El removido presidente de la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices reclamó la intervención de la Provincia, a través de la Subsecretraría de Cooperativas y Mutuales. Cristian Fernández se presentó en la redacción de PUNTAL VILLA MARÍA con documentación respaldatoria que refleja que dicho organismo declaró “irregular e ineficaz a los efectos administrativos la asamblea celebrada por la Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Limitada” realizada el 17 de octubre de 2017, en la que Fernández fue depuesto por decisión de algunos socios de la entidad.
De hecho, el escrito –fechado el 11 de mayo del corriente año- emplaza “a la cooperativa de autos para que en el plazo de 45 días a partir de la notificación del acto administrativo convoque a asamblea a los fines de tratar nuevamente los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria a la asamblea preludida”. Ante ello, Fernández solicitó que la Provincia haga cumplir la resolución dictada, a punto tal que aclaró que su interés no es dirigir nuevamente la entidad, sino cumplimentar los trámites administrativos que la legislación obliga.
En la charla con este medio fue acompañado por otro socio, Víctor Mario Gutiérrez. Fernández detalló que el pasado 17 de octubre de 2017 se realizó la asamblea, “que se lleva a cabo con la convocatoria de los 5 puntos tradicionales. Se renovaba un tercio del consejo y mientras se desarrollaba normalmente, ya en el punto 3 donde se hace la presentación de la rendición económica, un asociado genera una moción en la que pide la remoción completa del consejo. A la moción la consideramos fuera de orden. Se presentó un balance con superávit de 2,8 millones de pesos y la moción fue que nos fuéramos todos porque en la calle se dice que estamos haciendo mal las cosas”.
Resaltó que “para ese asociado, que es Eduardo Chini, quedaba mal la institución”. Gutiérrez se sumó a la charla y recordó que apoyé esa moción. “La asamblea –asistieron 239 asociados de los más de 2 mil que tiene la entidad- se tornó fervorosa, y por mayoría se aceptó la moción. Como estaba presidiendo la asamblea, al ser destituido no puedo dirigir más la asamblea. Lo que se debería haber hecho es un cuarto intermedio. El asesor letrado explicó la situación de que la asamblea no podía continuar”, dijo.
Fernández mencionó que la asamblea “continuó siendo dirigida por los candidatos que supuestamente iban a entrar, de una lista que estaba presentada pero que todavía no se había tratado”. El consejo está compuesto por 12 personas, de las cuales se removían 7 cargos, “4 por el tercio de los 12, y relevar a 3 que habían renunciado anteriormente”.
Incluso, “una socia mocionó que vuelvan 3 de los socios que habían sido removidos”. La asamblea continuó, relató Fernández, completándose “una lista con gente que había ahí. Uno se levantó y dio por concluida la asamblea, cuando en realidad se estaba tratando el punto 3, se aceptó el balance, pero restaban los puntos 4, que hace valedera la lista presentada, y el 5, que es la distribución de excedentes, o se capitaliza o se distribuye entre los asociados. Ambos puntos quedaron inconclusos”.
La resolución
Ante lo ocurrido, Fernández realizó la denuncia en la Subsecretaría de Mutuales y Cooperativas, días posteriores a la asamblea. Tras analizar la documentación presentada, resolvió declararla “irregular e ineficaz. En un punto incluso dice que se colige que las autoridades resultantes de la elección efectuada en la asamblea como consecuencia de esa remoción, deberán cesar como tales, y retrotraerse al estado de la misma de la convocatoria de la asamblea”.
La resolución fue el 11 de mayo de 2018, y la notificación “me llegó el 14 de mayo. Ese mismo día me presenté con una escribana en la Cooperativa, para hacerme cargo junto a los demás consejeros. Teníamos que volver y convocar urgente a asamblea. En ese acto, se negaron a salir y dijeron que iban a utilizar un recurso para pedir una reconsideración de la medida que tomó la secretaría, que demoraba 5 días”.
“Pero hasta el día de la fecha burlaron lo que dictó la Provincia. Los responsables legales de la institución somos los concejeros que estábamos antes, y esa es mi insistencia a pedir que se hagan bien las cosas”, precisó. Consultado sobre si realizaron alguna presentación en la Justicia, lo descartó: “Queremos cumplimentar por medio de la secretaría la resolución. Elevamos toda la documentación al Inaes, que sugiere generar una intervención, y no queremos llegar a eso porque es dañino. La Cooperativa está formada para revender energía eléctrica, pero además se secunda eso con servicios que las empresas grandes no prestan en los pueblos, como telefonía fija, internet, servicios sociales. Al momento de la intervención, el responsable se va a preocupar por la energía, y todos los otros servicios se caen”.
