la misma Policía se fuese relajando porque prácticamente era imposible terminar allanando y dando fin a una investigación”.
Además de los datos aportados, el especialista subrayó que gracias a la desfederalización hubo un aumento de la calidad de las investigaciones y de la cantidad de recursos que la provincia de Córdoba destinó en la lucha contra el narcotráfico, y un mayor acercamiento de la sociedad para denunciar, dado que se creó un sistema de denuncias anónimas con un 0800.
¿Cómo funcionan estos organismos?
El Fuero de Lucha contra el Narcotráfico fue creado por la ley provincial 10.067, que comenzó a regir el 1° de diciembre de 2012. La Provincia de Córdoba se adhirió a las disposiciones de la Ley nacional 23.737 (estupefacientes), en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional 26.052, lo que permite que las provincias puedan asumir, por propia voluntad, la atribución de perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos contenidos en la legislación de estupefacientes.
De esta forma, la justicia provincial asume la competencia —que antes era exclusiva de la Justicia Federal— en la persecución de los hechos vinculados al narcotráfico que signifiquen “el último eslabón de la cadena de comercialización o de venta”. Allí se produce la instancia de desfederalización que separa las actividades para las distintas áreas.
Por otro lado, FPA es un cuerpo profesional especializado que integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
El 4 de mayo de 2015, la FPA fue puesta en marcha y, desde entonces, tiene a su cargo la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala, conocido como “narcomenudeo”.
Cornejo comentó que dicho ente es parte de la ley de seguridad pública y que es la única fuerza de seguridad que no depende ni del Ministerio de Seguridad ni del jefe policial sino del fiscal General, por lo que su máxima autoridad “no depende del gobierno”.