Del uso al abuso de la Constitución, una práctica que remite a la tiranía
Por Héctor Olivares (Diputado nacional - UCR-La Rioja)
La Constitución riojana toma como primer mandato de un dirigente el que lleve a cabo como gobernador o como vicegobernador. Sergio Casas fue compañero de fórmula de Luis Beder Herrera y luego lo sucedió en el cargo. Como está impedido, acompañado por un grupo de amanuenses, se propuso corromper la carta magna de la provincia.
La convocatoria a la consulta popular está viciada de nulidad y de procedimiento. El llamado a la sesión extraordinaria para aprobar la enmienda fue realizado por la vicepresidenta primera de la Legislatura provincial Adriana Olima, quien fue denunciada por usurpación de títulos y abuso de autoridad. La fecha elegida para la consulta también fue inconstitucional, ya que debía tener lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice.
Frente a esta situación nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes.
El tribunal determinó, por mayoría, con la disidencia del doctor Carlos Rosenkrantz, que el planteo era prematuro porque todavía no había caso, pero lo importante es que no convalidó el atropello institucional y dejó las puertas abiertas para que se lo cuestionara.
Ampliamos la denuncia ante la Corte y advertimos que se preparaba un "fraude gigantesco".
Por ejemplo, el Tribunal Electoral de la provincia determinó que sólo estarían disponibles las boletas provistas por la Justicia Electoral, cuyo control está en manos de Casas. La consulta popular se convocó con apenas un mes de antelación, cuando la ley establece que el llamado debe realizarse 90 días antes. No se actualizaron los padrones y más de siete mil jóvenes no pudieron participar. Los fiscales partidarios no pudieron ingresar en el cuarto oscuro ni intervenir en la supervisión de las papeletas, y las habituales prácticas oficialistas de clientelismo y dádivas volvieron a aparecer.
Finalmente, la consulta se realizó con una baja participación popular, alrededor del 40 por ciento del padrón. El “sí” obtuvo poco más del 22 por ciento y el “no” el 18 por ciento del total de votantes habilitados. Es decir, ocho de cada diez riojanos le han dado la espalda a esta enmienda, cuando las reformas constitucionales requieren amplios consensos: a mayor jerarquía de una norma mayores requisitos para su aprobación.
La Constitución dice que toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba, pero al mejor estilo del dictador venezolano Nicolás Maduro, Casas pretende invertir el sentido del artículo y para él, la reforma es válida salvo que la rechace más del 35 por ciento de los electores inscriptos.
La estrategia que Cambiemos denunció oportunamente quedó crudamente expuesta por uno de los “habituales voceros” de Casas, el diputado Lázaro Fuenzalida, quien admitió que el oficialismo impulsó la consulta popular en enero porque habría poca gente para votar y sería más difícil que se impusiera el "No".
Lo grave es que esta maniobra fue hecha con la complicidad del oficialismo y el fiscal de Estado de La Rioja: para ellos, “es de vivos” violar el orden jurídico.
Aunque no admita la derrota, Casas perdió, y aunque convoque a reformas y elecciones exprés, carece de toda legitimidad, porque quienes dinamitan las instituciones de una república se convierten en dictadores.
Agotaremos la instancia judicial local, aunque sabemos que es un apéndice del gobierno provincial y van a “cajonear” el expediente, a la espera de que se adelanten las elecciones y el tema quede en abstracto. Vamos a ir al fuero federal e insistiremos ante la Corte Suprema de Justicia, porque cuando se pasa del “uso al abuso” del texto constitucional, nos convertimos en tiranía.
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La convocatoria a la consulta popular está viciada de nulidad y de procedimiento. El llamado a la sesión extraordinaria para aprobar la enmienda fue realizado por la vicepresidenta primera de la Legislatura provincial Adriana Olima, quien fue denunciada por usurpación de títulos y abuso de autoridad. La fecha elegida para la consulta también fue inconstitucional, ya que debía tener lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice.
Frente a esta situación nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes.
El tribunal determinó, por mayoría, con la disidencia del doctor Carlos Rosenkrantz, que el planteo era prematuro porque todavía no había caso, pero lo importante es que no convalidó el atropello institucional y dejó las puertas abiertas para que se lo cuestionara.
Ampliamos la denuncia ante la Corte y advertimos que se preparaba un "fraude gigantesco".
Por ejemplo, el Tribunal Electoral de la provincia determinó que sólo estarían disponibles las boletas provistas por la Justicia Electoral, cuyo control está en manos de Casas. La consulta popular se convocó con apenas un mes de antelación, cuando la ley establece que el llamado debe realizarse 90 días antes. No se actualizaron los padrones y más de siete mil jóvenes no pudieron participar. Los fiscales partidarios no pudieron ingresar en el cuarto oscuro ni intervenir en la supervisión de las papeletas, y las habituales prácticas oficialistas de clientelismo y dádivas volvieron a aparecer.
Finalmente, la consulta se realizó con una baja participación popular, alrededor del 40 por ciento del padrón. El “sí” obtuvo poco más del 22 por ciento y el “no” el 18 por ciento del total de votantes habilitados. Es decir, ocho de cada diez riojanos le han dado la espalda a esta enmienda, cuando las reformas constitucionales requieren amplios consensos: a mayor jerarquía de una norma mayores requisitos para su aprobación.
La Constitución dice que toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba, pero al mejor estilo del dictador venezolano Nicolás Maduro, Casas pretende invertir el sentido del artículo y para él, la reforma es válida salvo que la rechace más del 35 por ciento de los electores inscriptos.
La estrategia que Cambiemos denunció oportunamente quedó crudamente expuesta por uno de los “habituales voceros” de Casas, el diputado Lázaro Fuenzalida, quien admitió que el oficialismo impulsó la consulta popular en enero porque habría poca gente para votar y sería más difícil que se impusiera el "No".
Lo grave es que esta maniobra fue hecha con la complicidad del oficialismo y el fiscal de Estado de La Rioja: para ellos, “es de vivos” violar el orden jurídico.
Aunque no admita la derrota, Casas perdió, y aunque convoque a reformas y elecciones exprés, carece de toda legitimidad, porque quienes dinamitan las instituciones de una república se convierten en dictadores.
Agotaremos la instancia judicial local, aunque sabemos que es un apéndice del gobierno provincial y van a “cajonear” el expediente, a la espera de que se adelanten las elecciones y el tema quede en abstracto. Vamos a ir al fuero federal e insistiremos ante la Corte Suprema de Justicia, porque cuando se pasa del “uso al abuso” del texto constitucional, nos convertimos en tiranía.