La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó ayer que "no hay indicios" de que el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, "haya ejercido una influencia indebida" sobre miembros del Poder Judicial a favor de Farmacity y aseguró que el funcionario "no ocultó información" sobre su participación accionaria en la empresa.
"Nosotros analizamos todas las situaciones del gabinete, pasaron todos los ministros. Respecto de la situación vigente, Quintana no tiene injerencia en el Poder Judicial ni asuntos en la provincia de Buenos Aires. En el marco de la ley de ética pública, no hemos encontrado ninguna desviación", sostuvo Alonso en declaraciones a Radio La Red.
La funcionaria negó así el informe del programa "Periodismo para todos", de Jorge Lanata, en el que se acusó a Quintana de presionar en la Justicia y la provincia de Buenos Aires a favor de la cadena que fundó, al tiempo que reveló que el secretario mantiene poder de decisión sobre la compañía pese al desprendimiento de acciones.
"No hay indicios de que él haya ejercido una influencia indebida sobre un miembro judicial, ni del Ministerio Público, ni como funcionario ni anteriormente", agregó Alonso en referencia a la situación de Quintana con respecto a un proceso judicial que protagoniza la compañía Farmacity en Buenos Aires y remarcó que su tenencia accionaria de la firma farmacéutica fue declarada ante su organismo.
Además, remarcó: "Cuando vos ves Ciccone, te das cuenta cómo Amado Boudou hizo maniobras para beneficiarse, maniobras de corrupción. En el caso de Quintana no se pone bajo sospecha su actuación. No se ha detectado ninguna situación que pueda poner bajo sospecha penal al vicejefe de Gabinete".
"Mario Quintana no ocultó información, la que no está no debía darla. Hoy con la ley de ética pública no se obliga a los funcionarios a vender su empresa, por eso en el caso de Juan José Aranguren se recomendó que venda las acciones de Shell, pero no se lo puede obligar", insistió.
La semana pasada, en medio de la polémica por el informe periodístico, el vicejefe de Gabinete confirmó que había puesto en venta las acciones que aún conserva de la cadena Farmacity y aclaró que no ejerce el derecho a voto en la compañía porque desde que asumió en la función pública en diciembre de 2015 se lo "cedió" a sus socios.
Quintana señaló a su vez que el valor estimado de la compañía es de "entre 400 y 500 millones de dólares", por lo que el 3 por ciento de las acciones que él conserva en su poder serían vendidas "en los próximos 30 días" en alrededor de 15 millones de dólares.
El funcionario confirmó que aún conserva el 3 por ciento de las acciones de la compañía, con el 43 por ciento de los votos, lo cual no le permite tener el control: "A partir del día que asumí no tome ninguna decisión ni tuve ninguna influencia en Farmacity", insistió.
La Justicia federal ya recibió una denuncia contra Quintana para que se lo investigue por presunta incompatibilidad de funciones luego de que se difundiera en el programa periodístico de Lanata que sus acciones en Farmacity representaban un 53 por ciento en los votos, lo que le permitía mantener una fuerte incidencia en el control de la cadena de farmacias.
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La funcionaria negó así el informe del programa "Periodismo para todos", de Jorge Lanata, en el que se acusó a Quintana de presionar en la Justicia y la provincia de Buenos Aires a favor de la cadena que fundó, al tiempo que reveló que el secretario mantiene poder de decisión sobre la compañía pese al desprendimiento de acciones.
"No hay indicios de que él haya ejercido una influencia indebida sobre un miembro judicial, ni del Ministerio Público, ni como funcionario ni anteriormente", agregó Alonso en referencia a la situación de Quintana con respecto a un proceso judicial que protagoniza la compañía Farmacity en Buenos Aires y remarcó que su tenencia accionaria de la firma farmacéutica fue declarada ante su organismo.
Además, remarcó: "Cuando vos ves Ciccone, te das cuenta cómo Amado Boudou hizo maniobras para beneficiarse, maniobras de corrupción. En el caso de Quintana no se pone bajo sospecha su actuación. No se ha detectado ninguna situación que pueda poner bajo sospecha penal al vicejefe de Gabinete".
"Mario Quintana no ocultó información, la que no está no debía darla. Hoy con la ley de ética pública no se obliga a los funcionarios a vender su empresa, por eso en el caso de Juan José Aranguren se recomendó que venda las acciones de Shell, pero no se lo puede obligar", insistió.
La semana pasada, en medio de la polémica por el informe periodístico, el vicejefe de Gabinete confirmó que había puesto en venta las acciones que aún conserva de la cadena Farmacity y aclaró que no ejerce el derecho a voto en la compañía porque desde que asumió en la función pública en diciembre de 2015 se lo "cedió" a sus socios.
Quintana señaló a su vez que el valor estimado de la compañía es de "entre 400 y 500 millones de dólares", por lo que el 3 por ciento de las acciones que él conserva en su poder serían vendidas "en los próximos 30 días" en alrededor de 15 millones de dólares.
El funcionario confirmó que aún conserva el 3 por ciento de las acciones de la compañía, con el 43 por ciento de los votos, lo cual no le permite tener el control: "A partir del día que asumí no tome ninguna decisión ni tuve ninguna influencia en Farmacity", insistió.
La Justicia federal ya recibió una denuncia contra Quintana para que se lo investigue por presunta incompatibilidad de funciones luego de que se difundiera en el programa periodístico de Lanata que sus acciones en Farmacity representaban un 53 por ciento en los votos, lo que le permitía mantener una fuerte incidencia en el control de la cadena de farmacias.