Ante el incumplimiento de la resolución, Fernández regresó a la Provincia para renovar el reclamo, e incluso el pasado 8 de agosto presentó un “pronto despacho” para que “hagan valer lo que dictaron”. La Cooperativa sigue funcionando, pero “lo que me preocupa es que el Estatuto dice que cuando uno se hace responsable de una institución, y genera algún movimiento malo, puntualmente en lo financiero, los responsables directos son los consejeros que figuran en lo legal, y que debemos responder con nuestros bienes personales”.
Daniel Brusa. Redacción Puntal Villa María
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En la charla con este medio fue acompañado por otro socio, Víctor Mario Gutiérrez. Fernández detalló que el pasado 17 de octubre de 2017 se realizó la asamblea, “que se lleva a cabo con la convocatoria de los 5 puntos tradicionales. Se renovaba un tercio del consejo y mientras se desarrollaba normalmente, ya en el punto 3 donde se hace la presentación de la rendición económica, un asociado genera una moción en la que pide la remoción completa del consejo. A la moción la consideramos fuera de orden. Se presentó un balance con superávit de 2,8 millones de pesos y la moción fue que nos fuéramos todos porque en la calle se dice que estamos haciendo mal las cosas”.
Resaltó que “para ese asociado, que es Eduardo Chini, quedaba mal la institución”. Gutiérrez se sumó a la charla y recordó que apoyé esa moción. “La asamblea –asistieron 239 asociados de los más de 2 mil que tiene la entidad- se tornó fervorosa, y por mayoría se aceptó la moción. Como estaba presidiendo la asamblea, al ser destituido no puedo dirigir más la asamblea. Lo que se debería haber hecho es un cuarto intermedio. El asesor letrado explicó la situación de que la asamblea no podía continuar”, dijo.
Fernández mencionó que la asamblea “continuó siendo dirigida por los candidatos que supuestamente iban a entrar, de una lista que estaba presentada pero que todavía no se había tratado”. El consejo está compuesto por 12 personas, de las cuales se removían 7 cargos, “4 por el tercio de los 12, y relevar a 3 que habían renunciado anteriormente”.
Incluso, “una socia mocionó que vuelvan 3 de los socios que habían sido removidos”. La asamblea continuó, relató Fernández, completándose “una lista con gente que había ahí. Uno se levantó y dio por concluida la asamblea, cuando en realidad se estaba tratando el punto 3, se aceptó el balance, pero restaban los puntos 4, que hace valedera la lista presentada, y el 5, que es la distribución de excedentes, o se capitaliza o se distribuye entre los asociados. Ambos puntos quedaron inconclusos”.
La resolución
Ante lo ocurrido, Fernández realizó la denuncia en la Subsecretaría de Mutuales y Cooperativas, días posteriores a la asamblea. Tras analizar la documentación presentada, resolvió declararla “irregular e ineficaz. En un punto incluso dice que se colige que las autoridades resultantes de la elección efectuada en la asamblea como consecuencia de esa remoción, deberán cesar como tales, y retrotraerse al estado de la misma de la convocatoria de la asamblea”.
La resolución fue el 11 de mayo de 2018, y la notificación “me llegó el 14 de mayo. Ese mismo día me presenté con una escribana en la Cooperativa, para hacerme cargo junto a los demás consejeros. Teníamos que volver y convocar urgente a asamblea. En ese acto, se negaron a salir y dijeron que iban a utilizar un recurso para pedir una reconsideración de la medida que tomó la secretaría, que demoraba 5 días”.
“Pero hasta el día de la fecha burlaron lo que dictó la Provincia. Los responsables legales de la institución somos los concejeros que estábamos antes, y esa es mi insistencia a pedir que se hagan bien las cosas”, precisó. Consultado sobre si realizaron alguna presentación en la Justicia, lo descartó: “Queremos cumplimentar por medio de la secretaría la resolución. Elevamos toda la documentación al Inaes, que sugiere generar una intervención, y no queremos llegar a eso porque es dañino. La Cooperativa está formada para revender energía eléctrica, pero además se secunda eso con servicios que las empresas grandes no prestan en los pueblos, como telefonía fija, internet, servicios sociales. Al momento de la intervención, el responsable se va a preocupar por la energía, y todos los otros servicios se caen”.
Ante el incumplimiento de la resolución, Fernández regresó a la Provincia para renovar el reclamo, e incluso el pasado 8 de agosto presentó un “pronto despacho” para que “hagan valer lo que dictaron”. La Cooperativa sigue funcionando, pero “lo que me preocupa es que el Estatuto dice que cuando uno se hace responsable de una institución, y genera algún movimiento malo, puntualmente en lo financiero, los responsables directos son los consejeros que figuran en lo legal, y que debemos responder con nuestros bienes personales”.
Daniel Brusa. Redacción Puntal Villa María